Las acusaciones refuerzan la investigación contra la asesora de Moncloa que usaba Begoña Gómez

Todas acusaciones populares del "caso Begoña Gómez", menos Vox, han reclamado a través de un nuevo recurso de reforma al juez Juan Carlos Peinado que aporte "mayor argumentación" a la orden que dio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que rastree el registro de llamadas de la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez, que utilizaba la mujer de Pedro Sánchez para sus asuntos privados y que está desde el pasado martes imputada en la causa.

El objetivo de las acusaciones, como dejan claro en su escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es evitar que pueda acabar siendo declarada nula esta orden con la que el instructor busca dilucidar si la alto cargo mantuvo comunicaciones telefónicas con empresas para las que trabajó o con las que colaboraba profesionalmente la esposa del presidente del Gobierno.

Estas parte acusadora pide al juez Peinado que dote al auto de una mayor justificación de por qué es preciso y de interés para el procedimiento investigar las comunicaciones de Álvarez, a fin de "evitar riesgos innecesarios" que "pudieran poner en peligro la causa" si la Fiscalía y las defensas de la propia asesora o de Gómez, como ya prevén que harán, lo recurren a la instancia superior.

Las acusaciones quieren garantizar que se cumplan "todos los requisitos necesarios y materiales y formales" en todas las diligencias que se vaya autorizando el juez para indagar en si la asesora cometió delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios en el marco de las gestiones profesionales que realizaba para la mujer del presidente.

La directora de programas de la secretaría general de la Presidencia de Gobierno está citada para que declare, ya como investigada, el próximo 28 de febrero a partir de las 09:30 horas.

Hay que recordar que recientemente la Audiencia Provincial de Madrid anuló las entradas y registros practicados el pasado agosto en el domicilio y la sede de las empresas de otro de los imputados en el caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo.

Los magistrados madrileños tumbaron esta actuación policial ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid al resolver que lo ordenó con una "insuficiente motivación" y sin que hubiese dejado claro la "necesidad, proporcionalidad y utilidad" para la instrucción de ejecutarlo, más aún con "urgencia" cuando en aquel momento -destacó la Audiencia- el empresario se encontraba ingresado en el hospital.

Tras esta decisión, la UCO ha tenido para que destruir todas las copias del volcado que hizo del contenido de los portátiles y móviles que le fueron intervenidos a Barrabés en los registros, así como todos los mails que descargaron de dos cuentas de correo personales del empresario y de otra de carácter profesional.

Las llamadas en las que el juez puso el foco

El juez Peinado reclamó la semana pasada, tras imputar a Cristina Álvarez, a los agentes que, primero, confirmasen el operador al que corresponde el número de teléfono de la asesora. Como primer paso para que, seguidamente, en la UCO rastreen su registro de llamadas para dilucidar si mantuvo comunicaciones telefónicas desde que está en Moncloa con personas del Instituto de Empresa -donde la esposa de Sánchez dirigía el Africa Center-, la Organización Mundial del Turismo (OMT), y las empresas patrocinadores del software de la cátedra de Gómez, que fueron Indra, Google y Telefónica, así como las financiadoras de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como son Reale y fundación La Caixa.

Además de Arsys, que era la compañía tecnológica que dio el dominio a la web en que Gómez ofrecía el programa informático que le valió a la mujer de Sánchez dos imputaciones más, por apropiación indebida e intrusismo profesional, y Manpower, que participó en la fase final de desarrollo del programa.