La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado una queja ante la Inspección fiscal para denunciar la forma en que se ha escogido a uno de los dos fiscales que participarán en el juicio contra Álvaro García Ortiz por la presunta revelación de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La segunda agrupación profesional del Ministerio Público, que ejerce la acusación particular en la causa, advierte que ha tenido conocimiento de que será el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, el que también participará. No les consta que haya sido designado por el propio fiscal general del Estado (al que formalmente corresponde) ni que se haya informado del nombramiento al Consejo Fiscal, como estipula su normativa orgánica.

Por ello, alerta de que se han incumplido las normas estatuarias y el principio de transparencia que rige a la Carrera. E, incluso, asegura que tampoco conoce la razón detrás de que no participe en el enjuiciamiento a García Ortiz un fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo, dado que estima que sería lo procedente.

"De la lectura del Estatuto (Orgánico del Ministerio Fiscal) se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un tribunal ante el que su nombramiento publicado en el BOE no le habilita a intervenir", recuerda APIF en su comunicado.

En Fiscalía dicen que no hubo alegaciones

Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran a LA RAZÓN que la presencia del fiscal superior extremeño fue dictada en un decreto (del 17 de septiembre) por la "número dos" de García Ortiz, la teniente fiscal del TS. Ya que el fiscal genera firmó que se abstendría de intervenir en cualquier cuestión del procedimiento en su contra.

Además, estas mismas fuentes trasladan a este diario que también participará en las sesiones del juicio la misma teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, por lo que también habrá un fiscal del alto tribunal.

Por otro lado, señalan que el asunto sí que fue llevado a la última comisión permanente del Consejo Fiscal de septiembre en la que APIF tiene una representante y a los vocales se les llegó a dar un plazo para formular alegaciones, pero la suya presentó ni una sola.

Montero ya fue el que, en mayo de 2024, asumió la querella que Alberto González Amador interpuso contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (que estuvo imputada en el caso hasta julio), y el fiscal de delitos económicos Julián Salto (que fue el que llevó el procedimiento contra el empresario por los dos delitos fiscales y falsedad documental que le sentarán en el banquillo).

Por ello, porque ya conoce el caso, es que se le escogió para ser el otro de los representantes del Ministerio Público que esté en las seis jornadas de enjuiciamiento a las que se someterá García Ortiz, según detallan a este diario las mencionadas fuentes internas.

El fiscal jefe de Extremadura entró, entonces, en el caso después de que la fiscal madrileña (María de la O Silviculturas) en la que inicialmente recayó la querella se mostrase favorable a su admisión, entrando en conflicto con el criterio de la "número dos" de la Fiscalía General, Sánchez Conde, que reclamaba su desestimación.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid había acusado a Rodríguez y a Salto de la revelación de los datos (de la investigación por la defraudación a Hacienda de la que fue objeto González Amador) por la que finalmente, el próximo noviembre, será juzgado García Ortiz.