Dignidad y Justicia insta a la Audiencia a investigar la “política de expulsiones forzadas” de ETA

Dignidad y Justicia (DyJ) sigue adelante con su cerco judicial a los terroristas que estuvieron al frente de ETA por su supuesta responsabilidad, por autoría mediata, en los atentados cometidos bajo su mando. La asociación que preside Daniel Portero presentó ayer mismo en la Audiencia Nacional una querella contra diez exjefes de la banda criminal por asesinato, coacciones y amenazas terroristas por el atentado que costó la vida al concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa el 4 de junio de 2000. Se trata de uno de los 379 asesinatos de ETA sin resolver que el abogado de DyJ, Miguel Ángel Rodríguez Arias, hizo llegar al Parlamento Europeo.

La denuncia -interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 1 que dirige Alejandro Abascal, en el que se investigó el atentado-, se presenta contra los etarras que supuestamente “integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos”: Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”; Javier García Gaztelu, “Txapote”; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi”; Mikel Albisu, “Mikel Antza”; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”.

Para Dignidad y Justicia el asesinato del edil del PP es un exponente de la “política de expulsiones forzadas de distintos sectores de población no nacionalista” dirigida por la Zuba o comité ejecutivo de ETA desde finales de 1977. Por eso, la denuncia va más allá e insta a la Audiencia a investigar “la política de expulsiones” dirigida por la cúpula etarra, a la que fue sometido el propio concejal popular y que considera una circunstancia “absolutamente determinante de su asesinato”. De hecho, insta al instructor a abrir una pieza separada para el “esclarecimiento de esa persecución y amenaza terrorista desplegada, que lo fue no sólo contra Pedrosa”.

“Larga campaña de coacciones y amenazas”

Y es que, resalta el letrado en la querella, su asesinato fue consecuencia directa “de su resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco” pese a la “larga campaña de coacciones y amenazas terroristas” que padeció. Se trató, hace hincapié, de un “crimen instrumental o ejemplificante” para que tomaran nota “otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar” del País Vasco.

Para la asociación de víctimas las campañas etarras de expulsión de población contraria a sus postulados (entre 60.000 y 200.000 personas según el Instituto Vasco de Criminología, entre el 5 y el 10% de la población, lo que califica de “limpieza étnica”) adolecen de una “sorprendente” ausencia de “una investigación judicial efectiva. Para Dignidad y Justicia se trata del “mayor crimen en número de sujetos pasivos perpetrado en España desde la Constitución”.

En el caso de Pedrosa, explica, se produjo una “persecución, tentativa de expulsión mediante coacciones y amenazas idóneas y consumadas” antes de su “asesinato selectivo”. El edil popular fue, subraya, “una de las numerosas víctimas parte de la política de expulsiones forzadas del País vasco dirigida por la Zuba bajo amenaza de muerte” y “eliminación”.

Medio centenar de asesinatos identificados

El abogado de DyJ lamenta que esa “imparable política de expulsiones perpetuada Zuba a Zuba durante largos años” no se haya visto correspondida hasta ahora “con una ejemplar y decidida investigación por parte de ese mismo estado de derecho y esa misma democracia que él (Pedrosa) defendió con su vida”.

La asociación de víctimas ha identificado ya medio centenar de asesinatos de ETA que vinieron precedidos por amenazas de muerte de las sucesivas cúpulas etarras para conseguir que sus víctimas “abandonasen de una vez y para siempre” el País Vasco y Navarra.

Una amenaza latente de expulsión forzada que, expone, cesó con el comunicado de ETA anunciando el cese de la actividad armada el 20 de octubre de 2011. Es desde esa fecha, defiende, cuando debe computarse el comienzo del plazo de prescripción de lo que define como un delito “de consumación permanente de coacciones y amenazas terroristas contra miles de seres humanos”.

No obstante, DyJ defiende que se trata de un delito de lesa humanidad de expulsión forzada de población (imprescriptible) que se habría consumado de forma permanente de que entró en vigor ese delito en octubre de 2004 hasta el anuncio de cese definitivo de la actividad armada de ETA.

La denuncia señala específicamente a “Iñaki de Rentería” y Olarra Guridi, que fueron los encargados -mantiene- de llevar supuestamente esa política “a su máximo grado”, erigiéndose en “los grandes perseguidores de los hombres y mujeres del Partido Popular, a los que persiguieron y acosaron sin piedad, a los que enviaron asesinos a matarlos junto a sus propios familiares, en las mismas puertas de sus casas”.

Dignidad y Justicia tiene claro que detener esa política de acoso estaba en manos de la cúpula de ETA pues bastaba una “contraorden” de detener los asesinatos de concejales electos. “De haber sido dada por la Zuba en mayo de 2000, en vez de en julio de 2005″, mantiene, Pedrosa “no habría sido asesinado por ningún comando”.