El Gobierno se enfrenta a otra semana agónica por Pegasus

El Gobierno inició la semana pasada con un movimiento al ataque, anticipando eventuales filtraciones, y reconocía en rueda de prensa que tanto los móviles del presidente del Gobierno como de la ministra de Defensa fueron espiados. De este modo, el escándalo de Pegasus subía un peldaño, trascendiendo la órbita independentista y convirtiéndose en un asunto de Estado. Esta semana, el Ejecutivo la encara con una actitud distinta. Del ataque, a la defensa. En Moncloa se preparan para soportar otra sucesión de días agónicos, marcados por la polémica del espionaje, sin haber sido capaces de encauzar el conflicto con sus socios de Esquerra. Después de que Pedro Sánchez se comprometiera a reunirse con Pere Aragonés para reconducir la situación, queda por agendar la cita. Fuentes socialistas señalan que «no hay razón para dilatar la reunión», porque dado que es un compromiso del presidente, debe concretarse cuanto antes para intentar «resolver el asunto».

El desgaste del Ejecutivo es una realidad que se acrecentará durante la semana. Las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y el Senado se convertirán en sendos plenos monográficos sobre el espionaje, ya que la práctica totalidad de las interpelaciones de la oposición a los miembros del Ejecutivo estarán orientadas a esta cuestión. El miércoles, será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien se encargue de rendir cuentas en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, ante la que comparecerá. Aunque la intervención se registró a petición propia para dar cuenta del Plan Anual Normativo de 2022, Bolaños explicará, entre otros asuntos, la reunión que mantuvo en la Generalitat el domingo 24 de abril a raíz de conocerse el espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus y en medio de la polémica sobre las escuchas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Precisamente con Robles han existido tensiones la pasada semana por la responsabilidad del control de la seguridad de los dispositivos del presidente y del resto de miembros del Gabinete. Unas tensiones que Bolaños trata de cerrar, asegurando que la responsabilidad es conjunta. Sin embargo, Defensa se mantiene a la expectativa y cerrando filas con la directora del CNI, cuyo futuro dejan en el aire desde Moncloa. Desde el ministerio que dirige Robles se enrocan en que los servicios de inteligencia no fueron culpables de no detectar la falla de seguridad y miran a Presidencia. En este contexto, queda por dilucidar si Sánchez aceptará la “depuración de responsabilidades” que piden desde el independentismo y entregará la cabeza de Esteban, como apuntan algunas fuentes.

Otra de las vías que valora el Gobierno para intentar reconducir la maltrecha relación con sus socios es avanzar en la desclasificación de documentos, en concreto, de las autorizaciones judiciales –con fecha y motivación– para espiar a Aragonés y otros líderes independentistas que la directora del CNI presentó en la comisión de secretos del Congreso.

Con todo, en el Ejecutivo hay preocupación por el devenir de los acontecimientos y el cariz que adopte la legislatura. Aseguran que se trata de un «problema político» y muestran su vocación a resolverlo «haciendo política», ya que se transmite la convicción de que nada de lo que se ha conocido hasta ahora demuestra que haya existido negligencia alguna imputable al Ejecutivo. En Moncloa están decididos a agotar la legislatura y presumen de haber sacado hasta ahora todas sus reformas adelante. El objetivo es reconducir la relación con ERC, pero si los soberanistas se enrocan, recuerdan que ya gobiernan sin ellos.