El juez rechaza enviar a prisión a “Mikel Antza” por el atentado de Santa Pola, como pedían las víctimas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado acordar la prisión provisional de los exdirigentes de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Ramón Sagarzazu, “Ramontxo”, tal y como habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en el marco de la investigación a seis exjefes etarras por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), el 4 de agosto de 2002, en el que fueron asesinados una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, de 57.

Pero el magistrado sí ha impuesto a “Mikel Antza” la obligación de comparecer cada mes en el juzgado y le ha prohibido salir de España. Además, deberá designación un domicilio para estar localizado. Al exresponsable etarra ya se le habían impuesto medidas similares en las causas en la que está siendo también investigado por los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Respecto de Ramón Sagarzazu, el instructor le conmina únicamente a designar un domicilio donde pueda ser localizado.

Y es que García Castellón no aprecia riesgo de fuga ni de reiteración delictiva o de destrucción de prueba. En su resolución, señala que Mikel Albisu está localizado, posee arraigo en España y no se infiere que vaya a evadirse de la acción de la justicia (no lo ha hecho en las otras dos en las que está investigado aunque sigue en libertad). Respecto a la posible destrucción de pruebas, sostiene que han transcurrido ya más de 20 años desde los hechos investigados, por lo que no es previsible que vaya a suceder “ya que no existe una inmediatez entre la comisión delictiva y esta instrucción”. Y en cuanto a que pueda volver a delinquir, dice que ahora no existe dicho riesgo “ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese en sus actividades criminales”.

No obstante, sí ve necesario imponerles medidas cautelares ante la gravedad de los delitos que se les atribuyen (integración en organización criminal y asesinato terrorista) y las elevadas penas de prisión con que están castigados.

Cuatro comparecencias por videoconferencia

Cuatro de los exdirigentes etarras investigados han comparecido por videoconferencia ante el juez en relación a estos hechos. Pero solo uno, el propio Sagarzazu, ha declarado finalmente (aunque solo a preguntas de su abogado y del fiscal Vicente González Mota). Lo ha hecho para negar cualquier responsabilidad en el atentado, además de hacer hincapié en que fue condenado en Francia como militante de ETA, desvinculándose de la supuesta dirección del “aparato internacional” de la banda terrorista.

“Mikel Antza”, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica (estos dos últimos desde prisión) se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que las comparecencias de María Soledad Iparraguirre, “Anboto” (por problemas en el traslado entre centros penitenciarios) , y Félix Ignacio Esparza (que cumple condena en el centro penitenciario francés de Lannemezan) no se han podido llevar a cabo.

Todos ellos, según un extenso informe de la Guardia Civil de más de 300 folios que ya tiene en sus manos García Castellón, ordenaron el atentado como integrantes del comité ejecutivo etarra, del que supuestamente formaban parte entonces.

Según fuentes jurídicas, los abogados de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Vanessa Santiago, han expuesto que existe “un riesgo real de huida” de “Mikel Antza”. Para los letrados, que han esgrimido un informe pericial, “la experiencia” que acumuló durante los años en los que desarrolló su labor de “organizador del comité de refugiados y deportados huidos de la Justicia” le garantiza “los contactos y conocimientos suficientes como para encontrar los medios necesarios para subsistir fuera de España”. Además, han añadido, “maneja a la perfección los diferentes posibles canales de financiación en los que se pudiera apoyar”.

Y en cuanto a Sagarzazu, Dyj considera que su responsabilidad al frente del “aparato internacional” de ETA, que supuestamente ostentaba en la fecha de los hechos investigados, le garantizan los contactos necesarios con etarras huidos para ponerse fuera del alcance de la Audiencia Nacional si continúa en libertad.

“Mikel Antza” ya tiene prohibido salir de España

“Mikel Antza” no puede salir de España por orden judicial desde diciembre del pasado año. Así lo acordó el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que investiga su presunta responsabilidad en el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995.

Meses más tarde, el pasado julio, también García Castellón le impuso la misma medida (en ese caso en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco). Entonces, el magistrado precisó que no advertía riesgo de fuga porque Albisu estaba “localizado, posee arraigo en España y no se infiere que vaya a evadirse de la acción de la Justicia”. Además, apuntó que la investigación estaba dando sus primeros pasos y ni siquiera se atisba un posible juicio.

Tampoco apreció el magistrado peligro de destrucción de pruebas (pues más de 25 años después, subrayó, “no se puede afirmar que se puedan destruir pruebas”), ni de una posible reiteración delictiva “ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese de sus actividades criminales”.

Responsabilidades en el comité ejecutivo etarra

María Soledad Iparraguirre, “Anboto”, Juan Antonio Olarra Guridi,Ainhoa Mújica y Félix Ignacio Esparza (éste último desde el centro penitenciario francés de Lannemezan) han declarado de forma telemática desde las prisiones donde cumplen condena, mientras que “Mikel Antza” y Sagarzazu, que están en libertad, lo han hecho de forma telemática desde los juzgados de San Sebastián.

“Mikel Antza” estuvo al frente del “aparato político” de ETA desde 1994 hasta su detención en octubre de 2004. Era, según el instructor, el encargado de definir la línea “política” de la banda criminal y de aprobar, “en el seno del máximo órgano de dirección de ETA”, la estrategia que determinaba la “acción militar” de la organización terrorista.

Cuando se cometió el atentado, Sagarzazu lideraba presuntamente el “aparato internacional”. Como miembro del comité ejecutivo etarra, según el instructor participó “de forma activa y solidaria” en las reuniones de la Zuba, “el núcleo decisorio donde ETA ideó, planificó y coordinó la “campaña de verano” del año 2002 y eligió al comando encargado de llevarla a cabo, campaña en la que se enmarca el atentado” (por el que en 2012 fueron condenados a 843 años de prisión Óscar Zelarain y Andoni Otegi como autores materiales).

“Dirección y control” del “comando Argala”

Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, como responsables del “aparato militar” de ETA (hasta su detención en septiembre de 2002) ejercían en la fecha del atentado labores de “dirección y control” del “comando Argala” -según expuso García Castellón en el auto de imputación basándose en un informe de la Guardia Civil-, cuyos miembros se encargaron de colocar el coche bomba.

A “Anboto” la sitúa el juez en esas fechas al frente de la tesorería de ETA, por lo que como supuesta integrante del comité ejecutivo de la banda terrorista (Zuba), la Guardia Civil le atribuye una participación “activa y solidaria” en las reuniones de la cúpula etarra donde se tomaban las decisiones, a las que también asistía Sagarzazu como responsable del “aparato internacional”.

Por último, Félix Ignacio Esparza, responsable del “aparato logístico” entre septiembre de 2001 y abril de 2004 (e detenido en Saint Paul les Dax (Francia), fue también para el magistrado corresponsable de las decisiones adoptadas en el seno del comité ejecutivo de ETA.