Terrorismo

Siete etarras acercados: ya sólo quedan otros siete fuera del País Vasco y Navarra

Las víctimas denuncian que Marlaska les ha mentido en todo momento en el asunto de los reclusos

Los presuntos miembros del "comando Olaia" de ETA Idoia Mendizabal, Jon Kepa Preciado (i) y Jon González González, durante un juicio en la Audiencia Nacional
Los presuntos miembros del "comando Olaia" de ETA Idoia Mendizabal, Jon Kepa Preciado (i) y Jon González González, durante un juicio en la Audiencia NacionalChema MoyaAgencia EFE

Siete nuevos terroristas acercados a cárceles del País Vasco y siete que quedan por trasladar. Es el balance a día de hoy del acuerdo entre el Gobierno y EhBildu para “resolver” el problema penitenciario que suponía, para ellos, que cumplieran condena lejos de sus casas, sin haberse arrepentido, colaborado con la Justicia y pagar lo que deben a las víctimas.

Los beneficiados esta vez son los siguientes:

Dolores López Resina. Condenada a 102 años de prisión por su participación en el atentado de ETA del 22 de febrero de 1992 en Santander en el que fueron asesinados Eutimio Gómez, técnico de calefacción; Antonio Ricondo, químico, y Julia Ríos, panadera. También fue condenada a 186 años por su participación en el asesinato de Vicente Beti, Jefe de tránsito de consignataria de buques, el 18 de abril de 1994 en Barcelona. A 17 años por el secuestro de José María Aldaya (1995) y a otros 17 años por el secuestro de Cosme Delclaux (1996).

Óscar Barreras Díaz. En enero de 1999, la Audiencia Nacional le condenó a la pena de 35 años de prisión como responsable del atentado que acabó con la vida de Luis Andrés Samperio Sañudo, policía nacional

Mikel San Sebastián Gaztelumendi. La Audiencia Nacional lo condenó a 1.040 años de prisión como responsable del asesinato de Diego Armando Estacio Sivisapa y a Carlos Alonso Palate Sailema, civile que se encontrabam en la T-$ de Barajas cuando se produjo la explosión del coche bomba.

Luis Mariñelarena Garciandía. En 2002 fue condenado a 100 años de prisión como responsable del atentado en el que resultaron asesinados Fernando Buesa Blanco, político socialista. y su escolta, el ertzaina Jorge Diez Elorza en febrero del 2000.

Aitor Cotano Sinde. Fue condenado en 2011 a ocho años de cárcel por la preparación de un bidón de cerveza cargado de explosivos para cometer un atentado que no se pudo llevar a cabo. Además, ese mismo año el Tribunal Supremo confirmó 15 años de cárcel para Aitor Cotano por colocar un artefacto en la sede del PSE en Balmaseda en 2007.

Jon Kepa Preciado Izarra. Fue condenado a 377 años de cárcel por intentar asesinar a la que fuera teniente de alcalde del municipio vizcaíno de Portugalete, Esther Cabezudo. También fue condenado a 54 años de prisión por colocar un artefacto explosivo en la parte trasera del edificio de la empresa Iberdrola, ubicado en el barrio bilbaíno de San Adrián, en julio de 2003. Y a nueve por colocar un coche bomba junto al edificio que alberga a la hacienda foral vizcaína y la sede de Antena 3. A otros 16 años, por el artefacto que colocó el 23 de junio de 2003 en los baños masculinos del hotel Tamarises en la localidad vizcaína de Guecho.

Jon Mirena San Pedro Blanco. Condenado a 50 años de cárcel por participar en un intento de atentado contra un policía que se produjo el 6 de junio de 1991 en Baracaldo (Vizcaya).

La AVT subraya que el siguiente paso será que los presos terroristas queden libres. “Es obvio que muchas cosas se están haciendo mal en este país en materia terrorista. En 2023, prácticamente todos los presos de ETA, o cumplen condena al lado de sus familiares, o están libres. A esto hay que sumarle que el yihadismo ha vuelto a golpear a nuestro país esta vez a manos de un individuo que debería haber sido expulsado pero que no lo ha sido por la “acumulación de casos” con la que cuenta el Ministerio del Interior. Estaría bien que, por lo menos, una vez ejecutados todos los “traslados”, el ministro entonara el mea culpa y admitiera: sí, he mentido. Mentí en 2018 cuando aseguré que “los acercamientos serían decisiones puntuales y estudiadas, y generalmente se tratará de presos sin delitos de sangre y con la mayor parte de la condena cumplida, salvo casos muy excepcionales estudiados minuciosamente y explicados con anterioridad”. Mentí cuando dije que “el acercamiento de presos de ETA se realiza en cumplimiento de la ley penitenciaria para evitar la “exclusión social”. Y sí, mentí cuando dije en mayo de 2021 que pronto habría noticias sobre la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo”. “Admitir esto, desde luego no mitigaría el dolor de las víctimas, pero por lo menos no sumaría al dolor está sensación constante que tenemos de que, encima, nos están tomando por tontos”, subrayan.

Por su paarte, Dignidad y Justicia afirma que “el Gobierno ha cumplido su infame pacto de legislatura con Bildu. A cambio de que esta última formación apoye los presupuestos generales para que Pedro Sánchez pueda gobernar, el ejecutivo se baja los pantalones de la decencia democrática y vende a las víctimas del terrorismo al acercar a los últimos terroristas que quedaban fuera del País Vasco y Navarra. Sánchez consuma de este modo su traición al colectivo que durante décadas ha marcado la talla moral de nuestra democracia, esa que le ha habilitado para ocupar el sillón de la Moncloa. El responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su parte, será recordado como un hombre pasivo, una marioneta de Sánchez y el peor ministro de la democracia, el que cedió al chantaje de los terroristas”.

El presiente de esta asociación, Daniel Portero, señala además a algunas organizaciones de víctimas que, según explica, están mancillando a aquellos a quien dicen representar. “No entendemos que haya colectivos de víctimas, como Covite, que en este dramático contexto sigan sin apuntar al Gobierno de Pedro Sánchez y, en cambio, acusen a la oposición que no tiene nada que ver con estos movimientos penitenciarios perversos; sus familiares no se merecen esta falta de claridad”.