Cumbre Sánchez-Omella: 2.575 errores de Moncloa

Hasta 2.575 errores ha detectado la Iglesia en el informe del Ministerio de Justicia que buscaba encontrar irregularidades en los bienes inmatriculados entre 1998 y 2005, durante la reforma de la ley hipotecaria de Aznar. Tal y como confirmado LA RAZÓN, la Conferencia Episcopal Española ha cotejado uno a uno hasta en tres ocasiones los 34.976 registros que el Gobierno incluyó como propiedades eclesiásticas en aquel listado que publicó hace un año y en el que no encontró una sola irregularidad. Sin embargo, en una auditoría interna de 186 páginas, los obispos han verificado a través de las 70 diócesis la existencia únicamente de 32.401 propiedades inmatriculadas en la era Aznar.

En total, 1.138 bienes que el Ejecutivo adjudicaba a la Iglesia como dueña y señora, no le pertenecen. Así se lo explicó ayer el presidente del Episcopado, Juan José Omella al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en su primera cumbre bilateral que, por expreso deseo del líder socialista, tuvo lugar en la Sede de la Conferencia Episcopal Española. No significa que la Iglesia tenga que devolver al Estado unos bienes que se habría agenciado de forma fraudulenta, sino que directamente nunca fueron suyos ni los declaró. Simplemente se tratan de gazapos no detectados por el departamento que ahora dirige Pilar Llop.

Hay quien da por hecho que la visita del mandatario vendrá a ser un gesto de agradecimiento por la transparencia y ‘fair play’ eclesial. Y es que lejos de quedarse satisfechos cuando en febrero de 2021, el Ejecutivo admitió que no había encontrado mancha en el expediente inmatriculador, los obispos decidieron emprender este ‘fact-checking’ en el marco de la comisión mixta creada previamente por Moncloa y el Episcopado.

«Ha sido un momento de acercamiento para colaborar», exponía ayer el cardenal arzobispo de Barcelona tras su cita con Sánchez, obviando esta cuestión y teniendo la mano en aras de trabajar «para el bien común de la sociedad española». Tampoco el secretario general de los obispos, Luis Argüello, metió el dedo en la llaga de Justicia. «Hemos logrado culminar y hemos entregado al presidente un volumen con la revisión de todos los bienes inmatriculados», explicaba el portavoz episcopal, que se limitó a decir sobre la verificación que «no consta tener la titularidad de un millar aproximado de bienes en principio adjudicados a la Iglesia».

Lo cierto es que el Episcopado agrupa los 2.575 desatinos encontrados en varios grupos. Por un lado, desglosa esos 1.138 mal adjudicados que cita Argüello en 84 bienes que se adjudican a la Iglesia católica y en realidad son de otras confesiones, 111 que aparecen repetidos, 608 sin datos suficientes atribuidos a las diócesis que no reconocen como propios, 276 que directamente no pertenecen a la Iglesia porque fueron donados o vendidos, 31 registros de los que no consta inmatriculación y 28 fallos de diferente casuística. Por otro lado, el informe expone que 746 propiedades fueron registrados antes de la era Aznar. Por último, se aclara que 691 espacios simplemente no fueron inmatriculados porque se adquirieron por compraventa, herencias…

Fuentes episcopales saludan la visita de ayer de Sánchez, máxime cuando el informe de Justicia buscaba ser un tercer grado al cepillo de la Iglesia. Aun así, no se dejan llevar por ningún tipo de «ingenuidad». «La agenda laicista es la que es, y este informe buscaba destapar una supuesta apropiación indebida al igual que el Tribunal de Cuentas intentó descubrir flujos económicos oscuros inexistentes”, explican.

En cualquier caso, Omella no quiso enfatizar ayer en público ni en privado las diferencias sino «los temas que nos afectan muy directamente como los sociales, la pobreza y el sufrimiento de tanta gente por la pandemia». En concreto, desveló que conversaron sobre el acceso a la vivienda, las dificultades de integración de los migrantes o la creación de corredores humanitarios. Admitió que tocaron asuntos «morales» en los que «podemos divergir más»: aborto, eutanasia… «También hemos hablado sobre las dificultades de la asignatura de Religión a la hora de cumplir los Acuerdos Iglesia-Estado», añadió.

En materia económica, como reconoció Argüello ya están manos a la obra una posible reforma en materia fiscal, tema que trató de tú a tú con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que acompañó a Sánchez. Ahí la Iglesia también cuenta con una máxima: no quieren privilegios, pero sí igualdad de trato con respecto, por ejemplo, al IBI. Si la Iglesia paga, que también lo hagan las fundaciones, sindicatos y partidos, todos bajo el paraguas de la Ley de Mecenazgo.

Con todas estas cuestiones sobre la mesa, quedaría descartada a priori una denuncia del Gobierno de coalición de los acuerdos Iglesia-Estado. Pero sí podría quedar por delante en la agenda socialista rescatar la ley de libertad de conciencia que alentó Rodríguez Zapatero y que finalmente quedó guardada en un cajón.