La Audiencia Nacional retiene el juicio por terrorismo al asesino del sacristán de Algeciras

La Audiencia Nacional juzgará por terrorismo a Yassin Kanjaa, el asesino confeso del sacristán de Algeciras al que mató a machetazos el 25 de enero de 2023, hiriendo además a otras dos personas. La Sala de lo Penal ha rechazado finalmente -tal y como solicitaron la Fiscalía, la familia de la víctima y las siete acusaciones populares personadas en la causa- que sea la Audiencia Provincial de Cádiz la que juzgue los hechos, como pretendía la defensa del acusado, que insiste en que dado que sus facultades mentales estaban alteradas en ningún caso su finalidad fue terrorista.

La abogada del acusado, que había ya intentado sin éxito que la Audiencia Nacional se inhibiese del asunto -a lo que se opusieron tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal, aunque esta admitió "serias dudas" sobre el carácter terrorista del ataque que terminó con la vida de Diego Valencia-, lo intentó por última vez ayer en una vista de cuestiones previas al juicio. Pero los magistrados de la Sección Primera no han acogido sus argumentos y mantienen en la Audiencia Nacional el juicio porque, argumentan, una vez presentados los escritos de acusación por delitos de terrorismo en base a los indicios incriminatorios que ha arrojado la investigación, "el objeto del proceso ha quedado delimitado" en esos términos.

De ahí que la Sala insista en que no es posible, como pretende la defensa, "una valoración anticipada" de la supuesta finalidad terrorista de Kanjaa ni tampoco de la repercusión de esa alteración de sus facultades mentales. Será el tribunal que le juzgue, deja claro el tribunal, el encargado de valorar en la sentencia "la posible influencia de tal afectación" a la hora de delimitar la responsabilidad penal o incluso exonerarle de ella (en función de que se aplique, en su caso, una eximente parcial o completa).

En la vista oral tendrán que valorarse, insisten los magistrados, el valor probatorio de los informes periciales sobre el estado mental de Kanjaa, pues hasta ese momento unos y otros "carecen de valor probatorio alguno".

No limitar a las acusaciones

La Sala hace hincapié en que con esta decisión no se limita su derecho de defensa ni a un proceso con todas las garantías, como tampoco la tutela judicial efectiva. Algo que sí ocurriría, precisa, si fuese la Audiencia Provincial de Cádiz la que juzgase los hechos, porque mientras la Audiencia Nacional podrá, si la prueba no es suficiente, absolver a Kanjaa de los delitos de terrorismo, en el caso del tribunal del jurado en la Audiencia gaditana esa posibilidad se vería impedida (pues no tiene competencias sobre delitos de terrorismo) y de esta forma "se vería afectado el derecho al ejercicio de las acciones penales de las acusaciones".

Por todo ello se rechaza la declinatoria de jurisdicción planteada como cuestión de previo pronunciamiento y se acuerda dar traslado a la defensa para que presente su escrito de calificación.

La letrada expuso ayer a la Sala los informes forenses que concluyeron que el acusado tenía sus facultades mentales "severamente afectadas" para negar que su intención fuese cometer un acto terrorista, reiterando los argumentos que ya expuso en su petición de inhibición a la Audiencia Nacional. Su abogada niega que actuase con la intención de "alterar gravemente la paz pública" o aterrorizar a la población (una de las finalidades que definen los delitos de terrorismo), pues según la letrada dado su estado mental no tenía capacidad para discernir el objetivo terrorista de sus actos.

Pero tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones -entre ellas la AVT, Dignidad y Justicia, Abogados Cristianos, el Obispado de Cádiz y la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada, además de la que ejerce la familia de la víctima- reclamaron a la Audiencia Nacional que retuviera el enjuiciamiento de los hechos.

La Fiscalía pide para Kanjaa una condena de 50 años de prisión y que indemnice con 150.000 euros a su viuda y con 50.000 euros a cada uno de sus hijos, así como a los herederos del sacerdote y el ciudadano marroquí a los que también agredió, en su caso con 17.000 y 3.700 euros, respectivamente.