Bélgica pide información a la Audiencia Nacional sobre la investigación de los diamantes de sangre

Bélgica ha iniciado contactos con los responsables en la Audiencia Nacional de la investigación abierta por la venta de los conocidos como diamantes de sangre en la que se indaga en un posible delito de lesa humanidad. El país quiere conocer de forma más concreta qué hay en la causa porque allí también existe un procedimiento en curso con un objeto que en principio es parecido y que, además, comparte nombres como el de Jacques Pierre Levy. Este es uno de los abogados que presuntamente estaba implicado en la trama para vender estos brillantes a través de Liberia. El siguiente paso será acordar un encuentro entre ambos países para intercambiar detalles, según indican fuentes judiciales a LA RAZÓN.

El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal reinició el pasado enero el caso después de que una ciudadana de Sierra Leona presentara una querella contra el español responsable de una mina en Liberia que, supuestamente, vendía estos diamantes a Europa durante el periodo en el que la ONU mantenía el embargo sobre la importación del material que luego se utilizaban para traficar con armas. La clave de la instrucción está en demostrar que, aunque la empresa estaba en Liberia, los diamantes provenían de Sierra Leona.

De hecho, en esto consistió el interrogatorio realizado el pasado lunes a cuatro testigos. Según fuentes presentes en la declaración, algunos de los trabajadores aclararon que ellos vieron cómo personas con uniformes distintos al militar oficial de Liberia venían a entregar diamantes. En la causa consta documentación que acredita que los envíos se hacían a empresas muy conocidas en Bélgica.

Tras publicarse que la Audiencia Nacional seguía este rastro, Bélgica a través de Eurojust -la agencia de coordinación de lucha contra el terrorismo y delincuencia organizada de la Unión Europea- informó a España de que allí existe un procedimiento más avanzado que mantiene a Levy investigado.

En la causa española este abogado, por el momento, no está siendo investigado, pero la instrucción está en una fase muy inicial de toma de declaración a testigos. Además, tanto el juez y como el fiscal Pedro Torrijos están valorando acudir a Andorra donde se encuentran algunos de ellos. La empresa que está en el foco es, de hecho, andorrana como consta en la querella, adelantada por el Periódico de España, que señala dos sociedades pantalla: DiAndorra y Blue Stone. El único investigado ahora mismo es Manuel Terrén Parcerisas, un ciudadano español afincado en Brasil, que aprobaba gastos de salarios, hoteles, seguridad, transporte y supervisaba los trabajos de la extracción de las minas. Estos hechos que apuntan a la venta ilegal de diamantes de sangre desde África hasta Europa se produjeron, presuntamente, entre 1999 y 2002.

Es pertinente contextualizar que entre esos años en Sierra Leona se produjo la explotación de civiles para trabajar en minas de diamantes. Y fue en julio del 2000 cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución que prohibía la importación directa e indirecta de diamantes de ese país sin la certificación expedida por el Gobierno. La vinculación con Liberia viene de su expresidente Charles Taylor (entre los años 1997 y 2003) que también fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal para Sierra Leona por cooperar en este proceso.