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La Audiencia anula el procesamiento contra “Josu Ternera” por un asesinato de 1980

El juez Pedraz toma la decisión, con el apoyo de la Fiscalía, tras constatar que en esas fechas no formaba parte de ETA político-militar, que reivindicó el atentado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado sin efectos el procesamiento del ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, por el asesinato en Vitoria del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980, una de las cuatro causas por las que le reclama la Justicia española.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado ha adoptado esta decisión con el aval de la Fiscalía tras constatar en un informe de la Guardia Civil que el ex jefe de ETA no pertenecía a ETA político militar, que reivindicó el atentado, en las fechas en las que se cometió. LA RAZÓN ya adelantó el pasado marzo que esta investigación apuntaba al archivo.

El instructor ya advirtió en el auto en el que acordó solicitar ese informe policial que en el caso de acreditarse que Urruikoetxea -que se encuentra en libertad en Francia con control telemático a la espera de que se haga efectiva su entrega a España- no formaba parte del entramado de esa escisión de la banda terrorista, revocaría su procesamiento por este asesinato y decretaría la conclusión de la investigación, dado que el posible sobreseimiento de la causa, recordaba, “compete única y exclusivamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

Tampoco por lesa humanidad

Francia ya rechazó poner a disposición de la Justicia española a “Josu Ternera” para que sea juzgado por un delito de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los asesinatos cometidos por ETA bajo su mando, por lo que tras esta decisión, el ex jefe terrorista únicamente tendría otros dos procedimientos pendientes: por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 (en la que once personas fueron asesinadas, entre ellas seis niños) y por la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”.

En su declaración ante el juez Pedraz por videoconferencia desde París, “Josu Ternera” se desvinculó del atentado que costó la vida al directivo de Michelín e insistió que fue responsabilidad de ETA p-m, a la que no pertenecía.

Su defensa esgrimió que los hechos han prescrito e hizo referencia además a un informe policial de 23 de octubre de 1996, incorporado a las diligencias, que constata que el asesinato “fue reivindicado por la organización asesina E.T.A. (P-M)”, un extremo que ahora ha corroborado el instructor.

Dos ex empleados de Michelín le señalaron

Dos extrabajadores de la planta de Michelín en Vitoria -un matrimonio condenado en 1982 por colaborar con ETA-, fueron quienes incriminaron a “Josu Ternera”. La pareja, que había acogido a etarras en su domicilio, explicaron que el 5 de mayo de 1980 entregaron en Bayona (Francia) a “Josu Ternera” y al también exdirigente etarra Juan Lorenzo Lasa Michelena, “Txikierdi”, una revista editada por la factoría “Safen-Michelin” en la que aparecían varias fotografías de Hergueta, que les habían reclamado dos meses antes en otra cita en territorio francés con el objetivo de secuestrarle. Un mes y medio más tarde, el 25 de junio, Hergueta fue asesinado en Vitoria de dos disparos en la nuca tras ser abordado por tres terroristas.

Su abogado, Iñigo Iruin, expuso en su recurso contra el procesamiento que “no existe duda alguna” de que el atentado fue cometido por ETA-pm, de la que Urrutikoetxea, insistía, “no ha sido nunca militante”. “Se está planteando algo tan absurdo -se quejaba- como que Josu Urrutikoetxea, miembro de ETA-m participó a título de cooperador necesario o cómplice en un atentado realizado por ETA p-m”.

La Justicia francesa ha avalado ya que el exjefe de ETA sea entregado tanto por la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” como por el asesinato de Hergueta y por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (aunque por estas dos últimas causas su defensa aún puede recurrir ante la Corte de Casación francesa). Sin embargo, cerró la puerta a su extradición por el delito de lesa humanidad.