El Gobierno ha vuelto a dar, esta semana, muestras de su profunda debilidad y de la unilateralidad con la que se desenvuelve en las relaciones con la oposición. El decreto de medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, un ambicioso paquete económico para ayudar a las familias y sectores afectados por el conflicto bélico, pasó serios apuros para convalidarse en el Congreso de los Diputados. La foto fija es la de un Ejecutivo lastrado por una precaria mayoría parlamentaria que tiene por delante 20 meses de legislatura que se pueden hacer muy cuesta arriba sin el concurso de sus socios. Como ya ocurriera con la reforma laboral, ERC se ha borrado de la ecuación de la gobernabilidad. El Gobierno subestimó, en un inicio, la crisis generada por el supuesto espionaje con Pegasus a líderes y activistas catalanes. Una crisis que se ha enquistado y ha puesto en jaque el apoyo de los republicanos, que no consideran suficientes los «gestos» que se han hecho desde Moncloa para intentar atajarla. «Vamos a reconducir la situación», señalan fuentes gubernamentales, que fían todas sus opciones a la comisión de secretos oficiales que comenzará a operar la próxima semana en el Congreso para que dé explicaciones la directora del CNI.

No habrá más movimientos. No está previsto entregar la pieza, de caza mayor, que supone Margarita Robles –así lo señalan todas las fuentes consultadas–, ni tampoco una comisión de investigación en el Congreso, porque sería ineficaz, por la imposibilidad de desvelar cuestiones trascendentes en sus comparecencias. No se descarta, incluso, que pudiera haber un contacto directo entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Pero nada más allá. Los republicanos están muy molestos, mientras que en Moncloa mantienen su esperanza de «recuperar la confianza», demostrando que no ha habido nada fuera de la legalidad. Rehabilitar a ERC como socio es clave para llevar a término la agenda legislativa del Gobierno. «Habrá más decretos», anticipan desde el Ejecutivo, apuntando a materias como la ley de vivienda, la ley mordaza o la ley de memoria democrática, para las que necesitan el concurso de los republicanos.

Los socialistas no quieren perder a ERC como socio, pero tras haber prescindido de su apoyo en varias votaciones trascendentes –decreto anticrisis, reforma laboral o prórrogas del estado de alarma, entre otras– también advierten de que «ya no son imprescindibles». Una realidad que les resta capacidad de presión al Gobierno y que anticipa que, a medida que se vaya acercando el ciclo electoral de 2023, la relación se irá enrareciendo, aunque a ninguna de las partes les interese romper, por la alternativa que hay enfrente.

Mientras, el socio minoritario en Moncloa, sobre este análisis menos entusiasta, tiene claro que la única garantía de que la legislatura culmine con éxito es de la mano de los socios de investidura. A ellos fían el cumplimiento de la agenda legislativa comprometida en el acuerdo de coalición, por las medidas más progresistas que quedan por cumplir y que vaticinan que con el PP no serían posibles.

Es por ello que la preocupación es visible en la sede morada. El portavoz Pablo Echenique admitió esta semana que la relación con ERC «está muy tocada» y trasladan la presión al socio mayoritario en Moncloa, pues, según analizan fuentes del espacio confederal, es el PSOE a quién le toca «sentarse a hablar» con ERC, pues, creen que ellos han trabajado por reforzar la mayoría de izquierdas durante la legislatura y no perciben que la crisis desatada por el espionaje les afecte a su relación con los republicanos y Bildu.

Ante la posibilidad de que continúe recrudeciéndose la tensión entre los socios parlamentarios y el Ejecutivo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advirtió esta semana a Sánchez de que han de darse pasos con el objetivo de «restablecer la confianza con la mayoría de la investidura» ante el escenario de que el Gobierno persista en tender la mano al PP, lo que, según explican, sería inviable para dar término a la agenda más progresista. En Podemos creen que los pasos en ese sentido serían que los socialistas aceptasen la comisión de investigación sobre las escuchas con el fin de que los socios que denuncian espionaje vuelvan a sentirse «respetados» por el PSOE, aunque dudan de que Sánchez esté dispuesto a ofrecer este gesto a los independentistas.

A pesar de este pesimismo, los morados no ven factible un abandono total por parte de ERC o Bildu. A los segundos agradecen su «profundo sentido de la responsabilidad» por facilitar la convalidación del plan anticrisis. Sobre los primeros creen que se aseguraron de que el decreto saldría adelante antes de confirmar su voto en contra este jueves. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, son más críticas y muestran su preocupación por ver a los republicanos capaces de tratar de debilitar al Gobierno en las próximas votaciones por su rivalidad con Junts en Cataluña. De hecho, una de sus portavoces, Miriam Nogueras, marcó en este sentido a ERC esta semana: «el independentismo no puede sostener al Gobierno»; un claro aviso de cara al relato que los soberanistas tratan de armar de cara a sus votantes. Al fin y al cabo, como resumen en Podemos, «todos estamos en precampaña electoral».