El PP sanciona a Álvarez de Toledo con una multa de 500 euros

El Consejo de Dirección del Grupo Popular resolvió ayer, al amparo de los estatutos del partido, sancionar con una multa de 500€ a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo por «no respetar la línea política» y romper, el pasado 11 de noviembre, la disciplina de voto.

Según la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, tras haber examinado, por parte del Instructor designado el escrito de alegaciones que presentó la que exportavoz del Grupo Popular y, tras valorar las pruebas aportadas en relación con su expediente sancionador, se le ha comunicado finalmente que se había acordado su sanción.

Dicha resolución aún tiene posibilidad de recurso según lo establecido en el artículo 33 de los vigentes Estatutos del partido, para lo que dispone ahora de 7 días naturales.De no presentarse dicho recurso en ese plazo, «la resolución será considerada firme» y, por tanto, se debe hacer efectiva la sanción impuesta.

En el escrito de alegaciones que presentó Álvarez de Toledo el pasado 10 de diciembre ratificaba las declaraciones que hizo en una entrevista en El Mundo, el pasado día 14 de noviembre, donde señalaba que había votado en blanco a la renovación del Tribunal Constitucional, ya que consideraba que se trataba de un «reparto de cromos», un «espectáculo desolador» al tiempo que lo veía «contraproducente para el PP» y lo consideraba autoimpugnatorio. «Uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, sin embargo, participar en una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional», sentenció entonces.

La diputada del PP, según destaca el Instructor designado que ha llevado dicho expediente, admitió expresamente el hecho de haber cometido la infracción ya que, además, «en ningún caso niega ni aporta pruebas contradictorias frente al hecho objetivo de que cometió una infracción tipificada en los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular, de obligado cumplimiento para todos los diputados». Además, alega para imponer dicha sanción que, Álvarez de Toledo «conocía que la Dirección del Grupo había comunicado a todos los diputados el sentido del voto, que no era en blanco. De hecho, con anterioridad, los candidatos que contaban con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, comparecieron en la Comisión de Nombramientos, sin que constara» quela diputada del PP tenía alguna oposición al respecto. Asimismo, apunta que, en ningún caso, la apertura de este expediente «vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular» como argumentó Álvarez de Toledo, sino que es «una consecuencia expresamente contemplada en los Estatutos».

También el expediente sancionador tumba los argumentos esgrimidos por la diputada del PP de que se hubiera incurrido en un “defecto de forma” ya que la “trascendencia en orden a la nulidad de las actuaciones, serían aquellos calificados como sustantivos porque podrían provocar indefensión material, único límite de una posible notificación defectuosa, algo que, es obvio, no se produce en este caso en absoluto” ya que, subrayan, “se le han comunicado los hechos que incurren en la posible infracción, el artículo de los Estatutos a aplicar, el Instructor designado y se le ofrece el plazo de 10 días para presentar alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que considere oportunas”, como así hizo.

Asimismo, destaca dicha resolución que “llama poderosamente la atención” en sus motivos para romper con esa disciplina de voto el hecho de que Álvarez de Toledo reclame ahora una “coherencia ideológica” que en el pasado no reclamó. Recuerdan que, siendo diputada en la X Legislatura, en la sesión plenaria celebrada el 17 de julio de 2012 se votó la propuesta de nombramiento de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional -que ahora se han renovado-, y “en ningún momento mostró criterio distinto a la línea política marcada por la Dirección del Grupo. Como tampoco mostró su disconformidad cuando en el Pleno de 26 de noviembre de 2013, se procedió a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas”, apuntan.