«No» del PP si Sánchez no incluye alguna propuesta

El Gobierno se ha metido en un callejón sin salida por la gestión del presunto espionaje a los independentistas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va completamente por libre, siendo la más coherente en la posición que puede mantener un Gobierno ante una crisis como ésta.

Sus explicaciones, ayer en el Congreso de los Diputados, dejaron en evidencia la gestión de Presidencia, pero es que el planteamiento de Moncloa, de ofrecer distintas vías al independentismo para aclarar sus denuncias de espionaje, no conduce a ningún sitio, salvo que, como exige ERC, alguien pague por ello.

Y ahí sólo queda la cabeza de la ministra. La posición de Robles es: «Si ustedes creen que se ha hecho algo ilegal vayan a un juzgado». La de Moncloa, «vamos a investigar lo ocurrido», nunca va a valer al independentismo. Si se les ha espiado, incluso con el apoyo de un juez, por hacerlo; si no, porque no van a creer las explicaciones.

Esto lleva a que la legislatura, en lo que afecta a la convivencia entre los socios catalanes y el Gobierno, esté acabada. ERC no puede apoyar a un Gobierno que dice que les espía. Y la clave es qué hara ahora Podemos.

Este análisis consta en la mesa de la dirección popular, y ante la crisis desatada fijaron ayer posición con un nuevo movimiento frente a la votación de hoy en el Congreso sobre el decreto de medidas para paliar los efectos de la inflación.

Las cuatro condiciones del PP para que el Gobierno pueda sacarlo adelante con su «sí» son: bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, modificando el IRPF, una reducción del IVA del gas y la electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5 por ciento), medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos y otras para racionalizar el gasto burócratico y el tamaño del Gobierno. Así lo recoge la carta que los populares remitieron ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un contexto en el que la precariedad parlamentaria del Ejecutivo es total.

Después de haber remitido un amplio documento de negociación, y del que el principal partido de la oposición no ha recibido respuesta hasta que el Gobierno se ha visto en una situación de ahogo que le deja ante el precipicio de poder perder la votación, el PP hizo un último gesto con esta propuesta, con la que dicen que quiere facilitar el acuerdo. Si a todo lo que propone el PP, la posición del Gobierno es un «no», el PP votará hoy en contra del decreto. Y al PSOE le quedaría sólo esperar una abstención de ERC, que ayer, por lo que dijo su portavoz, Gabriel Rufián, tampoco está entre sus planes.

Ayer, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que la participación de los independentistas en la comisión de secretos oficiales sólo sirve para aplacar un problema del Gobierno, pero no del Estado. «No se puede permitir que para proteger a un Gobierno, Sánchez desproteja al Estado».

Ésta es una línea roja que obliga al PP a hacer todavía más exigente su oposición y su oferta de diálogo. Antes de que estallara el escándalo, el debate interno se inclinaba hacia la abstención ante el decreto en el caso de que la negociación con el Gobierno no prosperara.

Después de que el tablero haya saltado por los aires, y ante los movimientos puramente tacticistas que el PP ve en el Ejecutivo «para asegurarse su salvación», esta mano tendida exige contrapartidas.

«Si alguien te dice que «no» a todo, ¿tú qué harías?», apuntaban ayer desde la dirección popular. Por tanto, si ese «no» se mantiene, el PP entiende que es que no les necesitan, y el Gobierno deberá ser responsable de lo que pueda aprobar con sus socios. La oferta de tramitarlo como proyecto de ley, sin más compromisos, es «un brindis al sol. «Una vez convalidado es perfectamente válido con todos los efectos para siempre, se tramite o no como proyecto de ley». Y añaden: «Lo hacen a menudo. Aprueban Reales Decretos Leyes, los convalidan con la obligación de tramitarlos como leyes, y, si no tienen los votos para aprobarlos como leyes, las dejan bloqueadas porque el decreto ley ya está convalidado y en vitor».

Feijóo respaldó ayer el trabajo de los servicios de inteligencia. «Creemos que hacen un buen trabajo para España y que hacen un buen trabajo para el Estado y no tenemos por qué desconfiar de su labor para el Estado de Derecho. Si hay algún miembro del CNI que no lo haya realizado, le pediremos responsabilidades». La crisis política por el «caso Pegasus» no ha hecho más que empeorar en las últimas horas, quebrando una confianza entre la mayoría de investidura que ya pasaba por momentos delicados.

Sánchez se enfrenta a una coyuntura en la que, siguiendo el hilo de las declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa, está al frente de un Gobierno que se ha servido de sus medios, legales, así lo sostiene la ministra, para cumplir sus obligaciones.

Es decir, que ha investigado a sus socios, aunque sea con autorización judicial esa información no llega al juez sino al Gobierno, y en unas fechas que coinciden con la etapa álgida de la negociación entre el PSOE y ERC para formar Gobierno.