El Gobierno de Pedro Sánchez se abre a una reforma limitada de la malversación

Solo dos días después de que PSOE y Unidas Podemos presentasen en el Congreso la reforma del Código Penal que derogaba la sedición y la sustituía por un delito de desórdenes públicos agravados, el presidente del Gobierno abría la puerta a estudiar también cambios en el delito de malversación. Lo hacía en el marco de la tramitación parlamentaria de la citada reforma, ante las posibles enmiendas que presentase ERC al texto. Desde entonces, el Gobierno ha sido deliberadamente ambiguo sobre su posición respecto a este delito, una ambigüedad que Sánchez borró ayer de un plumazo. El jefe del Ejecutivo confirmó, en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados, que valora una reforma limitada de este ilícito penal.

La recepción por el Día de la Constitución brindaba el contexto propicio para que el Gobierno fijara posición sobre una cuestión que colea desde hace semanas y que tensiona al partido, donde consideran que ceder en el delito central de la corrupción es «un peaje inasumible». En un primer momento, fuentes gubernamentales pidieron prudencia y esperar a ver «qué presentan» sus socios de ERC, pero el propio Sánchez dio carta de naturaleza a los cambios, asegurando que «no va a haber ningún retroceso en regeneración democrática». «No se van a rebajar las penas que tengan que ver con la corrupción», señaló en un corrillo con periodistas.

Ante estas declaraciones, resulta pertinente preguntarse qué entiende el Gobierno por «corrupción» y en qué supuestos operaría esa reforma limitada del delito de malversación. A la espera de la redacción concreta de la enmienda por parte de ERC, desde el Ejecutivo se deslizan referencias al derecho comparado y a las concepciones de este delito que existen en códigos penales como el de Italia, Portugal y Francia. Unas legislaciones que, en este último caso, son muy similares a la española, pues no discrimina entre la ausencia o no de enriquecimiento personal. Asunto que se apuntó en un primer momento desde el Ejecutivo como objeto de revisión.

El Gobierno da así alas a la reforma «quirúrgica» que ya anticipó Gabriel Rufián, vinculada a la sedición, para evitar acabar beneficiando a otros condenados por corrupción, como los vinculados al caso de los ERE, Nóos o Gürtel, entre otros. El PSOE presentará el viernes también sus propias enmiendas a la reforma del Código Penal, que irían orientadas a proteger ciertos tipos de protesta, que quedarían ahora comprometidos en la tipificación de desórdenes públicos agravados, como es el caso de los piquetes sindicales.

La modificación de la malversación está en una fase muy embrionaria, a la espera de que ERC la concrete negro sobre blanco, y tendrá que ser lo suficientemente solvente como para lograr concitar el apoyo del resto de aliados de la izquierda, que hasta ahora se mostraban reticentes a tocar el delito de corrupción por antonomasia. Avanzar también en la malversación supone una prueba de fuego para la credibilidad –ya maltrecha– de un Gobierno que llegó al poder a lomos de la moción de censura al PP, tras la sentencia de la «Gürtel». De hecho, los populares tocaron en 2015 la malversación para endurecer los supuestos, deshaciendo la casuística que permitía discriminar si existía lucro personal o no.

En el propio PSOE reconocían a este diario que, así como la sedición podría encuadrarse dentro de la agenda de «pacificación» de Cataluña, la malversación «tiene muy mala defensa». Sánchez considera que primero con los indultos y ahora con el ticket «sedición-malversación» se cierra el círculo de su apuesta por la normalización catalana. «Cataluña va a ser un activo electoral», sostiene el presidente. No lo piensan así en el resto del partido, donde entienden que se lanza un nuevo mensaje de subordinación a los intereses independentistas, después de ceder con la sedición.

A la espera de que se concrete la propuesta de Esquerra, esta cuestión se convierte en nuevo foco de desgaste para el Ejecutivo, acrecentando un ruido que impide que se rentabilicen los réditos derivados de la gestión del Gobierno. La oposición, desde luego, no está dispuesta a soltar la pieza. Las declaraciones de Sánchez sobre la malversación fueron recorriendo el resto de corrillos paralelos en el Salón de los Pasos Perdidos. Fuentes del PP marcaron posición de inmediato, asegurando que la reforma de la malversación, sea cual sea su sentido, confirma que el Gobierno hace «lo que diga ERC». «Rufián se ha convertido en el mayor penalista del Reino de España», apuntaron desde el entorno de Feijóo. En el principal partido de la oposición se muestran seguros de que Sánchez ha dejado clara la hoja de ruta que mantendrá hasta el final de la legislatura.