El juez y el fiscal que investigaron al “rey de la noche” en Mallorca se enfrentan a más de cien años de cárcel

La investigación del que pasó por ser uno de los mayores escándalos de corrupción policial y empresarial en Baleares ha acabado volviéndose en contra del juez y el fiscal Anticorrupción que dirigieron las pesquisas que tuvieron al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach, el «rey de la noche» mallorquina, en el epicentro de esa supuesta trama de mafia policial.

Cursach y los otros 16 acusados fueron absueltos en noviembre del pasado año, pero el tribunal instó entonces a investigar al extitular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y al exfiscal de Anticorrupción Miguel Ángel Subirán por supuestas irregularidades en la tramitación de la causa.

Ahora, la Fiscalía pide para cada uno de ellos penas que superan los cien años de prisión (113 años para su excompañero de Anticorrupción y 110 para el exmagistrado) por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la Justicia y prevaricación (e inducción al falso testimonio, además, en el caso de Subirán). No solo a ellos. La Fiscalía también pide penas de 71 a 103 años de prisión para cada uno de los cuatro policías del Grupo de Blanqueo que participaron en la polémica investigación.

27 filtraciones de sumarios secretos en dos años

En su escrito de acusación, enumera entre 27 filtraciones del sumario del «caso Cursach» y de las investigaciones de los casos «ORA», «IME» y «Madame», entre julio de 2016 y septiembre de 2018, que estaban declaradas secretas y de las que responsabiliza a los acusados. Asimismo, Anticorrupción considera ilegales las detenciones acordadas en su día tanto de nueve funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Palma y un empresario como de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, exconcejal de Palma y exdiputado del PP, investigado por el supuesto amaño de la tramitación y adjudicación del servicio de la ORA.

Los fiscales Anticorrupción Tomás Herranz y Fernando Bermejo aseguran en su escrito que los medios de comunicación divulgaron datos procedentes de esas investigaciones cuando estaban declaradas secretas “sin que ninguno de los acusados, cuando no era el que facilitaba la información, impidiera o evitara tal divulgación ni investigaran quién filtraba tal información”.

Según su relato, a instancias del entonces juez Penalva el 13 de enero de 2016 todos los acusados, menos el inspector jefe del Grupo de Blanqueo, crearon un chat de WhatsApp, al que llamaron “Operación Sancus”, para comunicarse entre ellos (estuvo activo hasta septiembre de 2018). En ese chat, y antes de que se publicara en un medio local una información contra un policía investigado, el fiscal ahora acusado escribió: “Con la noticia del periódico se la voy a liar al hijo de la...”, respondiendo a renglón seguido el instructor: “Que se JODA”.

Sobornos y “orgías sexuales”

Entre esas informaciones filtradas supuestamente a la prensa, Anticorrupción señala una publicada por “Diario de Mallorca” el 12 de junio de 2017 (el mismo día que se levantó el carácter secreto de las mismas) que hace relación a la declaración que prestó una testigo protegida el 27 de marzo de ese mismo año, que acusó a dos jefes policiales de favorecer a determinados empresarios a cambio de sobornos y de “invitaciones a orgías sexuales”.

Asimismo, alude a la publicación de un informe policial en julio de 2018, cuatro meses antes de que se entregara a las partes, que acusaba al Grupo Cursach de defraudar 51 millones de euros a Hacienda, que según Anticorrupción fue filtrado por decisión del entonces inspector jefe del Grupo de Blanqueo, y también acusado, José Luis García Reguera.

En cuanto a la investigación policial por la tramitación y adjudicación del servicio de la ORA en Palma de Mallorca (investigación archivada en julio de 2021), la Fiscalía recuerda que en octubre de 2016 llevó a la detención de nueve funcionarios del Ayuntamiento de la capital balear que formaban parte de la mesa de contratación, dos ex altos cargos del Consistorio y el empresario adjudicatario, a consecuencia de la declaración de un testigo protegido de un supuesto amaño del concurso a cambio de una comisión de 1,2 millones de euros y de un piso en Palma.

“Sin aportar indicio alguno”

Una declaración cuyo contenido tacha de “completamente inconcreto y especulativo” y que dio lugar a un informe policial que señala a los doce detenidos, cuya conducta la Policía tildó de “plenamente consciente y deliberada, sin aportar indicio alguno que sostenga su afirmación”. El relato policial, señala Anticorrupción, “no explica cuál fue el proceder concreto” de cada departamento municipal “en la cadena de actos irregulares, más allá del mero ejercicio de sus competencias funcionales, ni tampoco explicita una actuación concreta de cada uno de los intervinientes y finalmente detenidos cuyos caracteres permitieran que pudiera ser incardinada en algún tipo penal”.

Tras esta “muy deficiente investigación”, aseguran los fiscales de Anticorrupción, se decidió la detención de todos los investigados, “despreciando” que tenían domicilio y lugar de trabajo “estables y conocidos, por lo que no era posible que manipularan, ocultara o destruyeran documentación, ni previsible que dejaran de acudir al llamamiento policial o judicial que pudiera hacérseles”.

Además, añade, en el interrogatorio de los detenidos ”se utilizaron fichas policiales que, en relación con cada uno de ellos, habían sido elaboradas por los policías acusados”, en las que constan las preguntas que se les tenían que hacer, así como que el objetivo es “que venda a…”.

“Presión” a un político del PP deteniendo a su familia

En cuanto al caso “ORA II”, que se puso en marcha por la declaración de una testigo protegida y que precipitó la investigación al entonces concejal del PP en Palma Álvaro Gijón, los fiscales apuntan que la Policía no encontró piso alguno “que pudiera haberse entregado directa ni indirectamente” al edil a cambio de amañar la adjudicación del servicio de estacionamiento regulado en la capital balear. Después de que el político declarase ante el juez a petición propia el 17 de marzo de 2017, recuerda Anticorrupción, se procedió a registrar los domicilios de sus padres y hermano tres meses después, como había solicitado la UDEF.

“Tras finalizar los registros, pese a que los indicios de sospecha de blanqueo racionalmente debían haber sido descartados pues se basaban en el montante de operaciones dinerarias efectuadas por sociedades vinculadas a la familia” del concejal o por ellos mismos que, además “eran de escasa entidad económica”, y que los tres tenían domicilio conocido, “por lo que estaban localizables y no existían indicios de que se sustraerían a un llamamiento judicial, fueron detenidos y llevados a Comisaría”.

Y es que según los fiscales los investigadores “se habían fijado como meta demostrar la implicación” del edil del PP en los hechos objeto del procedimiento penal “y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.

En el escrito también se hace referencia a la declaración de un investigado, que llevaba dos meses en prisión preventiva, el 7 de julio de 2016. Tras concluir esa comparecencia, el fiscal ahora acusado trasladó a su abogado que si efectuaba una nueva declaración “más acorde con las tesis que sostenían Subirán y Penalva, podría quedar en libertad”. Esa nueva declaración se produjo esa misma tarde y el imputado, “sabedor de que se estaba jugando su libertad, permitió que sus respuestas se acomodaran a lo que el fiscal pretendía, quien las dictó a la funcionaria alterando o magnificando el sentido de palabras o frases”, lo que el investigado “no quiso discutir para asegurase la libertad, que se produjo al día siguiente tras pedir el fiscal una fianza de 40.000 euros”.