Se va, se está yendo

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dice que se va, lo sigue diciendo. Que él así no puede. Dice que lo deja, que esta semana va en serio, pero no acaba de irse. Ya se iba a principios de septiembre, y se iba la semana pasada, pero no. Se va también esta. Y si no, la que viene. O la otra. Condiciona renunciar a su marcha, este irse más largo que una boda gitana, a la resolución del conflicto entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé yo si ese «que me tiro por el balcón» tan de madre desesperada ante hijo adolescente servirá de algo, si no ha servido ni siquiera el bochorno de que el comisario europeo de Justicia se haya tenido que desplazar para hablar con las partes, como si fuese una mediadora familiar tratando de que dos irresponsables no se hagan daño el uno al otro con los hijos ni se lo hagan a estos. Con el pastel que hay sobre la mesa, que no es poca cosa, esta amenaza de saltar por la borda no es, precisamente, una ayuda. Lo único que conseguiría, en realidad, es agravar el problema. Aquello de la gasolina y el fuego, vamos, nivel ninja: el presidente largándose justo cuando más se le necesita.

Aunque en este momento y después de tanto repetir que se va, la única salida digna que le queda es la dimisión. Lo que provocaría, claro, que además de solucionar un bloqueo que se arrastra ya desde hace casi cuatro años y la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha expirado, hubiese también que nombrar a un sustituto como presidente. Y es que aunque él ha encargado un informe para ver quién debería sustituirle tras su marcha, si es que esta finalmente se produce (sin prisas, con la calma), los vocales no tienen tan claro que esas sean las formas.

Consideran que si se va, si es que se va, si se acabara yendo, no sería asunto suyo ya la designación de su sustituto.

Uno que llegaría, encima, a comandar la situación anomalísima de, a las puertas del semestre de la presidencia de turno que le toca asumir a España en julio de 2023, presidir un CGPJ en bloqueo y sin demasiados visos de solución inmediata. Y es que, pese a que en la Unión Europea, comisario europeo de justicia mediante, insisten en el diálogo y en que sean nuestros políticos quienes lo solucionen, lo cierto es que desde el gobierno se mantienen, inasequibles al desaliento, en la postura de responsabilizar al PP de la situación. Se ve que para ellos «diálogo» consiste en que la oposición se pliegue a sus deseos por la gracia de Sánchez (alto y guapo, ya saben) y sin chistar. Y no escuchar y negociar con el Partido Popular que, lo que reclama precisamente es lo que desde hace ya mucho tiempo, desde la Comisión Europea, se exige a España: que despolitice la Justicia y se reforme el CGPJ, así como la forma establecida para elegir a sus vocales, de manera que al menos la mitad lo sean por los propios jueces y no por formaciones políticas.

Es decir, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la forma de elección a los estándares europeos y a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en cuanto a independencia judicial. Y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los suyos siguen señalando al pajarito, nosotros ya no miramos ni al pajarito: miramos al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes diciendo que se va, que se está yendo, que ya se ha ido…