Sin agenda con los barones del PP pero sí con Pradales

Pedro Sánchez someterá hoy por primera vez a prueba al frente autonómico del PP con las reuniones que mantendrá en Moncloa con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Los barones populares acuden a Moncloa sin orden del día, y con un tiempo tasado por Presidencia del Gobierno, que ha tomado la decisión de agrupar las entrevistas con todos los dirigentes autonómicos como si tuvieran cita en el médico de cabecera. No hay expectativa de un acuerdo por el lado popular, ninguna, y así lo reconocían ayer fuentes de los dos gobiernos autonómicos. Además, tanto Moreno como Rueda llevan a Moncloa su «no» a entrar en cualquier tipo de negociación bilateral en materia de financiación autonómica, así como sus respectivos catálogos de demandas y agravios.

La financiación autonómica es un tema tóxico para el PSOE por el cupo catalán, pero Moncloa pregona que será capaz de dividir a los dirigentes territoriales del PP con las propuestas que les hará el presidente del Gobierno. Moreno y Rueda acuden a ciegas, sin ninguna agenda previa y hoy se conocerá si Sánchez guardaba algún conejo en la chistera con el que dificultar a los barones del PP que se mantengan firmes en el respeto a la declaración que firmaron todos juntos con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, al arranque de este periodo de sesiones.

Aunque en el PP acordaron esa declaración de unidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo sus diferencias con respecto a la estrategia de respuesta a la política del Gobierno, y, salvo sorpresa en la agenda de las reuniones que se celebrarán antes de que ella sea citada en Moncloa, no acudirá a la entrevista si antes no hay una convocatoria de la Conferencia de Presidentes y se le da un orden del día claro para la reunión con Sánchez. Todo lo demás lo entienden en el Gobierno madrileño como una «tomadura de pelo»: «La situación no está como para ir a tomar un café en Moncloa». Y en cierta medida, a falta de ver si hay algún golpe de efecto del presidente del Gobierno, el escenario más probable es que del «paseíllo» de presidentes autonómicos por Moncloa no salga nada más que un conjunto de comparecencias y fotos oficiales. Es lo que piensan la mayoría de los barones, aunque Sánchez ha jugado a su favor en estas convocatorias con lo que se entiende como obligación de respeto institucional, a pesar de su falta de respeto hacia el órgano multilateral, la Conferencia de Presidentes. No la convoca desde la pandemia, y ha dejado también sin ejecutar el anuncio de que en septiembre sí habría una reunión de este órgano para hablar del problema de la vivienda. La decisión de ahorrarse el trámite multilateral tiene como principal sentido evitar un rosario de intervenciones de presidentes autonómicos afeándole su política territorial y sus cesiones con los independentistas.

El presidente también recibe hoy al lendakari, Imanol Pradales, quien aprovechará su visita a Madrid para poner encima de la mesa su catálogo de reivindicaciones. El PNV ya ha avisado de que Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y acelerar el traspaso de las competencias pendientes.

A diferencia de la situación con el presidente de Andalucía o el presidente gallego, con el Gobierno vasco sí que se han producido reuniones previas entre ministros y consejeros para «calentar» la agenda del encuentro, e imprimir así celeridad a las negociaciones abiertas el pasado día 26 de julio en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria.

Pradales será el primero en ser recibido por Sánchez al ser el Estatuto de Euskadi el primero que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Del presidente del Gobierno espera que ejecute los compromisos ya adquiridos con él, como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la gestión de puertos y aeropuertos, la gestión del litoral y ordenación de la costa, y otros temas relacionados con salvamento marítimo o meteorología, entre otros. El plazo que se dieron para dar salida a todos estos compromisos es de dos años, aunque desde el PNV urgen que se acelere la agenda para aprobar ya a un primer paquete de transferencias.

El problema de los nacionalistas vascos es que si su voto no es necesario en Madrid para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 25, porque los bloquea Junts, tienen menos margen de presión sobre Sánchez para seguir avanzando en su agenda descentralizadora. Sus votos se devalúan en Madrid si Puigdemont no va de farol con sus órdagos.

Las transferencias que están más avanzadas en esta fase de negociación son: Ordenación y gestión del Litoral, autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras, Salvamento Marítimo, Meteorología, Centro Nacional de verificación de maquinaria y fondo de protección de la cinematografía.

Junts y PNV coinciden en líneas generales en el programa económico y fiscal, pero en este momento político están separados por los contextos en los que cada uno se mueve. El PNV comparte gobierno con los socialistas en el País Vasco, y le viene bien que se alargue la legislatura para tratar de seguir exprimiendo la agenda de cesiones socialistas, aunque desconfíe de la palabra del presidente y los hechos corroboren que muchos de los compromisos adquiridos siguen en el limbo. Junts ya no tiene nada que ganar con amarrar la concreción de determinadas concesiones: al estar fuera de la Generalitat no tiene ningún poder de ejecución sobre la agenda del gobierno de Salvador Illa. No tienen tampoco claro que puedan colgarse ninguna medalla de lo que ya se pacte en Madrid porque el referente institucional será siempre el nuevo presidente de la Generalitat. Por tanto, a Carles Puigdemont sólo le falta la amnistía para poder oficializar, sin andarse con más enredos, su ruptura total con el PSOE.

También a Bildu le interesa que la legislatura se alargue porque todavía no ha conseguido que acabe de materializarse el pacto con el PSOE sobre los presos etarras.