La Semana de Pasión de Dolores Delgado

Cuestionada desde que Pedro Sánchez la eligió –hace ahora más de dos años– para que, sin solución de continuidad, cambiara su cargo de ministra de Justicia en su Gobierno por el más alto puesto del escalafón de la Fiscalía, Dolores Delgado no ha tenido más remedio que acostumbrarse al torbellino mediático.

Asumió el cargo con la alargada sombra de las grabaciones de Villarejo pisándole los talones –sobrevivir a los audios del ex comisario, que han alimentado una batería de investigaciones judiciales, no es un logro menor– pero su gestión del «caso Stampa» (la investigación a uno de los fiscales del «caso Tándem» por revelación de secretos, finalmente archivada pero que terminó apartándole de Anticorrupción) muy pronto le situó en el disparadero.

Delgado ha adelantado estos días su particular Semana de Pasión –que no presagia precisamente ninguna resurrección gloriosa– con la controversia generada con la Fiscalía Europea a cuenta de la investigación del caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso (a cuenta de la comisión por la adjudicación de un contrato de compra de mascarillas); con su polémica paralización de la constitución de la Comisión de Ética Fiscal e, indirectamente, por la maniobra del PSOE para intentar garantizarle un ascenso a fiscal de Sala (la máxima categoría de la carrera) a través de una sorpresiva enmienda a la ley concursal.

Y aunque en el caso del tira y afloja con la Fiscalía Europea (que finalmente solo investigará una posible malversación de los fondos europeos, dejando el resto de la investigación en manos de Anticorrupción) lo cierto es que obtuvo el respaldo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, su decisión de frenar la Comisión de Ética –como el «caso Stampa»– terminará en los tribunales, recurrida en la Audiencia Nacional por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

“Estamos constantemente en el foco de la polémica”

«Su nombramiento no fue idóneo, como dijimos desde el primer momento, porque procedía del Gobierno y eso da lugar a situaciones comprometidas. Lo que ha sucedido con el Comité de Ética lo demuestra una vez más», asegura Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. «Estamos en el foco de la polémica constantemente y eso hace que se resienta la percepción ciudadana ante lo que se ve como una posible falta de imparcialidad de la institución».

Pero la lectura de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es otra. Su presidenta, Inés Herreros, asegura que «se está atacando a una institución como la Fiscalía General del Estado por intereses absolutamente partidistas y con la intención de obstaculizar el trabajo que se esta realizando de forma impecable por la Fiscalía Anticorrupción».

«No considero que la fiscal esté siendo objeto de polémica –deja claro–. Un sistema democrático lo que hace es cuestionar las decisiones desde las instituciones». A Herreros le llama la atención «que se esté poniendo en cuestión la decisión de la competencia en relación con la Fiscalía europea cuando cuenta con el respaldo unánime de la Junta de Fiscales de Sala».

“Su posición de imparcialidad no se la cree nadie”

Más crítico con la actuación de Delgado se muestra el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, para la actual fiscal general «venía de ser ministra y su posición de imparcialidad de no se la cree nadie».

Con el sistema de elección actual, hace hincapié, cualquier fiscal general que resulte elegido «debe reunir unas condiciones muy especiales y ha de ser insobornablemente independiente, lo que obliga a estar enfrentado permanentemente con quien te nombra». Algo que en el caso de Delgado, señala, brilla por su ausencia. Y eso que la Fiscalía General del Estado, reconoce, «siempre ha adolecido de un exceso de politización. Desgraciadamente para los fiscales, el PP y el PSOE se han comportado de forma muy similar».

Para Dexeus, habría que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «a la vista de lo que ha ocurrido» para que el informe del CGPJ no se limite a un mero pronunciamiento sobre la idoneidad para el cargo de fiscal general propuesto y, sobre todo, para que «su mandato no coincida con el del Gobierno y existan de verdad contrapesos al poder casi absoluto del fiscal general».

«Esto no tiene solución si no se cambia el sistema de elección–coincide Viada, que reprocha a Delgado «la política de nombramientos y el asunto Stampa–. No puede ser que el Gobierno nombre a quien con sus decisiones va a incidir en la libertad de los ciudadanos».

Para la UPF “se ha creado una polémica ad hoc”

En cuanto a la enmienda socialista que garantizaría a Delgado la categoría de fiscal de Sala, la presidenta de la UPF señala que «en mayo de 2018 esta cuestión se llevo al Consejo Fiscal y no se cuestionó la idoneidad de la medida, hasta el punto de que al no haber dado tiempo a que por ley se regulase la adquisición de la categoría de fiscal de Sala por la anterior fiscal general, por unanimidad se le apoyó». «Si en ese caso no hubo ningún problema», Herreros cree que ahora «parece se ha creado una polémica ad hoc» para Delgado.

La presidenta de la Asociación de Fiscales se muestra muy crítica con los nombramientos durante el mandato de Delgado –de hecho, la AF ha recurrido ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores– y denuncia que la paralización sine die de la Comisión de Ética «no se ajusta a las reglas de funcionamiento de la institución».

Sin embargo, Herreros (UPF) considera que la Asociación de Fiscales está utilizando este organismo de nueva creación «con fines asociativos». «Me llama muchísimo la atención que la misma asociación que pidió el voto fuera de plazo y que, además, consideró que la Comisión de Ética debía responder a los valores de su propia asociación se convierta ahora en adalid de una comisión que han viciado desde su origen”.