Moncloa desveló el espionaje a Sánchez por miedo a filtraciones

En un escenario de profunda incertidumbre en lo económico, impactados por la crisis derivada de la guerra en Ucrania, cuando no nos habíamos repuesto completamente de la generada por la pandemia, el Gobierno no podía prever que fuera un escándalo de espionaje lo que amenazara con hacer descarrilar la legislatura. La polémica del seguimiento con el programa Pegasus a líderes y activistas catalanes estuvo mal gestionada desde un principio. Moncloa la infravaloró en su inicio y reaccionó a trompicones con una reunión –un domingo 24 de abril– en la Generalitat para tratar de apaciguar el malestar de sus socios de ERC. Pero ha sido en esta semana frenética que hoy cerramos, en la que se han precipitado los acontecimientos, propiciando la desestabilización del complejo equilibrio que mantiene a Pedro Sánchez en el poder.

El lunes, el Gobierno sorprendía con una inédita comparecencia a primera hora de la mañana de un festivo en la que reconocía unos hechos insólitos, que tanto los móviles del presidente del Gobierno como de la ministra de Defensa fueron espiados en mayo y junio de 2021. Sin apuntar autoría ni contenido concreto de la información sustraída, el Ejecutivo desnudó sus debilidades ante la opinión pública. Este ejercicio de «transparencia» y sobreexposición de vulnerabilidades buscaba voltear el relato independentista, de manera que el espionaje fuera una amenaza global, de Estado, que trascendiera el victimismo de la órbita soberanista. Sin embargo, ni siquiera con la condición de espiado Sánchez consiguió granjearse la solidaridad de socios y adversarios. Los primeros lo consideraron una «cortina de humo» y los segundos cuestionaron la oportunidad política de hacerlo público en plena polémica con sus aliados de Esquerra. «No cuela», llegaron a decir.

Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN defienden la decisión de revelar el espionaje a Sánchez y Robles, con la panorámica que da todo lo acontecido durante esta semana. Se aferran a este ejercicio de «transparencia» ante el riesgo de que, una vez recibido el informe del Centro Criptológico Nacional y trasladados los hechos a la Audiencia Nacional, hubieran sido objeto de filtración a los medios de comunicación. «Teníamos que contarlo nosotros», señalan en conversación con este diario, «porque no tenemos nada que ocultar. Estamos ante un hecho de muchísima gravedad», añaden inmediatamente. Como ya ocurriera con los seguimientos a los independentistas desvelados por «The New Yorker», cuando se abrió un «control interno» en el CNI, Moncloa puso en el punto de mira a los servicios de inteligencia sobre la brecha de seguridad que habría permitido el volcado completo del móvil del presidente.

Sin embargo, esta focalización en la persona de Paz Esteban, directora del CNI, dejando en el aire su futuro al frente de la institución no permitió descargar tensión sobre el Ejecutivo, cuyos socios le presionaban para «depurar responsabilidades», sino que la acrecentó y fue un elemento de conflicto añadido dentro del Gobierno. Mientras que desde Moncloa se miraba a los servicios de inteligencia y al Centro Criptológico Nacional como los competentes para asegurar las comunicaciones del presidente y su Gabinete, desde Defensa se invitaba a dedicar «un minuto» a comprobar de quién depende la seguridad del móvil de Pedro Sánchez. Robles se refería a la Secretaría General de Presidencia, que detentaba Félix Bolaños durante los ataques en 2021. El pulso entre los dos pesos pesados de Moncloa se dilató durante unas horas, hasta que el presidente mandó parar y Bolaños levantó el teléfono para trasladarle a Robles «todo su apoyo» en privado y reivindicó en público que la responsabilidad por lo ocurrido era «conjunta» de todo el Gobierno.

Las tensiones dentro del Ejecutivo no solo venían por la parte socialista, los morados han sido una pieza clave de la campaña de desgaste contra Robles, exigiendo incluso su dimisión durante la comparecencia que ofreció en el Congreso. A estas explicaciones, tanto las de la ministra de Defensa como las de la directora del CNI, en la recién constituida comisión de secretos oficiales, remitían desde el Gobierno para aplacar los ánimos de los socios. Pero lejos de apaciguar, la entrada en escena de Paz Esteban acabó por soliviantar todavía más a Esquerra, colocando la legislatura en punto muerto.

La directora de los servicios de inteligencia pidió «confianza» a puerta cerrada, se deshizo en explicaciones del funcionamiento del CNI y mostró el aval judicial para los 18 seguimientos a independentistas que se habían realizado. Entre ellos, a Pere Aragonès durante su etapa como vicepresidente. Esta revelación obligó al Ejecutivo a desmarcarse, asegurando que «ni podía ni debía saber» el objeto de las escuchas, pero sus argumentos no fueron suficientes para Esquerra. Finalmente, Sánchez cedió y aceptó una reunión cara a cara con Aragonés, todavía por concretar, para intentar encauzar la situación.

En este contexto, el Gobierno encara una nueva semana con el espionaje como protagonista, que copara las interpelaciones en la sesión de control en el Congreso del próximo miércoles. Ese mismo día y en el mismo lugar, Félix Bolaños comparecerá en la Comisión Constitucional para, tras Margarita Robles, dar cuenta a la oposición de los pormenores de la crisis derivada de las escuchas a los independentistas, que se agravó con las del presidente y la ministra de Defensa.