La instrucción de la gestión de la Dana del 29 de octubre en Valencia no ha hecho sino dar sus primeros pasos en un proceso que será muy largo y que, sin duda, protagonizará la actualidad judicial de los próximos años. Pero ya hay datos que hacen prever el devenir de la causa en los próximos tiempos. La mayoría de los abogados que participan en la causa (más de cuarenta) coinciden en dos aspectos que ya se vislumbran: por una parte, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acabará imputado o que, al menos, esta será la petición de la jueza instructora cuando eleve la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia.

En la profusión de autos dictados hasta la fecha, la magistrada ha sido tremendamente garantista negando cualquier investigación solicitada por las partes que pudiera salpicar al jefe del Consell y hacer tambalear la competencia del juzgado de Instrucción de Catarroja. Además, la propia jueza ha dicho en sus autos que es difícil pensar que Mazón pueda ser citado a declarar solo como testigo.

Y otro de los aspectos en el que muchos abogados coinciden es en la dificultad del proceso y en la poca seguridad que hay de que la acusación se pueda fundamentar por la vía penal y se llegue a juicio. Las acusaciones populares admitidas (previo pago de 6.000 euros) abarcan toda la horquilla política del espectro parlamentario y también del extraparlamentario, ya que Podemos y Ciudadanos, ambos personados, no tienen representación en esta legislatura. En el sector más pintoresco, organizaciones como Liberum o el Partido de los Valores, también se sientan en los estrados.

De entre el elenco de abogados, muchos de ellos llegados de la Villa y Corte, destacan dos que aúnan un largo recorrido jurídico con una faceta política. Se trata de Mamen Peris, letrada representante de la acusación ejercida por Ciudadanos; y Manuel Mata, abogado en representación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Ambos han sido diputados autonómicos y han llegado al generalato de la portavocía del grupo parlamentario. En el caso de ella, de Ciudadanos; en el de él, del PSPV-PSOE.

Ambos se sienten libres y niegan una motivación política en la acusación. Peris explica que «yo soy acusación popular porque represento a un partido que es Ciudadanos que lo que quiere aportar a la Comunitat Valenciana es lo que están reclamando todas las víctimas, y es que se sepa la verdad. A mí no me ponen líneas rojas ni azules ni cortapisas a la investigación, en mi caso no hay ninguna utilización política de estar en la causa porque Ciudadanos no tiene representación autonómica o estatal».

En el mismo sentido, Manuel Mata, que no representa al PSOE, sino a una organización de sesgo nacionalista de izquierda, explica que «Acción Cultural tiene muchos socios en la zona más afectada», pero reconoce que «si se hubieran asumido responsabilidades políticas, los partidos de la oposición no estarían tan interesados en buscar a través de un procedimiento judicial reparar el daño político».

Mata explica que «la jueza nunca piensa que Mazón pueda ser un testigo, ella intuye que, si ha de venir a dar aclaraciones, ha de ser como investigado, y que como eso no lo puede hacer, no es el momento. Aunque si no tienes elementos indiciarios es muy difícil». Peris coincide en que «las preguntas a Mazón se quedarán ahí hasta determinar a dónde deriva la causa. Y al final a lo mejor eso lo decide el TSJ».

Sin embargo, embarcados ambos en una travesía judicial que se prevé muy larga, los dos dudan también de que el puerto de llegada sea el banquillo penal. Para Mata ,«el recorrido penal de la causa es incierto. No es evidente que vayamos a juicio. Es probable pero no es evidente. Las imprudencias por homicidio son complicadas y luego hay que ver las responsabilidades de cada uno. No sé si se irá a juicio y no sé quién irá a juicio. En Tous (la conocida como ‘‘Pantanada’’ de 1982), la Audiencia absolvió a todo el mundo, y luego el Supremo condenó al ingeniero que tenía que haber abierto la compuerta a una multa mínima». Peris afirma que «no tengo una bola mágica para saberlo pero voy a esforzarme en buscar todas las responsabilidades. Yo creo que en estos momentos ya se va a ajustando que la ex consejera Pradas sería responsable sin lugar a dudas».

