De la ruptura de la sociedad catalana a la ruptura del soberanismo

«Durante las sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 septiembre del año pasado, a pesar de nuestras advertencias, se traspasaron líneas rojas que rompieron en dos el Parlament de Cataluña, dividieron a la sociedad catalana y abrieron el camino al desastre político más relevante tras la aprobación de la Constitución y del Estatut. No es de extrañar que algunos autores, como Daniel Gascón o Pau Luque, lo denominen golpe posmoderno». Así se manifestaba Miquel Iceta, hoy ministro y presidente del PSC, en 2018 para explicar cómo la mayoría independentista cercenó los mínimos derechos democráticos de la oposición para imponer sus «leyes de desconexión».

La aprobación de esos textos –Ley de referéndum de autodeterminación de Cataluña y ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República– suponía de facto un intento de derogación del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en Cataluña sin seguir los procedimientos previstos en la modificación de estas leyes, ni atenerse a las mayorías necesarias y atropellando los derechos de las minorías que representaban como mínimo al 50 por ciento de la ciudadanía catalana.

Cinco años después las cosas han cambiado mucho. La unidad independentista es una entelequia. Junts per Catalunya, CUP y ERC tienen hojas de ruta diferentes. Su mayoría –supuesta– del 52% en el Parlament no ha resistido los embates de la realidad y las tres formaciones flirtean con la ruptura y la Asamblea Nacional Catalana, el otrora buque insignia de la movilización, amenaza a los partidos con la presentación de una candidatura antipartidos para «hacer efectivo el mandato del ‘1 de Octubre’».

El primer síntoma de disgregación se produjo cuando la CUP no apoyó los presupuestos del Govern que salieron adelante con el voto de los Comunes. La cohabitación en el Ejecutivo entre ERC y JxCAT es un imposible con un sector de este partido liderado por Laura Borràs que quiere romper amarras de forma inmediata. La ejecutiva del lunes pasado fue tensa. Jordi Turull consiguió imponerse y dar 30 días a Aragonés a renunciar a su proyecto de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez al tiempo que echaba gasolina en el fuego de la discordia abogando por enterrar la estrategia de la Mesa de Diálogo porque «vacía el autogobierno catalán».

En estos días, la discordia ha ido creciendo. Aragonés no está dispuesto a renunciar a sus principios y ha hecho un gesto que pone en evidencia la ruptura política y social del independentismo: no asistirá a la manifestación de la Diada convencido de que la ANC, presidida por Dolors Feliu, una exmilitante de Convergència Democràtica, quiere convertirla en una marcha contra ERC, con pitada incluida. La situación de confrontación es tal que la CUP sopesa no asistir tampoco como organización porque la evidencia es que Junts per Catalunya quiere apropiarse de una manifestación que hace 10 años era de todos los catalanes y desde 2012 solo de los independentistas. Ahora, solo será un feudo para los más radicales, los hiperventilados en la jerga secesionista. En este grupo conviven Junts per Catalunya con el liderazgo de Carles Puigdemont, que tampoco es lo que era, y los radicales que quieren ir a una nueva confrontación con el Estado al margen de los partidos. No está claro hasta cuándo durará este matrimonio de convivencia. Junts amenaza con la ruptura pero no ha movido pieza cuando ERC y la CUP, con el necesario apoyo del PSC, ha enviado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, al rincón de pensar. Tampoco sus consellers han dicho esta boca es mía. No parece que esté en sus planes abandonar el Govern porque fuera del Ejecutivo hace frío y las municipales están a la vuelta de la esquina y Junts se la juega. Necesita tener más alcaldes que ERC y no desaparecer del área metropolitana de Barcelona donde sus fuerzas son exiguas. Y ERC necesita resistir a un PSC que le puede arrebatar Lérida y Tarragona, mientras que en Barcelona la aparición del exalcalde Xavier Trías al frente de un Junts más parecido a CDC pone en jaque a todas las encuestas, convirtiéndose en el salvavidas del sector más moderado de su formación.

En el campo constitucionalista, el mapa también ha cambiado. Las últimas elecciones las ganó el PSC de Salvador Illa que, según el CIS catalán, las volverá a ganar ampliando su ventaja. Ciudadanos está en desintegración, Vox entró con 11 diputados aunque su acción política es nula y el PP parece renacer de sus cenizas. Además, el rechazo a la independencia sigue aumentando y la opción unilateral de romper amarras con España está en los niveles más bajos desde 2012.

La manifestación del próximo domingo será un termómetro aunque su preparación ya no es lo que era. Nada de centenares de autocares, masivas preinscripciones para tener un lugar en la manifestación, y en la historia, y perspectivas de menos aglomeraciones. Este año la marcha discurrirá desde la Avenida del Paralelo y Paseo de Colón –pasando por delante de Capitanía General– para acabar en las puertas del Parlament. Se espera una masiva asistencia pero alejada de aquellas cifras esotéricas de los dos millones de asistentes previos a la pandemia.