Anticorrupción pide el cierre definitivo de la causa sobre los papeles de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción presentó a finales de la semana pasada un escrito en la Audiencia Nacional solicitando el archivo definitivo de la causa sobre los papeles de Bárcenas que buscaba si existía alguna relación entre las anotaciones de la ‘Caja B’ del PP y las adjudicaciones o donaciones que luego se hacían. El objetivo era acreditar el cohecho, pero los investigadores no han hallado indicios sólidos durante la instrucción y ahora el titular del Juzgado Central número 5, Santiago Pedraz, debe decidir si cierra definitivamente este fleco sobre la corrupción del partido.

En los últimos meses había una diligencia que había estado bloqueando la investigación: un análisis pericial sobre las anotaciones del extesorero del partido Luis Bárcenas. El informe tardó meses en llegar al juzgado y el resultado no ha dado ningún resultado esclarecedor. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no encontraron ninguna evidencia que permitiera corroborar una relación directa entre las donaciones que registraba Bárcenas en sus cuadernos y las adjudicaciones que luego se acometían por parte del Gobierno que lideraban los populares. Como expuso LA RAZÓN entonces, la causa apuntaba al archivo.

Ahora el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral cree que ya no hay más hilos de los que tirar y, por eso, ha pedido el archivo definitivo, según informan fuentes del Ministerio Público.

Las pesquisas sobre los papeles que se guardaban en Génova se iniciaron en 2013 y ya en 2015 se archivaron por falta de pruebas. Pero, unas declaraciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio en 2017 volvieron a avivar el caso. Correa declaró que sí había correspondencia entre el dinero que entraba en B con su correspondiente anotación y luego las contrataciones que se hacían con empresarios afines.

Esto provocó la reapertura del caso a manos del entonces juez José de la Mata. Querían perseguir esa línea para acreditar que los pagos llevaran a contraprestaciones y esto ponía en el radar a decenas de empresarios.