Una asociación de guardias civiles esgrime su "neutralidad política" para no acusar de la mano de PSOE y PP

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no quiere ir de la mano de PSOE, PP y Vox en la acusación popular del «caso Mediador», la investigación de la supuesta trama corrupta tejida en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni". Tras ratificar la jueza que instruye el caso su decisión de obligar a las seis acusaciones populares personadas (además de las tres citadas formaciones y de la AUGC, el partido local Fuerza Canaria y la asociación de consumidores Aguairis) a actuar en el proceso bajo una misma representación letrada, la asociación de guardias civiles ha recurrido en apelación a la Audiencia de Tenerife poniendo sobre la mesa la obligada «neutralidad ideológica y política» de las asociaciones profesionales de los integrantes del Instituto Armado.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, optó por esta solución (habitual cuando confluyen varias acusaciones populares en un mismo proceso) para agilizar la tramitación, considerando que los intereses que representan son coincidentes.

Pero esta asociación profesional no está de acuerdo. En el escrito remitido a la Sala, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la AUGC asegura que no puede sentirse identificada con la «notoria carga ideológica» de los partidos políticos personados en el procedimiento. ni con «otra entidad con un soporte ideológico previo» (en referencia a Aguairis), una configuración institucional y de pensamiento con las que, insiste, «no podemos vernos identificados».

"Pérdida de la neutralidad"

Todo ello deriva, según expone en la apelación el abogado de la asociación, Mariano Casado, en la «imposibilidad legal de obligar a la unificación de las acusaciones populares».

«El estatuto de las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil –hace hincapié el letrado– impide que estas puedan llevar a cabo actuaciones que puedan estar relacionadas con la actividad de los partidos políticos y que puedan suponer la pérdida de la neutralidad política» exigible a los miembros del Cuerpo «y predicable de sus asociaciones profesionales». De lo contrario, advierte, se situaría a la agrupación en la tesitura de incurrir en «supuestos disciplinarios muy graves que afectarían directamente a sus dirigentes y a la propia asociación». A la AUGC podría acarrearle incluso, alerta, la anulación de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de la Guardia Civil.

El artículo 13 del Código de Conducta del Instituto Armado, recuerdan los recurrentes, les obliga a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta material», conminándoles a mantenerse «alejados del discurso político y del debate partidista». Por este motivo, la representación jurídica de la asociación de guardias civiles considera que, de verse obligada a esa «identidad de acción popular» (por la que todas las acusaciones populares actuarían en el proceso bajo un mismo abogado, generalmente el de la primera en personarse en el procedimiento), no podría preservar «la ineludible obligación de neutralidad política e ideológica».

Recurre la fianza de 2.000 euros

Para el letrado este impedimento es aun más notorio si cabe por el hecho «evidente» de que «el objeto de esta causa está inmerso en el debate político e ideológico». Y hace hincapié en que las «razones, motivos y posicionamientos» de los partidos políticos les llevan, por ejemplo, a «formular peticiones de exclusión del proceso» (en referencia al intento del PP de apartar al PSOE de la causa por si durante la instrucción se le considera responsable civil subsidiario de posibles quebrantos al erario público, que sería incompatible con el ejercicio de la acusación).

La instructora ya eximió a la AUGC de la obligación de formalizar una querella para ser parte en el procedimiento, pero sigue exigiéndole el pago de una fianza de 2.000 euros, que la asociación también recurre al entender que las imputaciones ya están consolidadas, por lo que se cumple así el objetivo de evitar acusaciones sorpresivas o infundadas, «la única prevención que justifica la fianza».