Conversaciones, pero sin avances: la mesa de diálogo vuelve a frenarse con “pegasus”

Pere Aragonès ha celebrado recientemente su primer año en el Palau de la Generalitat, tiempo suficiente para dejar claro cuál es su hoja de ruta. Y uno de los puntales de ese plan es dar prioridad al diálogo con el Gobierno, una carpeta que empezó con mucha fuerza: cabe recordar que tan solo un mes después de la investidura del president, a finales de junio, se aprobaron los indultos; hubo un encuentro en Moncloa a principios de julio; y, a la vuelta de vacaciones se reactivó la mesa de diálogo, con una cita en Barcelona el 15 de septiembre. Sin embargo, esa negociación ha ido muy a menos hasta quedar casi paralizada: fuentes del Govern explican que las conversaciones discretas se mantienen pese a la crisis desatada por el espionaje, pero «no hay avances».

En el Govern aspiraban a reunir la mesa de negociación a principios de enero, pero el Gobierno lo frenó por las elecciones de Castilla y León y ahora es Moncloa a quien le entran las prisas mientras la Generalitat impone sus ritmos. Lo cierto es que el tiempo también apremia porque Aragonès, en su acuerdo con la CUP, se comprometió a dar dos años de margen a la mesa de negociación para valorar los resultados (es decir, hasta mayo de 2023, justo antes de las elecciones municipales). De momento, no hay ningún avance que permita llegar a 2023 con un buen balance y las posiciones están muy alejadas (la Generalitat insiste en la autodeterminación y la amnistía), aunque sí es cierto que el Gobierno está cediendo en algunas cuestiones y está evitando la judicialización de algunos asuntos, como pedía el Govern (por ejemplo, con la sentencia del 25% del castellano, ha optado por la vía acordada para su aplicación).

Tampoco el contexto parece que vaya a ser fácil en los próximos meses. El president está priorizando ahora la crisis del espionaje, que estalló hace poco más de un mes. Aragonès exigió un encuentro cara a cara con Sánchez y se emplazaron a ello cuando coincidieron en Barcelona a principios de mayo, pero, de momento, no hay nada en el horizonte. Salvo un nuevo encuentro con motivo de los premios que organiza Pimec en la capital catalana a finales de junio: allí coincidirán, nuevamente.

De hecho, día tras día la situación se enmaraña más. Contactos están habiendo para tratar de concertar el encuentro entre presidentes, que ahora es lo prioritario para reconducir la crisis, aunque Aragonès pone condiciones, que, de momento, no están siendo satisfechas. Desde el Govern reclaman que, para que haya una reunión, el Gobierno tiene que asumir responsabilidades, más transparencia sobre lo sucedido o desclasificando las autorizaciones judiciales y documentos del espionaje: una de esas tres condiciones se tiene que dar previamente porque quieren evitar una reunión que sea tan solo una foto.

Sin embargo, a la vista está que Sánchez no está, de momento, dispuesto a ceder a esas peticiones: se ha limitado a ofrecer dos reformas legales (una nueva Ley sobre secretos oficiales que sustituya la de 1968 y una reforma de la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia). El presidente del Gobierno, eso sí, en los últimos días ha buscado estrechar las relaciones con la Generalitat con diferentes mensajes: primero mostrando su clara voluntad a la reunión con Aragonès y, después, haciendo una acérrima defensa del diálogo porque las encuestas señalan que ha permitido mejorar el clima de convivencia en Cataluña.