ERC «negocia» con Moncloa arreglar la malversación

El obstáculo, el coste reputacional. Los independentistas se abren paso en Estrasburgo para ganar su denuncia contra el Estado español gracias a la supresión de la sedición

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, abogó ayer por tipificar en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilegal. Lo hizo durante el homenaje a la Constitución celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, un día antes del que hoy se celebra en el Congreso de los Diputados.

Este fue el compromiso con el que el PSOE se presentó a las generales de diciembre de 2019, una de sus principales banderas, y sobre este aniversario de la Constitución pesa la negociación del Gobierno con ERC, que ya se ha materializado en la derogación del delito de sedición. Y también la que Moncloa –aunque oficialmente lo niega–y ERC mantienen abierta para ver si consiguen «arreglar» la exigencia de los independentistas de que se modifique la regulación de la malversación. El objetivo es que este cambio permita aliviar el expediente de los ya condenados por el «procés» y ayude, además, a todos los que están todavía pendientes de juicio.

La negociación sigue abierta, con una meta volante que es el viernes, cuando termina el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley para reformar la sedición. ERC no puede presentar una enmienda sin tener la seguridad de que cuenta con los votos necesarios para sacarla adelante por el coste reputacional. El problema es encontrar la fórmula para que esta reforma no beneficie a los condenados por corrupción, solo que legislar «ad hoc» para la causa independentista abre en paralelo el debate sobre hasta qué punto estas decisiones, que responden a una coyuntura política, no dejan desprotegida la Constitución y garantizan la impunidad al secesionismo.

De momento, la supresión del delito de sedición despenaliza los hechos de 2017, lo que da una baza muy importante a los independentistas en la causa que tienen abierta contra el Estado español en Estrasburgo, en la medida en que la reforma viene a darles la razón en la supuesta falta de proporcionalidad de la que acusan a la sentencia del Supremo.

La proposición de ley de los grupos socialista y de Unidas Podemos suprime el delito de sedición. En la malversación, chocan con el obstáculo que supone que retocarla beneficie a muchos corruptos y obstaculice las investigaciones. Oficialmente, Presidencia se desvincula de los planes de ERC, aunque la malversación entra dentro de la negociación en la que también se pactó la revisión de la sedición. El PSOE se ampara en la mala imagen que supondría un goteo de rebajas de penas a condenados por corrupción. Y esto es lo mismo que alegan los demás socios de la investidura, también Unidas Podemos, para ponerse de perfil. Pero para ERC es una línea roja, y no tanto por lo que representa para Oriol Junqueras sino por los juicios pendientes. ERC está tan decidida a seguir insistiendo con este asunto que si en la negociación que mantiene con Moncloa no encuentran la fórmula para sacar adelante la revisión de la malversación, su intención es plantearla en otra iniciativa parlamentaria.

Es significativo que el PNV también haya puesto en duda la posibilidad de que salga adelante esta reforma: están a la espera de ver qué propuesta se les plantea.

Además de los condenados por el Supremo y los fugados, como el ex presidente Carles Puigdemont, dos juzgados de Barcelona llevan causas de malversación contra organizadores del 1-0. ERC viene estos días dando a entender que serán capaces de presentar una propuesta en la que, supuestamente, se diferencie a quienes, según ellos, se han enriquecido con el dinero público y los que no, donde sitúan la frontera de lo que debe ser delito. Con una reforma de la malversación Junqueras también podría presentarse a las elecciones de 2023.

En el caso del «procés» la rebaja del delito de malversación no afecta solo a los cuatro condenados por el Supremo por el uso de dinero público: Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También a Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, huidos a Bélgica y procesados por sedición y malversación. Y a diputados como Josep María Jové, Lluis Salvador o Natalia Garrica, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del referéndum ilegal, malversación y desobediencia.