Agresiones, sueldos, retirada de competencias, amnistía... Policías y guardias civiles, en guerra contra Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido la semana que acaba de terminar una sonora pitada, una más en su carrera política, por parte de los ciudadanos. De ser un juez admirado por la extraordinaria labor en la lucha antiterrorista en la Audiencia Nacional, se ha convertido, a la sombra de Pedro Sánchez, que no puede salir a la calle sin recibir la recriminación popular, en uno de los miembros de su Gobierno más denostados. Si se analiza su labor, no se puede afirmar que no tenga aciertos; lo que ocurre es que su aparente falta de empatía con las víctimas del terrorismo y, singularmente, con las Fuerzas de Seguridad del Estado de él dependientes, le han convertido en un personaje poco apreciado.

Los agentes citan numerosas razones para considerarle uno de los perores ministros que han tenido, entre las que cabe destacar el incumplimiento de todas las cláusulas del acuerdo de equiparación salarial mientras se aumentaban las competencias y presencia de los cuerpos autonómicos en ámbitos competenciales exclusivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según un dirigente de CEP consultado por LA RAZÓN, opinión coincidente con la de otros sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. En AUGC inciden en que, además, es el responsable de la elección de personas no dialogantes y sin ningún tipo de perspectiva para dirigir la dirección general del cuerpo. “Ni Gámez, ni Mercedes González, ni el actual director, han sido y son las personas adecuadas para dirigir la Guardia Civil en los tiempos que corren. No conocen la institución y no tiene ninguna empatía con los agentes”.

En el SUP, recuerdan, como razones de estas pitadas, el “principio de autoridad quebrado. Más de 35 agresiones al día y siguen sin oír nuestras demandas sobre reforzar el principio de autoridad”, a lo que hay que unir una amnistía que “pretende olvidar y borrar del mapa el trabajo realizado por la Policía para detener a quienes intentaron quebrar el orden constitucional”.

En AEGC suman y siguen. Se promueve la retirada de competencias, como Tráfico de Navarra y Servicio Marítimo en Cataluña; despreocupación por la falta de medios de defensa (chalecos y táser) y de formación adecuada, y carencia de material adecuado y en cantidad suficiente como es la uniformidad (zapatos que se rajan, polos que se despegan, material que se reparte tras años de espera) y, en esto ponen énfasis, “abandono de las instalaciones oficiales, sin aire acondicionado y sin calefacción”.

La lista de agravios no termina aquí y, en opinión de los representantes de los agentes, hay que buscarla también en una razón que parece poco importante pero que es muy relevante para ellos: “La negativa sistemática a negociar y sacar adelante una nueva Ley de Condecoraciones, pese a que la actual tiene casi 70 años y permite todo tipo de injusticias, además de ser una norma poco transparente y objetiva”. Cuando llegan los Ángeles Custodios, patronos de la Policía, y la Virgen del Pilar, de la Guardia Civil, se repiten las mismas quejas.

Hay algunos que recuerdan que, “pese a ser diputado por Cádiz, no ha aprobado medida alguna salarial o profesional que proteja a los compañeros destinados en el Campo de Gibraltar como consecuencia del mayor riesgo que viven allí”. Y que se ha negado expresamente a contratar el seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones y fianzas derivadas de la exigencia de responsabilidad a los agentes con motivo de las actuaciones llevadas a cabo en el desempeño de sus funciones.

Con todo, el anuncio de una amnistía para los que promovieron un golpe de estado en Cataluña, algo que tuvieron que evitar las Fuerzas de Seguridad, está en primera línea del malestar y las preocupaciones, situación en la que son coincidentes agentes y ciudadanos de a pie. “La profunda decepción y desmotivación se han arraigado entre policías y guardias civiles debido a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sentimos que estamos siendo utilizados como “moneda de cambio” en Cataluña. En el 1-O, los agentes asumimos con seriedad su deber frente a quienes buscaban socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía. Paradójicamente, aquellos condenados por actos de sedición y violencia durante esos días han recibido indultos por parte del Gobierno, que ahora nos da la espalda. Fuimos utilizados según su conveniencia y ahora estamos desamparados”.

El panorama no puede ser más preocupante y quizás no sea Marlaska el que tenga llevarse el grueso de las pitadas y abucheos, pero es el ministro del Interior.

Después, hay otras razones profesionales como que ha dejado morir el grupo de trabajo que analizó mejoras salariales a aplicar en algunas plantillas en Cataluña o Islas Baleares, con una creciente presión nacionalista y un coste de vivienda que impide acceder a pisos de alquiler. Llama la atención que, “siendo miembro de un Gobierno socialista, ha evitado incrementar el presupuesto de Acción Social de la Policía Nacional, manteniéndolo casi congelado e impidiendo así que haya más financiación para salud, educación, conciliación o asistencia a familiares con necesidades especiales, entre otros muchos fines”.

Otro asunto, y no menos importante, es el referido a una Jubilación digna. “Agentes con más de 40 años de servicios, muchos de ellos en la lucha contra ETA que pierden 700 euros al jubilarse”. “Somos una profesión de riesgo. Al revés que los Mossos, no tenemos esa consideración”.

A este respecto, inciden en el problema de las agresiones diarias que sufren los agentes y que no hay manera de combatir por falta de una legislación adecuada que castigue a los atacantes, que son imputados en muchos casos por atentado pero que no sufren el correspondiente castigo penal. El principio de autoridad es esencial para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y si los agentes no son percibidos como autoridad, los ciudadanos se sienten indefensos porque también son objeto de quienes no respetan las normas de la convivencia o son simplemente delincuentes. Los silbidos es una forma de protesta y las razones se acumulan, sin olvidar nunca a las víctimas del terrorismo.