Las acusaciones populares celebran que el fiscal general del Estado haya sido condenado a inhabilitación en el cargo durante dos años por la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Coinciden en que "es una buena noticia" y constituye una "victoria del Estado de Derecho" que Álvaro García Ortiz haya sido hallado culpable por la mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El letrado de Manos Limpias, Víctor Soriano, confiesa a LA RAZÓN que están "muy satisfechos" porque ha sido acogida por el tribunal "la principal tesis acusatoria" y se le ha impuesto una "pena razonable". "Se ha demostrado que no hay nadie impune a la ley", reivindica el abogado del colectivo de funcionarios.

En similares términos ha reaccionado, al ser preguntado por este diario, el letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Juan Antonio Frago asegura que supone "un reconocimiento de la labor" desarrollada por esta agrupación profesional "en defensa del Estado de Derecho", pero también una prueba más de "la integridad de la Carrera fiscal, dada la conducta desplegada por el acusado y ya condenado fiscal general del Estado".

Por su parte, Fernando García Capelo, que ejerció la representación letrada de Foro Libertad y Alternativa (L&A), traslada a este periódico que una sentencia condenatoria era la "consecuencia lógica" porque "la prueba de cargo era muy abrumadora" y pese a "las presiones" que, señala, han sufrido los magistrados del Supremo.

Desde Foro L&A lamentan "el incalculable daño generado" por García Ortiz a una institución como el Ministerio Público, así como el perpetrado por aquellos que "le han impulsado a permanecer en el cargo".

Pero, según Capelo, aún hay hueco para la esperanza: "Esperemos que esta condena sirva para que se inicie un movimiento de recuperación de la neutralidad y el prestigio de las instituciones".

Otra de las asociaciones que ha ejercido la acción popular, Hazte Oír, destaca que el fallo condenatorio supone "la confirmación de un ataque frontal del propio García Ortiz contra la institución que debía proteger". En este sentido, subrayan que la Fiscalía General del Estado "no debe estar al servicio de nadie y su degradación ha tenido consecuencias graves para los ciudadanos".

La entidad recuerda que decidieron personarse en este caso "porque lo que estaba en juego era mucho más que un asunto personal: era la limpieza y recuperación de una institución clave para el Estado de Derecho". Y eso es lo que entienden que, ahora, hay que poner en marcha: "Una profunda regeneración, de arriba a abajo".

ICAM: "Comprometió el secreto profesional"

Para el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) la resolución del alto tribunal ratifica "la relevancia jurídica de los hechos denunciados en los que vio comprometido el contenido de una comunicación entre un abogado (el de Alberto González Amador) y un fiscal (Julián Salto), que estaba protegido por el secreto profesional".

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, destaca que "el hecho de que un fiscal general, en ejercicio, haya sido condenado penalmente evidencia que la ley se aplica a todos por igual y las instituciones democráticas cuentan con mecanismos eficaces para hacer valer la responsabilidad jurídica, incluso en los niveles más altos del poder político".