Respecto a la profusión de autos de la jueza y la contundencia de algunos de ellos, opina Peris que «hace falta que se hable con un lenguaje claro y expresivo porque es real, muchas expresiones que parecen rotundas se justifican porque el proceso es muy rotundo. Esta será la catástrofe mayor que haya pasado en toda España. Los hechos merecen los calificativos que son. Los adjetivos están puestos donde tocan».

Manuel Mata, que al igual que Peris, está curtido en procesos judiciales largos y marcados por el dolor de las víctimas como el juicio por el contagio de la hepatitis C, la hemodiálisis del Consuelo o el incendio del edificio de Campanar, asegura que «la jueza es muy solidaria con las víctimas porque aquí hablamos de fallecidos, porque quienes tienen que personarse son familiares de los fallecidos y testigos de esas muertes, con un compromiso afectivo y sentimental con los fallecidos, y eso lo está desarrollando de una manera impresionante, y luego es muy garantista con todos los operadores jurídicos que estamos allí».

Las víctimas adoran a la jueza, «nuestra jueza», la llaman porque, como explica Peris , «tiene mucha empatía con las víctimas, porque hay mucho dolor, hay mucho problema de salud mental. Venir al juzgado siempre impone y la empatía que está mostrando su señoría escuchándoles, dejándoles hablar con una paciencia infinita, creo que es muy positivo».

Respecto a los límites que ha puesto en la causa, juzgando solo los homicidios imprudentes por omisión y las heridas graves, explica la letrada de Ciudadanos que «limitar la causa a muertos y heridos graves es una cuestión de agilidad procesal. Ella quiere saber qué pasó y quiénes son los responsables. Respecto al daño material, como bien decía el exmagistrado del Supremo, Javier Orduña, el Estado tiene algo que decir, porque quien se encarga de la seguridad de los ciudadanos es el Estado, pero también está claro que no puede haber dos administraciones con competencias exclusivas. Orduña piensa que la responsabilidad en la protección de la vida de los ciudadanos es del Estado, pero ahora mismo la jueza está enfocando en las muertes que se produjeron antes de enviar el aviso del Es-Alert.

Pero también hubo muertes más tarde del día 29. Habrá que abrir la causa para explicar el posdana. Pero disparar a todos los frentes distorsionaría la causa. Jurídicamente creo que la está enfocando bien. También hay escenarios distintos como la presa de Forata y el barranco del Poyo. La causa se irá ampliando de una forma muy natural dentro de la misma instrucción, o por una instancia superior». Y respecto a las imputaciones -solo hay dos de momento- también considera que se ampliará la nómina de investigados: «algunos testigos van a pasar a investigados, algunos miembros del Cecopi, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el jefe de los Bomberos... Habrá que ver quién era responsable de la Sala 112, quién retiró a los bomberos del barranco del Poyo. Los alcaldes, qué información tenían, qué sabían, tienen obligaciones como convocar el cecopal, tener planes de emergencia, avisar a la población» y destaca al alcalde de Utiel que «fue un alcalde valiente, que con los datos que tenía en la mano tomó decisiones y salvó vidas».

También menciona a los alcaldes Manuel Mata, quien asegura que «nos falta por saber mucho sobre la información transmitida a los alcaldes, porque cuando no había internet ni nada, en el año 1982 en La Ribera se desalojó a cien mil personas cuando la 'pantanada' de Tous, y se hacía con megáfonos, con las campanas de las iglesias y con radios. Pero hay que ver qué información exacta se transmitió. Una alerta roja significa que hay un riesgo altísimo para las personas, y eso se hizo en La Ribera. La Generalitat tenía que haber dicho a los colegios de la provincia de Valencia si cierran. No puedes dejar esa recomendación a los ayuntamientos».

Y concluye con una sensación también generalizada «con el Botànic (el gobierno anterior) no hubiera pasado nada parecido. Es insólito que la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana no estuviera durante varias horas. ¿Por qué desde unos días antes no había tomado el mando de la situación?, eso es bastante insólito. A ningún expresidente de la Generalitat, incluido José Luis Olivas, le hubiera pasado esto. Incluso, si hubiera estado Isabel Bonig (predecesora de Carlos Mazón en el PP), estaría aún manchada de barro».