Una auditoría externa confirma el fraude de las mascarillas de Concha Andreu en La Rioja

El actual Gobierno de La Rioja, que preside el popular Gonzalo Capellán, encargó el pasado junio una auditoría externa a la «big four» KPMG para analizar la existencia de irregularidades en una compra de mascarillas que realizó su antecesora al frente de la región, la socialista Concha Andreu.

LA RAZÓN ha accedido al informe jurídico completo en que la empresa audita la adquisición de cinco millones y medio de unidades de esta medida de protección por más de tres millones de dinero público en la época del Ejecutivo autonómico del PSOE, en mayo de 2020.

En primer lugar, confirma lo que ya se presumía: Andreu adjudicó el suministro de estos millones de mascarillas quirúrgicas a la empresa en que trabajaba la hermana de una miembro de su Ejecutiva y le entregaron unas que no lo eran.

Andreu compró mascarillas quirúrgicas que no lo eran

Las mascarillas que la sociedad limitada Arneplant hizo llegar al Servicio de Salud de La Rioja no cumplen con «los requisitos mínimos para que el material sanitario suministrado fuera adecuado para evitar el contagio de la Covid», que es para lo que se compró.

«No se pueden considerar mascarillas quirúrgicas», deja claro esta auditoría externa. Como figura en el acuerdo, debían haber recibido cinco millones de quirúrgicas de talla adulto y el medio millón restante debían ser aptas para su uso por niños.

«La falta de adecuación del material aportado debe ser entendido como un incumplimiento de la obligación principal del contrato» público ya que no se pudo «dar cumplimiento a la necesidad que justifica esta compra», que no era otra que proteger a la población en los hospitales y las escuelas en los peores momentos de la pandemia, y era donde estaba previsto que acabaran siendo repartidas, como no ocurrió.

Por todo ello, Arneplant habría «incurrido en un incumplimiento del contrato» que, establece la legislación, «es una de las causas de resolución» de una contratación pública como esta.

En la proveedora trabajaba la hermana de una miembro de su Ejecutiva

Volviendo a la relación entre esta miembro de la Ejecutiva socialista riojana y esta compañía, las casualidades son varias. Por un lado, la creación de esta adjudicación vino respaldada por un informe en el que se exponía la «necesidad y situación de emergencia» para comprar esta cifra de mascarillas.

Lo elaboró la directora de la Fundación Riojana para la Innovación, que era Nuria San Servando. En aquel entonces –y hasta 2021–esta entidad era privada.

Esta mujer, que integró la Ejecutiva regional de Andreu, es hermana de una empleada del área de ventas de la compañía proveedora, dedicada hasta entonces al sector del calzado. Hablamos de Marian San Servando.

Además, Nuria San Servando fue la persona que en nombre de la administración regional firmó la recepción del material que le vendió la empresa en la que trabajaba su hermana. En vez de un responsable de la Sanidad riojana como órgano contratante.

Esta empresa tiene su sede en Arnedo, la misma localidad de la que Nuria es también concejal socialista. Desde junio de 2023, además, ha sumado el cargo de miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesora a la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Ahora, al actual Gobierno riojano de Caballero solo le queda una opción ante este supuesto fraude. Que se concreta en que al Gobierno de Andreu –que ahora ha sido reubicada en el Senado– se les vendió unas mascarillas higiénicas por unas quirúrgicas a un precio de 0,56 euros cada una.

La auditora propone reclamar perjuicios

Como expone la auditoría llevada a cabo por KPMG, al ser un contrato «finalizado hace ya casi cuatro años» administrativamente no es posible resolverlo por «el previsible riesgo» de que acabe recibiendo una sentencia «desfavorable» para sus intereses «en un procedimiento contencioso-administrativo».

Con lo que, la auditoría pone sobre la mesa, a modo de conclusión, que la única vía para intentar recuperar algo de los millones de fondos públicos invertidos en esta operación es «reclamar los daños y perjuicios» a Arneplant «producidos por el incumplimiento del acuerdo».

Para ello, la legislación fija como margen máximo un periodo de cinco años desde que se recibiese la última entrega de suministros, que se remonta al 8 de septiembre de aquel 2020.

Por tanto, Capellán y sus consejeros autonómicos tienen casi seis meses para incoar el procedimiento para tratar de que se les abone devuelta «los gastos asumidos» por la institución en relación «al material al que no se le pudo dar el uso para el que estaba destinado».

Unas facturas que se concretan en, por ejemplo, lo que costó su transporte y almacenamiento. Pero también en los gastos asumidos para «subsanar la situación de incumplimiento», como la compra de otras mascarillas alternativas o «eliminación de las defectuosas».