Fuerzas de Seguridad

Policías nacionales denuncian que Interior les relega ahora en las investigaciones de terrorismo

Consideran que la cesión a las policías autonómicas se enfrenta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se cuenta con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado

A la izquierda, con un círculo rojo alrededor, el terrorista huye tras cometer el atentado en las Ramblas de Barcelona
A la izquierda, con un círculo rojo alrededor, el terrorista huye tras cometer el atentado en las Ramblas de BarcelonaLa RazónLa Razón

“La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el nuevo ‘paso atrás’ dado por el Ministerio del Interior en cuanto al ejercicio de competencias de Policía Nacional y Guardia Civil en caso de atentado terrorista, tal y como se ha conocido tras la presentación del nuevo Plan de Prevención y Protección Antiterrorista esta semana”, señala una nota de este sindicato.

“En esa instrucción se relega a los dos Cuerpos de seguridad con mayores conocimientos y experiencia en el combate contra esta lacra a un papel secundario, al establecerse que las primeras actuaciones en caso de un ataque terrorista corresponderán, en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, al cuerpo autonómico responsable de la seguridad ciudadana en esa demarcación”, agrega,

“Esta nueva cesión competencial se enfrenta, entre otras, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que la comisión de un atentado terrorista no constituye un episodio de alteración de la seguridad ciudadana sino, al contrario, la comisión flagrante de un delito que requiere la intervención de unidades especializadas de Policía Judicial, como lo son las de las estructuras de información de Policía Nacional y Guardia Civil, que actúan a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional”.

“Además de esta injerencia normativa, la nueva Instrucción, según se ha anunciado públicamente, supone entregar a esas Comunidades Autónomas el control inicial de cualquier intervención ante un atentado, sin haber contado para ello con el criterio de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, como voces autorizadas en este tipo de delitos especializados y organismos cuyos miembros deben ser los que dirijan la intervención de los Cuerpos de seguridad ante un incidente de estas características”.

“Con lo que se ha conocido de esta iniciativa, se han sobrepasado claramente las funciones de coordinación en el ámbito de la seguridad pública y se cederá otro espacio competencial más que es crítico y que, insistimos, no tiene que ver con la seguridad ciudadana -prevención de la delincuencia, mantenimiento del orden público, protección y auxilio al ciudadano, etc.- sino con la comisión de infracciones penales ante las que prima su regulación específica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además del Real Decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial”.

“Queremos recordar, además, que la lucha contra el terrorismo tiene una innegable componente internacional que sólo pueden garantizar Cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, que mantiene canales exclusivos de cooperación con servicios homólogos de todo el mundo basados en la confianza, los años de trabajo conjunto y la normativa de distribución competencial de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que asigna a nuestras unidades especializadas las funciones de colaboración y auxilio con las Policías de otros países”.

POr su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) señla que “vuelve a tropezar el Ministerio del Interior, esta vez con la nueva actualización del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista que da a las policías autonómicas el liderazgo de las investigaciones antiterroristas en las comunidades autónomas donde están desplegadas. El nuevo plan despoja de parte de sus competencias históricas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una decisión más política que operativa.

La seguridad de los ciudadanos en un tema tan relevante como es el terrorismo no puede depender de la influencia que ejerzan sobre el Gobierno sus socios nacionalistas e independentistas. No es lo más acertado, sin menosprecio alguno hacia otros cuerpos policiales, que sean policías autonómicas con limitaciones operativas y territoriales las que lideren investigaciones que afectan a la seguridad de todo el Estado y todos los españoles. Simplemente por cuestiones operativas, el liderazgo de las investigaciones antiterroristas ha sido siempre, y debe seguir siendo, de las Fuerzas de Seguridad del Estado que disponen de mayores medios humanos y materiales para combatir el terrorismo. Otra razón para que sea la Policía y la Guardia Civil quienes se ocupen de liderar esta importante tarea, se halla en la alta movilidad de la amenaza terrorista que no entiende de fronteras y menos entre comunidades autónomas. Son las FCSE las que se hallan desplegadas por la totalidad del Estado y las que mantienen la coordinación con sus homólogos del resto del mundo para combatir una amenaza global. agrega.