Afines a Sánchez entran en pánico ante Puigdemont: "Solo queda ceder o esto cae"

Diputados y altos cargos socialistas han entrado en modo pánico ante la inminente votación, este miércoles, de los primeros decretos leyes aprobados en Consejo de Ministros. En Moncloa son plenamente conscientes de que no tienen otra alternativa que ceder a las exigencias de Junts, y las llamadas de última hora al PP son un movimiento de distracción porque donde libran la verdadera batalla es en el pulso con sus socios. El «no» del PP es seguro. Para que el partido de Alberto Núñez Feijóo les diera su apoyo tendrían que aceptar sus condiciones, y, aun así, de llegar a darse esta situación, esto le abriría tensiones internas porque hay un importante sector del partido, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contrario a que se acuerde nada con Pedro Sánchez después de haber pactado la amnistía con Carles Puigdemont y de que el líder socialista no haya respetado a la lista más votada en las elecciones generales.

Los dirigentes socialistas que han encontrado refugio «laboral» en el acuerdo con los partidos independentistas y nacionalistas, del que nace la investidura del presidente Sánchez, ven ya temblar el suelo bajo sus pies, su estabilidad en el cargo y las nóminas que cobran a medio plazo. Y aunque quieren confiar en que Moncloa será capaz de salvar en el último momento la situación, entre ellos ha empezado a circular la consigna de que la crisis abierta por la votación de estos primeros decretos será «la penitencia» a pagar mientras dure la legislatura, y que ésta depende únicamente de la regla de que «hay que darles lo que piden o esto se cae».

Hay desazón, y entre los más fieles a Sánchez vuelve la desconfianza de la última etapa electoral respecto a su capacidad de mantener la situación bajo control.

 La estruendosa derrota parlamentaria que anuncia Junts, salvo que se acepten sus exigencias, tiene un coste mayor que aceptar la retirada de los decretos, tal y como también pide Carles Puigdemont, para remitirlos de nuevo troceados y ajustados a las exigencias del independentismo.

Por cierto, el núcleo de decisión del Gobierno es absolutamente hermético, se limita a los colaboradores más estrechos de Sánchez en la «fontanería» de Moncloa y a los dos ministros que participan de la negociación con Puigdemont, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Los demás ministros han quedado excluidos de todo: las conversaciones con Puigdemont y sus colaboradores no son compartidas en el Consejo de Ministros, e incluso también la vicepresidenta, Yolanda Díaz, se mueve a ciegas en muchos aspectos, aunque lo disimule mejor que los demás. En el PSOE ocurre igual, salvo la excepción de Santos Cerdán.

Este mutismo hace más feroces los nervios de quienes tienen atado su propio futuro personal a la estabilidad de la coalición, y que, por cierto, no se esperaban un golpe de esta entidad tan pronto y cuando la amnistía todavía no ha llegado a puerto. Pero es que este «no» del partido de Carles Puigdemont, salvo cambio de última hora, ha pillado asimismo por sorpresa incluso a esos pocos elegidos que están más al tanto de la negociación bilateral. No porque desde Junts no vinieran avisando de que no iban a seguir la misma estrategia que ERC en la pasada legislatura: «Avisados estaban, pero o no han querido tomarse en serio los avisos o se han creído su propio discurso respecto a la supuesta mayoría progresista que respalda a Pedro, que no existe tal y como la describen sus portavoces, o no han tomado todavía conciencia de su debilidad parlamentaria, y no tener los pies en la tierra te lleva a esto sustos», reflexionan en el entorno de Puigdemont. Hoy no hay geometría variable que funcione ni tampoco hay agenda alternativa a la independencia que pueda servir para mantener en el redil a todos los socios.

Además, Junts también quiere que se difunda que ha utilizado la primera oportunidad que ha tenido delante para mostrar sus recelos y su falta de confianza hacia Sánchez. La agenda social o las imposiciones de la UE están sometidas, para ellos, al objetivo principal, hacer efectiva cuanto antes la amnistía, y, en segundo lugar, seguir dando pasos hacia la independencia. Y la apelación del Gobierno a la responsabilidad, para no perder 10.000 millones de fondos europeos y mantener las ayudas del escudo social, no hace efecto ni en sus socios, Junts y Podemos –[[LINK:INTERNO|||Article|||659bed2ec338b0e40d4c3600|||los morados se han unido a última hora a la negativa a apoyar dos de los tres decretos leyes–]] ni tampoco en el PP. «Esto no es un problema de responsabilidad, como sostiene la propaganda de Moncloa, sino de intentar imponer un trágala a los demás a más gloria de Sánchez».