Aldama remite al Supremo documentos sobre el ofrecimiento a Ábalos de un piso de 1,9 millones a cambio de contratos "pre-adjudicados"

La defensa de Víctor de Aldama ha remitido ya al Tribunal Supremo (TS) la primera remesa de documentación para intentar acreditar las acusaciones de pago de comisiones que destapó en su confesión judicial ante el juez del "caso Koldo". El empresario insiste en que realizó "numerosos pagos en efectivo" a Koldo García, "para sí y para ulterior reparto" con el entonces ministro José Luis Ábalos "como contraprestación por la adjudicación por distintas administraciones de los contratos de material sanitario". Pero no solo eso. También refiere que le hizo pagos por actos "vinculados a la adjudicación de obra pública".

Según pone de relieve el compromiso con Ábalos para el "pago de comisiones como consecuencia de la adjudicación de obra pública a determinadas empresas" vinculadas a Aldama se cerró el 24 de abril de 2019, cuando el entonces ministro era, además, secretario de Organización del PSOE (cargo que ocupó hasta julio de 2021).

La solicitud de dádivas, dice, "fue constante". Y entre ellas se refiere a una operación por la que facilitaría "sin contraprestación" a Ábalos un piso en el número 164 del Paseo de la Castellana de Madrid, propiedad de Aldama y valorado en 1,9 millones según ha adelantado El Mundo, a cambio de determinados contratos públicos "pre-adjudicados", o sea, "decididos antes de su licitación", unos supuestos amaños por los que se habrían comprometido a "abonar comisiones si resultaban adjudicatarias". Con ese objetivo, explica su abogado, José Antonio Choclán, en las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo, se firmó el 24 de abril de 2019 "un contrato de arrendamiento con opción de compra" que expiraba el 14 de febrero de 2024.

El mismo método de contrato de arrendamiento con opción de compra que, recuerda, se siguió en relación a la compra del chalet que adquirió la trama para el disfrute de Ábalos y su familia en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz).

En cuanto al piso en el Paseo de la Castellana, asegura que Ábalos "no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble", por lo que ese contrato con Aldama permitía al entonces ministro "asegurarse el cobro de las comisiones futuras".

Hasta el punto de que, una vez abonadas esas comisiones, "el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo". Sin embargo, Ese piso, aclara, nunca fue ocupado por el entonces ministro, pues además se encontraba en obras, por lo que el ex secretario de Organización del PSOE "no pagó renta alguna".

La defensa de Aldama aclara algunas de las manifestaciones vertidas por el empresario en su declaración judicial del pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional. Y en este sentido, matiza que los dos millones que supuestamente habría reclamado Ábalos a la trama "no se refería exclusivamente a la adjudicación del contrato de material sanitario" en favor de Soluciones de Gestión.

El empresario hace referencia a una cadena de wasaps que mantuvo con Víctor Ábalos, hijo del entonces ministro, en los que se reflejaría que "requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría a transmisión del inmueble".

Aldama también gestionó, afirma su abogado, la compra de un Mini que Ábalos pensaba regalar a su esposa Carolina, una afirmación que intenta acreditar con la remisión de "abundante documentación sobre el vehículo", que finalmente el entonces ministro no compró, pese a que las gestiones "se avanzaron", porque la mujer del dirigente socialista "finalmente adquirió un vehículos Mercedes descapotable".

El empresario dice tener en su poder una relación de "obra pública pre-adjudicada" correspondiente a 2021, sobre todo por la Dirección General de Carreteras (un documento que también adjunta con anotaciones manuscritas que se pueden corresponder "con la letra" de Ábalos o "quizás" de Koldo García, aunque "sin poderlo afirmar con seguridad"). En ese documento, explica, "aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas" (diez de los 16 marcados).

"Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias", mantiene al tiempo que apremia a esclarecer las empresas a las que finalmente fueron adjudicadas las obras subrayadas en rosa. Otras seis están subrayadas en verde, explica, porque todavía no se habrían cerrado las adjudicaciones.

Varias de estas sociedades adjudicatarias, asegura, mantuvieron "relaciones comerciales" con el empresario, como Lantania SAU, Levantina Ingeniería y Construcción y Ortiz Construcciones y Proyectos. Pero, matiza, se realizaron en favor de Aldama "sin contraprestación, en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes para su adjudicación, sin perjuicio de las comisiones abonadas a los otros investigados".

Entre esas obras señaladas en rosa cuyas adjudicaciones estarían supuestamente amañadas figura la ampliación de un tercer carril de la Autovía de la Plata A-66 en Asturias y la remodelación de los enlaces en el tramo entre Lugones y Matalablima, que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento adjudicó a la UTE de Lantania y ASCH. Las alegaciones de Aldama también se refieren a varias adjudicaciones a la empresa Civis Global SL (la agenda Outlook intervenida a Koldo García, llama la atención, "refleja varias citas con el presidente" de la sociedad, Víctor del Canto) por parte de la Dirección General de Carreteras, Puertos del Estado y Adif (estas dos últimas dependientes del ministerio que dirigía Ábalos). Civis Global, señala, es "la empresa que motivó el desencuentro" con Santos Cerdán "y que concluyó con el abono a éste de la suma de 15.000 euros" a la que se refirió Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional.

Aldama hace referencia también a un contrato de prestación de servicios firmado en julio de 2021 entre la consultora tecnológica Sortis (que según apunta abonó comisiones a Koldo García) y Deluxe Fortune, una de las sociedades del comisionista, que en realidad "encubría el pago de comisiones". En 2021, recuerda, Correos adjudicó a esta empresa -cuando la presidía Juan Manuel Serrano, "que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez"- un contrato de 1,8 millones de euros por asesoramiento técnico. El entonces asesor de Ábalos, subraya, percibió 10.851 euros de una mercantil vinculada al presidente de Sortis, Instalibero District.