Los socios de Sánchez desafían al Congreso tras el veto del PSOE a las lenguas cooficiales

El pleno del Congreso de los Diputados ha arrancado este martes con una bronca entre los socios de Pedro Sánchez y el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez, durante el debate de la controvertida proposición de Ley para reformar el reglamento del Congreso y poder usar las lenguas cooficiales (catalán, euskera o gallego). La iniciativa quedará rechazada porque se ha quedado sin el apoyo del PSOE, que era determinante para que prosperara.

Ante este escenario, los partidos nacionalistas que han intervenido y han impulsado la reforma legal han usado la lengua cooficial de su autonomía en el debate, lo que ha obligado a Rodríguez a frenar a muchos de los portavoces e, incluso, echarlos del atril. Rodríguez ha empezado moderando el debate al frente del hemiciclo, dando relevo a la presidenta Meritxell Batet, que ya se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a los independentistas por el uso del catalán.

La Ley estaba impulsada por Podemos, ERC, JxCat, PDeCat, PNV, Bildu, Compromís, BNG, CUP y Más País. En concreto, la propuesta legal aspiraba a modificar el artículo 6 del reglamento, que hubiera quedado redactado de la siguiente manera: “Los diputados tendrán el derecho de intervenir en las sesiones del pleno del Congreso y las Comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades Autónomas. Asimismo, tendrán el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas”.

La primera portavoz en intervenir ha sido Montse Bassa, de Esquerra, que ha recibido tres avisos del vicepresidente del Congreso y ha tenido que dejar, con muchas resistencias, la palabra. “Los independentistas no hemos venido aquí a reformar España”, ha espetado Bassa, con tono muy crítico, y ha dicho que en España se impone el “supremacismo del castellano”. “La España plural no existe, solo existe la España castellana”, ha añadido, tras repetir que la independencia es una “necesidad”. En la misma línea se ha expresado la portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, quien ha dicho que no poder hablar en catalán en el Congreso significa que no caben los independentistas. “Mi lengua es el catalán. Mi país es Cataluña”, ha expresado, antes de que le retiraran la palabra.

También Néstor Rego (BNG) se ha expresado en gallego y le han retirado la palabra. El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, y la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, han usado el euskera en pequeños fragmentos de su intervención, pero han terminado la intervención sin avisos. Ferran Bel (PDeCat) ha sido más ingenioso y ha ido traduciendo simultáneamente todo lo que decía en catalán al castellano: a su juicio, la reforma del reglamento “es lo más normal” porque si no, es “aceptar que no es un Estado plurinacional”. Joan Baldoví (Compromís) ha intercalado el valenciano y el castellano. A Albert Botran (CUP), quien ha defendido que el catalán “necesita ganar espacios” de habla, también le han retirado la palabra después de tres avisos.

Hasta el propio Pablo Echenique se ha echado a hablar en aragonés en una muy breve intervención para defender la reforma del reglamento.

Sin embargo, la Ley ha chocado con el rechazo del PSOE. El diputado Guillermo Antonio Meijón ha sido el encargado de defender la postura socialista y ha asegurado que “existe un equilibrio razonable del uso de las lenguas propias en las Cortes Generales”, en referencia al Congreso y al Senado, donde sí se ha ido dando más espacio a las lenguas cooficiales con sucesivas reformas legales. En cualquier caso, el parlamentario socialista ha reivindicado que la Constitución protege las lenguas propias y ha situado al PSOE como el principal garante de su preservación. “La pérdida de hablantes es el verdadero peligro”, ha advertido.

El diputado del PP, Miguel Ángel Jerez, ha asegurado que la iniciativa de los socios nacionalistas del Gobierno parte de la voluntad por “sustituir y minar lo común”, que es el castellano. “Han pretendido sustituir lo común por lo concreto. Olvídense de nosotros si quieren balcanizar el orden parlamentario y ponerle puertas al entendimiento entre iguales”, ha afirmado, tras recordar la jurisprudencia establecida por Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que han fijado que “el conocimiento de la lengua oficial y común es un derecho y deber de todos los españoles; que existe “un margen para definir la anchura del uso de las lenguas cooficiales cuyo limite constitucional es la no discriminación de quien usa lengua común”; y, que en cualquier ámbito autonómico, la “regulación de las lenguas cooficiales debe hacerse compatible con la condición común de la lengua castellana”.

Juanjo Aizcorbe (Vox) ha considerado que es un “despilfarro inútil de millones de euros” la traducción a las lenguas cooficiales. “Exacerbar el hecho diferenciador forma parte de la peor liturgia separatista”, ha señalado. Carlos Garcia Adanero (UPN) ha criticado que el principal “problema con las lenguas es la imposición”. “Su gran fracaso (en referencia a los nacionalistas vascos) es que saben que un lugar como Álava solo el 5% habla euskera después de gastar mucho dinero y en Navarra, un 2,7%. Ese es un gran fracaso”, ha zanjado. José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) ha señalado los problemas en la educación catalana, afirmando que los independentistas, cuando atacan al castellano, no atacan a la lengua, sino el “derecho de los niños” a estudiarlo. “A ustedes les preocupan sus derechos personales”, ha zanjado.