El Poder Judicial y las asociaciones judiciales defienden el trabajo de los jueces sin fisuras

«Desafortunadas», «intolerables», «insultantes», «irresponsales», «ignorantes»... y un sinfín de calificativos con los que los jueces describen las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y algunos responsables del Gobierno a raíz de la polvareda levantada por la aplicación de la Ley del «solo sí es sí». Todos los magistrados en bloque, asociaciones judiciales y órgano de gobierno de los jueces critican que el foco de la rebaja de las condenas se haya puesto sobre ellos cuando el Código Penal es claro en este sentido: si hay reducción de penas se deben aplicar a favor del reo. Sin distinción, señalan el desconocimiento del Derecho del Ministerio de Igualdad y lamentan que ahonden en el descrédito de la Justicia que va en perjuicio de las víctimas.

«Evidentemente no todos los jueces son machistas», explica Alejandro González Mariscal, juez de Palma de Mallorca y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que es mayoritaria en la carrera judicial. «Nosotros asumimos la crítica como parte inherente de nuestra labor y evidentemente resolvemos cuestiones controvertidas. Pero esto no es una crítica, es un insulto», dice en referencia a las acusaciones vertidas por Montero o por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Ante el goteo de revisiones de condenas de violadores y condenados por delitos sexuales, las impulsoras de la Ley han puesto la pelota en el tejado de los que firman las sentencias y los señalan por interpretar de forma machista el Código Penal. Los jueces defienden que ni siquiera entran en el fondo de los hechos probados, sino que se trata de pasar la lupa sobre las nuevas horquillas en las que se mueven las penas y trasponerlas. Si el delito de agresión sexual con penetración antes se condenaba con un mínimo de seis años y ahora el mínimo es de cuatro, aquel que tuviera un fallo por la pena mínima tendrá derecho a un nuevo cómputo rebajando estos dos años. «Si me cambias las reglas del juego tengo que aplicar las nuevas reglas», añade González Mariscal.

«Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces», respondieron ayer desde la asociación más progresista de las cuatro, Jueces y Juezas para la Democracia. «No es un problema de machismo, sino de técnica legislativa. No es una sorpresa [la rebaja de penas] para cualquiera que se haya tomado cinco minutos en leer la Ley», expone Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que, además, ha trabajado durante 15 años en un Juzgado de violencia de género. La ministra Montero dijo ayer que haría que se cumpliera otra parte de su reforma estrella que consiste en más formación en materia feminista, pero el magistrado recuerda que los togados desde las oposiciones tienen temario sobre violencia contra la mujer, que luego continúan en la escuela judicial obligatoria y añaden cursos especializados del CGPJ. «La expectativa creada por esta Ley era muy alta. Una Ley rodeada de fanfarria y que lo que ha hecho es quitar un término [abuso sexual] y refundir las penas [en la agresión sexual]», remacha el portavoz de Foro Judicial Independiente Fernando Portillo.

La comisión permanente del CGPJ, presidida por el vocal progresista Rafael Mozo, también salió ayer a defender el trabajo de los jueces. En un comunicado conjunto recordaron que ellos ya habían advertido de la rebaja de penas en febrero de 2021 cuando tuvieron en sus manos el borrador y añadieron la «más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos» sobre la carrera judicial. Las palabras de Montero [a quien no nombran específicamente] «se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con las víctimas» y «minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la Justicia, aumentando su desprotección».