El exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil seguirá en prisión provisional ante el "evidente" riesgo de fuga. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por su defensa contra la decisión adoptada por el juez Francisco de Jorge el pasado 12 de abril.

El exmando policial -investigado por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo y cohecho- argumentó en su petición de libertad, ahora rechazada, que no había podido tener acceso a los elementos esenciales de la causa, por lo que pidió que se le dispensara el mismo trato que a otro de los investigados, Ignacio Torán, a quien la Sala de lo Penal sí ordenó excarcelar precisamente por este motivo.

Pero los magistrados precisan que, a diferencia de ese otro imputado, la decisión judicial recurrida por el exjefe de la UDEF se produjo cuando ya se había levantado el secretos de las diligencias, por lo que su defensa no tuvo impedimento para tener acceso a la causa y formular en su caso alegaciones.

"Garantizado así el acceso a la mayor parte de las actuaciones, en modo alguno puede considerarse que no se le permitió el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre la situación personal del investigado y para recurrir la adopción de la prisión provisional", afirma la Sala, para la que en consecuencia "no cabe hacer comparación alguna entre los motivos que determinaron la puesta en libertad de otro de los investigados y los que concurrieron para este, ni, por tanto, puede considerarse infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley".

Para la Audiencia Nacional, la prisión provisional de Sánchez Gil está justificada al tratarse de un funcionario público al que se le imputan hechos graves, ratificados por la incautación de elevadas cantidades en metálico "que difícilmente pueden corresponder a la percepción de su retribución como funcionario y cuya ocultación es indicio de un origen ilícito". Algo que conlleva, añade, un "evidente" riesgo de sustracción a la acción de la Justicia.

Su arraigo familiar no supondría un freno

"Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España con la finalidad de evitar enfrentarse a la imposición de graves penas de prisión", deja claro la Sala. Para los magistrados, su arraigo familiar no supondría "un freno importante para evitar ese riesgo, dadas las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrearle una condena por hechos de tal gravedad al ser cometidos por un funcionario público".

Tras invocar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los elementos esenciales de la causa por parte de los investigados, la Sala apunta a los indicios de la participación del exjefe de la UDEF en hechos supuestamente delictivos "por los cuantiosos pagos recibidos" a cambio de "los servicios prestados".

Algo que la investigación ha confirmado, continúa, por "el hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo, que constituyen prueba de la actividad delictiva y de los pagos recibidos, como las cantidades halladas en el registro de su domicilio escondidas en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio (cajas fuertes, jardín exterior, etc.)".

Y recuerda que todas esas cantidades fueron objeto de precinto judicial al tratarse de un volumen "imposible de cuantificar con exactitud con los medios disponibles en aquel momento", cifrándose a posteriori las cantidades halladas en su segunda residencia en 448.110 euros en efectivo, y las incautadas en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en otros 896.400 euros, también en efectivo.

Y en todo caso, precisa, en la resolución en la que el instructor confirmó la prisión provisional, De Jorge ya detalló los indicios delictivos contra el exmando de la Policía Nacional.