El Gobierno rechaza una autoridad independiente para los fondos

Se opone a la propuesta que el PP plantea desde hace meses para controlar el reparto del dinero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del patronato de la Fundación Carolina
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del patronato de la Fundación Carolina FOTO: Javier Lizon EFE

Moncloa no tiene en sus planes la creación de una autoridad independiente que vigile el reparto de los fondos europeos, como pide el Partido Popular, que incluso registró una propuesta de ley para evitar la falta de transparencia que según el partido se está produciendo en torno al reparto a las comunidades. El Gobierno defiende que ya existe un mecanismo de control. «Cada tres meses Europa lo controla», aseguran fuentes gubernamentales que inciden en que se trata del mismo control al que se someten el resto de países europeos. Además, explican, se llevan a cabo videoconferencias rutinarias en este sentido. «El diálogo es permanente con la Comisión Europea», respaldan. Ironizan, de hecho, con que sea adecuado que una autoridad independiente pueda fiscalizar 70.000 millones de euros, que es la cifra total de los fondos europeos.

La ofensiva de los populares ante sus críticas por al falta de control en los fondos europeos, así como por su baja ejecución ha obligado a Moncloa a detallar este reparto de manera detallada. Y es que la práctica totalidad de barones autonómicos del PP han salido a denunciar un presunto uso «partidista» de los mismos y a anunciar la posibilidad de presentar acciones legales como ya hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante esta respuesta desde la capital, el Ejecutivo se confiesa «tranquilo» argumentando que la ejecución de los fondos se ha llevado a cabo «con total transparencia» y «cumpliendo estrictamente la legalidad». Niegan que exista «sesgo político» en el reparto, como denuncia la presidenta regional.

El Ejecutivo trata de desactivar a los populares y anuncian la publicación de un mapa interactivo que estará listo, con toda probabilidad, hoy. En él se detallará el dinero recibido por cada territorio. Un plan que desde Moncloa se defiende que se encontraba preparado desde hace semanas pero que ha sufrido retrasos por las vacaciones navideñas.

Ante la decisión del PP de elevar a Europa su ofensiva judicial por «premiar a las autonomías gobernadas por el PSOE» mientras que se «castiga» a las gestionadas por el PP, el Gobierno niega la mayor y, además de descartar cambios en la cogobernanza de los fondos europeos, detalla las comunidades que más fondos han recibido. Lo hace, además, para tratar de acallar la polémica generada por esta misma cuestión. Por este orden, Andalucía, con 1.916 millones, seguida de Cataluña (1.579 millones); la Comunidad de Madrid (1.213 millones); la Comunidad Valenciana (1.055); Castilla y León (742 millones) y Galicia (681 millones). Así, desde Moncloa despachan el asunto recalcando que «la primera es Andalucía, y cuatro de las seis primeras (con más fondos) están gobernadas por el PP». Así, descartan «discrecionalidad política» o «sesgo a la hora de repartir los fondos», según las mismas fuentes que recuerdan que el reparto se hizo en hasta 60 conferencias sectoriales «sin ningún voto en contra». Según los datos del reparto de fondos, el Gobierno ha transferido un total de 11.246 millones de euros del ejercicio presupuestario de 2021. Además, hay 1.060 millones más a demanda de las comunidades autónomas por lo que la cantidad podría superar los 12.000 en 2021, es decir casi el 50% de los 24.000 millones presupuestados para el año en los PGE.

De cara a 2022, el Gobierno fía los siguientes envíos de dinero procedentes de Europa a cumplir con los hitos fijados. Es por ello que apremia al resto de partidos para que apoyen su agenda legislativa con el fin de que llegar al calendario de pagos establecido correspondiente al segundo semestre, cuando Europa repartirá los 12.000 millones de euros. Así, para mantener esta senda, el Ejecutivo se fija como meta los siguientes hitos: la culminación de la ley de formación profesional, la ley audiovisual, la modificación de la ley de ciencia o la ley de fraude fiscal. Desde el Gobierno se sienten optimistas en este sentido para alcanzar estas metas.