Un perito de los Franco rechaza que pueda haber daños en el Pazo de Meirás por retirar bienes

Con el destino definitivo del Pazo de Meirás en manos delTribunal Supremo tras el recurso presentado por la familia Franco, ayer comenzó en La Coruña la vista relativa a las cuestiones incidentales propuestas para determinar qué bienes forman parte de la propiedad, pues cuando se estableció que pasaba a manos del Estado, sus dueños hasta entonces quisieron llevarse sus pertenencias. Pero el juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña decidió que primero había que fijar la titularidad.

De entrada, la representación legal de los Martínez-Bordiú Franco renunció ayer a cinco de los bienes que reclamaban, como se preveía por el peritaje que encargaron a primeros de año. En las cuestiones previas, una de las abogadas de los Franco explicó que renunciaban a un cordobán pintado situado en la capilla, una escultura de San José, un monolito de piedra y dos escudos de Franco, bienes insertados en el pazo cuya extracción afectaría de forma estructural. Su «inseparabilidad» ha sido clave en esta cuestión.

De los existentes, el Estado ha reclamado 133 y eran 55 los que estaban en discusión con la familia Franco. Con posterioridad, la Xunta de Galicia comunicó a la administración estatal que hay otros 49 bienes, unos de la época de Emilia Pardo Bazán y otros de la Jefatura del Estado, que deberían tener también la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), y planteó al Estado que los reclamase.

Con la decisión comunicada ayer, serán un total de cincuenta las propiedades –de todo tipo, dentro y fuera de la finca– cuya titularidad se dirimirá en el proceso judicial abierto.

Por su parte, un perito de los Franco rechazó la posibilidad de que se produzcan daños en las paredes de piedra u otros elementos del pazo si se retiran bienes, a preguntas de la letrada de la familia. Lo mismo mantuvo interpelado por abogados de las administraciones personadas –Estado, Xunta, Ayuntamiento de Sada y de La Coruña y Diputación coruñesa–, en la vista para dirimir qué bienes pueden retirar los Franco. En este sentido, rechazó que haya «un problema grave en retirar apliques» aunque estén en muros de piedra para sujetar bienes que están en disputa entre el Estado, como titular ahora del inmueble, y las demás administraciones personadas en la causa contra los Franco.

Al respecto, aseguró que, para tapar lo que quede al descubierto, hay en el mercado elementos que «imitan la piedra». «Eso se hace en obras de rehabilitación», sostuvo el arquitecto, que precisó que su informe pericial se limitó a analizar si «técnicamente» es posible retirar bienes como estatuas, un mural, un sarcófago u otros elementos como blasones, sin «afectar» al pazo, pero sin entrar en la posible pérdida de valor histórico, informa Ep.

Cuestionado sobre si cree que mesas de piedra y bancos ubicados en el exterior u otros elementos como pilas bautismales se colocaron con el sentido de permanencia, se mostró convencido de que así era, pero rechazó, frente a los peritos de la Xunta y el Estado, que puedan perder valor por su ubicación en un lugar distinto al pazo. Por otra parte, descartó, frente a la perito del Estado, que haya que «picar la piedra» para quitar algunos de los bienes, a preguntas de ambas partes.

Antes declaró el que fue guarda de la finca entre 2003 y 2020 quien indicó que, cuando él llegó al inmueble, hace 19 años, se trajeron de Madrid «muchas cajas» con cuadros, camas y jarrones, entre otros. «Los muebles que se incorporaron venían de Madrid, pero en el pazo cuando llegamos ya había muchas cosas», explicó este testigo, que apuntó que él colgó algunos de los cuadros que había en la capilla, sin concretar de dónde procedían, y que, por orden de Carmen Franco, cambió algunas piezas de lugar.

Además, peritos aportados por el Estado y la Xunta coincidieron en que bienes en disputa forman parte del «conjunto» y advirtieron de que retirarlos supondría romper «el propio sentido histórico» del inmueble. «Son necesarios para entenderlo», dijeron sobre el pazo. De este, uno de los peritos recalcó que fue concebido como «un proyecto unitario» por parte de la escritora Pardo Bazán.

Por su parte, el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que declaró como testigo y no como perito, afirmó que el traslado de bienes en disputa «supondría una merma del valor histórico y cultural del conjunto».