La vivienda aparece en el CIS como principal preocupación de los españoles y Pedro Sánchez sigue sin encontrar las teclas para desactivar el problema. Una de esas teclas es ofrecer seguridad jurídica a los propietarios para que sientan confianza en el mercado y arrienden sus inmuebles, pero, hasta ahora, siempre que ha podido se ha opuesto a apoyar leyes contra los okupas pese al clamor político, judicial y social. De hecho, en el Congreso hay actualmente dos leyes del PP y Junts en tramitación que cuentan con el apoyo de una mayoría amplia de 184 diputados, pero PSOE y Sumar se niegan a tramitarlas y tienen capacidad de bloqueo al controlar la Mesa, que es el órgano clave.

La presión en la Cámara Baja es notoria y quien más fuerza puede tener para cambiar el marco jurídico es Junts porque el partido de Puigdemont es decisivo para la gobernabilidad.

De hecho, fuentes de Junts insisten en advertir a Sánchez de que su ley «antiokupa» es clave para que haya buen clima político, aunque no es la primera amenaza que luego no acaban de concretar en nada serio.

La propuesta de Junts ha sido elaborada en colaboración con el Colegio de Abogados de Barcelona. Por su parte, la proposición del PP lleva un año bloqueada por PSOE y Sumar y los partidos del Gobierno tampoco tienen incentivos para descongelarla.

El PSOE se ha opuesto hasta ahora a endurecer la legislación para frenar la okupación por convicción, pero también por la presión de sus socios de izquierda: sobre todo, Podemos y Bildu, que han mostrado el tono más hostil. Los socialistas ya recibieron presiones del PSC para endurecer la regulación contra los okupas en la pasada legislatura, pero tampoco se movieron pese a que contaban con mayoría para reformar la ley. De hecho, los socialistas catalanes son conscientes del problema que hay en Cataluña, comunidad que concentra la mitad de las okupaciones que se contabilizan oficialmente en toda España.

Además de las dos leyes en tramitación, que buscan acabar de raíz con el problema de la okupación, este jueves (3 de abril) entra en vigor un «parche» con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que permitirá enjuiciar por la vía rápida los delitos de usurpación de inmueble y allanamiento de morada. De esta manera, los propietarios podrían recuperar sus viviendas en un plazo de entre 15 días y un mes si se dicta una sentencia rápida. No obstante, juristas del Congreso consultados por LA RAZÓN consideran que es «mucho más efectivo» el mecanismo por el que apuestan PP y Junts con sus leyes, ya que hay mayor inmediatez.

En concreto, tanto los populares como los posconvergentes pretenden que el desalojo se produzca en 24 o 48 horas desde la denuncia: esto es, si el okupa es incapaz de acreditar la titularidad de la vivienda, será expulsado de la misma. La ley del PP, además, introduce elementos preventivos para evitar a los okupas (como, por ejemplo, las limitaciones al empadronamiento).

Pero la okupación también está siendo objeto de pronunciamientos en el plano judicial. Los jueces se ven en muchas ocasiones atados de pies y manos por las medidas legislativas acordadas al respecto. La prórroga anual del Real Decreto-ley 11/2020, que incluyó medidas para enfrentar la Covid, contempla que los procedimientos se frenen para todas las personas a las que se les reconoce la condición de vulnerables. Así pues, el efecto inmediato de estas paralizaciones es, por un lado, la ralentización de los asuntos en unos juzgados ya de por sí colapsados y, por otro, la avalancha de demandas por desahucio, toda vez que los okupas saben que este reconocimiento frena en seco el lanzamiento judicial. Sobre este punto, la ley de Junts quiere introducir también cambios.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro explica que la media para resolver estos procedimientos es de tres años. «Con estas medidas legislativas, al final convierten en vulnerable al propietario de la vivienda», afirma el jurista en declaraciones a LA RAZÓN. Magro, que ha publicado una guía práctica sobre soluciones ante la okupación, advierte de la gravedad de este fenómeno y avisa de que las cifras oficiales que se manejan (unas 14.000 o 15.000 okupaciones al año) no reflejan la realidad subyacente.

