Sánchez cede y admitirá cambios en el decreto anticrisis para salvarlo

El plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, que el Gobierno diseñó como su gran apuesta para embridar la inflación, tropezó desde su inicio. Las expectativas generadas por el Ejecutivo, que dilató al máximo el anuncio sobre el contenido concreto del paquete, hicieron que éste se solapara ya en su presentación ante el Congreso con un IPC récord, rozando los dos dígitos, que el propio Pedro Sánchez reconoció como un “mal dato”. Volcados en la negociación europea para lograr materializar la “excepción ibérica” del tope del gas, el Ejecutivo ha descuidado la negociación nacional para alumbrar el plan anticrisis. Destilando la unilateralidad que acostumbran, en Moncloa rechazaron desde un principio incluir cualquier aportación de los grupos, que pudiera suponer un incentivo para justificar su adhesión.

Sin embargo, ante el abismo de ver rechazado el paquete económico, el Gobierno ha cedido a las pretensiones de la oposición y aceptará que el decreto se tramite como proyecto de ley, de manera que puedan introducirse cambios por parte de los grupos y así facilitar su convalidación en la votación de mañana. Hasta ahora, por la vigencia limitada de algunas medidas que contenía el decreto, apenas tres meses, el Ejecutivo se había negado a esta opción. Sí se abría a que en el futuro, si hubiera que prorrogarlo, se permitieran incorporaciones.

Esta decisión se toma en el tiempo de descuento para que se vote el decreto en el Congreso, después de una tarde de nervios en Moncloa, donde cundía la preocupación y se han multiplicado los esfuerzos para “salvar” su hoja de ruta contra la crisis derivada de la guerra. El dato más significativo del estado de nervios que recorría el Gobierno es que Pedro Sánchez se ha visto obligado a cancelar el viaje oficial que tenía previsto emprender a Moldavia y Polonia para asistir a la trascendente votación de mañana. Era cuestión de unos pocos votos y no podía haber ausencias. Una votación que ha vuelto a colocar al Ejecutivo en el alambre y que pone de relieve su profunda debilidad parlamentaria. Algo que no es una novedad, pues recuerda demasiado a la convalidación de la reforma laboral, que se salvó por el voto erróneo de un diputado del PP. Precisamente, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, emplazaba en la sesión de control a Sánchez a “pedir el teléfono de (Alberto) Casero” para aprobar también esta votación.

En Moncloa se resisten a tener que depender del PP en esta situación, porque esto les anula en varias direcciones. En plena precampaña en Andalucía, los socialistas no quieren proyectar una imagen de debilidad y dependencia, a lo que se suma que de salir Alberto Núñez Feijóo al rescate, desactivaría su relato de que el nuevo líder no es moderado ni practica una “oposición de Estado”. Tampoco existe una disposición a aceptar las bajadas de impuestos que exige Génova. Los esfuerzos del Ejecutivo para no depender del PP se han ido redoblando a medida que avanzaba la jornada y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha emprendido encuentros a varias bandas con distintos portavoces. En primer lugar, se ha visto con Ciudadanos –que había anunciado su voto en contra- y que sigue sin moverse de su posición, ante la inclusión de ERC y Bildu en la comisión de secretos oficiales.

Posteriormente se ha reunido con Rufián, a quien el ministro planteó las contradicciones a las que se enfrenta ERC con su electorado, si tumba un decreto que bonifica la gasolina o topa los alquileres. Sin embargo, los republicanos no lo ven así, tienen testado que oponerse a la reforma laboral no les generó ningún coste y el escándalo del espionaje ha creado un clima de tensión en Cataluña que justificaría su veto, sin pasarles factura. Además, desde los socios habituales del Gobierno (ERC y PNV) se siguen esperando gestos del Gobierno, tales como poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso sobre el “caso Pegasus”. Algo que descartan en el Ejecutivo, porque en ese formato, los responsables públicos no pueden dar detalles sobre las acciones de los servicios de inteligencia.

Fuentes gubernamentales critican que los partidos de la oposición tomen a los españoles como “rehenes” en sus pugnas partidistas y advierten de que yerran el tiro, apuntando a Moncloa. “Esto no es un problema del Gobierno, es un problema para los ciudadanos”, resumen, en alusión a que decaiga el paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra. Otras fuentes se muestran aún más taxativas, asegurando que “en política se puede jugar con muchas cosas, pero no con el bolsillo de los ciudadanos” y creen que hay margen para sacar el decreto adelante.