La Policía de Marlaska entra en la guerra Pegasus

Pegasus está tensando las relaciones entre los dos socios de coalición, PSOE y Podemos, pero también está haciendo aflorar las profundas grietas que hay en la parte socialista del Gobierno.

La gestión de está crisis traslada una imagen de descontrol interno, en la que desde daentro del Gabinete se apuntan responsabilidades en una dirección hacia la que hasta ahora no se ha puesto la atención, el Ministerio del Interior, y, más en concreto, la participación de la Policía.

Moncloa no quiere asumir responsabilidades en la gestión de la seguridad de los móviles del Consejo de Ministros. Y en el corredor de la muerte han dejado caer al CNI y a la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer hizo una firme defensa del trabajo de este organismo y de todos sus funcionarios.

Mientras en Presidencia piden tiempo, después de haber soltado la bomba nuclear del espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa sin medir las consecuencias de este movimiento, dentro del Ejecutivo de coalición empiezan a moverse el runrún de que el espionaje al independentismo, en principio dentro de los protocolos legales, viene también del Ministerio del Interior y de la Policía que dirige Fernando Grande-Marlaska. «Cumpliendo sus obligaciones, pero hay que mirar también fuera del CNI».

En la etapa de Mariano Rajoy el programa Pegasus estaba bajo el control de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y del CNI, y eran muy celosos en la protección en exclusiva de esta herramienta.

Ahora, con la crisis abierta en canal, y bajo una sensación de desconcierto y precipitación, Interior entra en juego y empieza a ser señalado, «otras Policías», no sólo por el independentismo, sino desde dentro del Gobierno, y en el entorno de las Fuerzas Armadas y también de los servicios de inteligencia.

Cuando se difundió la información de Citizen Lab, plataforma vinculada a la Universidad de Toronto, sobre la lista de más de 60 nombres vinculados al independentismo y que presuntamente habían sido sometidos al programa Pegasus, todas las miradas apuntaron al CNI. Pero ya en un primer momento en Defensa advirtieron de que había que tener cuidado en adjudicar responsabilidades porque podría ocurrir que se estuvieran colgando en la espalda de los servicios de inteligencia otras actuaciones que habían sido llevadas a cabo por otros Cuerpos. La madeja no deja de enredarse. Y las cifras de escuchas que se adjudican a Interior, en el ejercicio de sus funciones, multiplican las que han sido señaladas por el laboratorio de la Universidad de Toronto, con vínculos, por cierto, con el independentismo español. Tanto, que sabían de la información que se cocinaba y la han utilizado en el momento político que más les ha interesado.

Esta teoría, sobre la presunta participación de personas vinculadas a la Policía en las escuchas a partidos secesionistas, sale de la guerra en la que ha entrado el Gobierno en su convivencia interna. Y también la viene aireando el movimiento independentista desde hace tiempo. De hecho, los espiados han anunciado que pedirán comprobar si Policía y Guadia Civil usaron el programa dentro de las nuevas querellas en el juzgado que ya investiga desde hace más de un año la denuncia del ex presidente del Parlament Roger Torrent.

Hoy está prevista la decisiva comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales. Ante ERC y Bildu se espera que informe de las autorizaciones judiciales que avalan las escuchas relacionadas con los procedimientos de investigación abiertos sobre los vínculos de independentistas con Tsunami Democràtic y con el régimen de Putin.