El grueso de las okupaciones que se producen a día de hoy no se denuncia ante la Policía Nacional. Las víctimas suelen optar por dos escenarios alternativos: o bien interponen una demanda de desahucio por impago o resolución del contrato, o bien optan por la vía extrajudicial. Lejos de tratarse de una mediación (imposible en la mayoría de casos ante la negativa de los okupas a negociar una solución), se contrata a empresas que gestionan directamente su salida. «Podríamos hablar de alrededor 20.000 hechos de okupación ilegal al año», indica Magro, que advierte de que, mientras no se adopten medidas contundentes para luchar contra esta lacra, las okupaciones seguirán creciendo por el «efecto llamada».

Por ello, propone dos cambios legislativos de calado: el primero consiste en introducir el artículo 544 sexies en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir al juez que pueda acordar expulsiones inmediatas en un plazo de 72 horas ante una ocupación ilegal (ese cambio está recogido en la ley de Junts, aunque apuestan por un límite de 48 horas). El segundo, que las conocidas como «inquiokupaciones» de viviendas se resuelvan como una estafa, toda vez que, cuando firman el contrato de alquiler, los inquilinos ya tienen planeado de antemano pagar únicamente los primeros meses y, después, declararse insolventes.

«Desde mi punto de vista es una estafa inmobiliaria que debería tipificarse en el Código Penal porque existe un dolo», dice. Magro argumenta que esto genera una situación de «indefensión tremenda» y un «daño moral terrible» a los propietarios porque, a diferencia de otros casos, en los procedimientos judiciales de okupaciones de vivienda nunca se sabe cuándo se va a terminar. Además, sostiene que la vulnerabilidad es un concepto ajeno al derecho a recuperar la vivienda y que los particulares «no tienen por qué soportar situaciones legítimas de vulnerabilidad», sino que es competencia de la Administración.

Sin respuesta del Gobierno

Sobre ello lleva advirtiendo desde hace años la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Su presidente, Ricardo Bravo, explica en declaraciones a LA RAZÓN que los principales objetivos de este colectivo son dos: el cambio urgente de la ley que ampare tanto a las familias vulnerables como a los afectados por cualquier tipo de okupación, y, en segundo lugar, dar apoyo a todos los afectados por esta lacra.

En ese sentido, recuerda que llevan desde el mes de octubre de 2021 pidiendo reunirse con el Gobierno. En concreto, ha girado numerosas solicitudes con la actual ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, pero hasta ahora no se les ha atendido.

«También se lo hemos pedido a cargos electos como Reyes Maroto o a los portavoces del PSOE de Vivienda, Justicia o Interior. No nos han hecho ni caso», replica Bravo, evidenciando el rechazo de los socialistas a aprobar medidas «antiokupas». Mientras tanto, los asuntos en el orden civil se disparan en todos los partidos judiciales. Según datos del CGPJ, los órganos judiciales de toda España incrementaron el pasado año en un 11,4% el número de asuntos en el orden civil. Ahora bien, las cifras son desiguales. Mientras en lo Contencioso se produjo un descenso del 0,4%, en el ámbito Penal se registró un aumento del 4,7%, y en el Civil (vía en la que se resuelven los desahucios) se disparó hasta el 19,4%. Destaca la Comunidad de Madrid, donde el orden civil registró 656.237 asuntos en 2024; esto es, un 36% más que el año anterior.

Estos datos confirman el repunte acreditado de las ejecuciones hipotecarias. Aunque desde 2022 la tendencia era a la baja, en 2024 se incrementó un 18,3%. Además, llama la atención que los asuntos por ejecuciones hipotecarias bajaron un 3,6%, mientras que los desahucios por impago de alquiler (supuesto en el que se engloban los okupas y los «inquiokupas») aumentaron un 3,4%.