La Audiencia Nacional investigará a “Josu Ternera” por el atentado contra la T-4

El juez admite a trámite la querella de Dignidad y Justicia contra cuatro ex dirigentes de ETA por su “papel relevante” en las órdenes para hacer explosionar la furgoneta-bomba en la terminal

La explosión de la furgoneta-bomba causó la muerte de dos personas y destrozó el párking de la terminal 4 de Barajas
La explosión de la furgoneta-bomba causó la muerte de dos personas y destrozó el párking de la terminal 4 de Barajas FOTO: Connie g Santos

La Audiencia Nacional investigará a José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, y a los también ex dirigente de ETA Aitzol Iriondo, “Gurbitz”, Mikel Carrera Sarobe, “Ata”, y Ainhoa Ozaeta, “Kuraia” por el atentado contra la T-4 de Barajas que el 30 de diciembre de 2006 causó la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, rompiendo la tregua anunciada por la banda criminal nueve meses antes.

Así lo ha decidido el magistrado Alejandro Abascal al admitir a trámite la denuncia interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ) contra los cuatro ex integrantes del comité ejecutivo de ETA, a quienes atribuye los dos asesinatos y 68 lesiones de carácter terrorista (tantas como heridos en el atentado con furgoneta-bomba).

El instructor resalta que todos ellos eran “dominadores de la organización terrorista ETA desde su posición de máximos dirigentes del órgano de dirección, el comité ejecutivo o ZUBA (acrónimo de Zuzendaritza Batzordea o Comisión de Dirección) en el momento del atentado”.

Era el comité ejecutivo, destaca, el que “decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

“Órdenes para preparar y ejecutar” el atentado

Abascal esgrime en su resolución un informe de la Comisaría General de Información de junio de 2014 y destaca el “papel relevante desempeñado por los denunciados” en relación con las “órdenes para preparar y ejecutar el atentado contra el aeropuerto Madrid-barajas” dada su pertenencia a la cúpula etarra, algo que se desprende -añade- de la abundante documentación incautada a la banda terrorista a lo largo de los años.

Para el magistrado, son “fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados con los miembros de la banda que participan en las distintas actividades que permiten llevar a cabo de un atentado; las características estructurales y funcionamiento de la banda, detallando las distintas actividades que son necesarias para comer un atentado, exponiendo qué es y cómo funciona el comité ejecutivo de ETA, así como la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de la banda terrorista para que se llegue a realizar una acción terrorista”.

Según subraya, Iriondo estaba al cargo del “aparato militar”, “Ata” era el responsable del “aparato logístico” y “Josu Ternera” estaba al frente del “político”, mientras que “Kuraia” se hacía cargo del área de “tesorería”.

Tres condenados a más de mil años de cárcel

En su denuncia, Dignidad y Justicia también atribuye a la ex cúpula etarra el haber proporcionado al “comando Elurra” la furgoneta-bomba con la que se cometió el atentado. La asociación que preside Daniel Portero considera a los cuatro ex jefes de la banda terrorista como autores mediatos del atentado por el “dominio” que tenían entonces sobre la organización criminal.

El colectivo de víctimas precisó en su denuncia que no incluía a Mikel Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, porque, aunque formaba parte también del “comité ejecutivo”, ya fue procesado por estos hechos en 2008, al igual que el etarra José Antonio Aranibar (señalado como el responsable del “comando Elurra”, autor del atentado). Ambos fueron, según Dignidad y Justicia, quienes “transmiten y ejecutan la decisión” de la cúpula de ETA.

Para la asociación querellante “la trascendencia política del atentado de la T4″, que supuso la ruptura de la tregua, hace “imposible” que la decisión de perpetrarlo “se adoptase en lugar distinto a la ZUBA”.

En 2012 ya fueron condenados por estos hechos a un total de 1.040 años de cárcel los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián. En esa sentencia, precisamente, se daba por probada la “implicación directa de la ZUBA en la decisión del atentado en la T-4 y en la facilitación de la furgoneta-bomba”.