Los barones del PP reciben poder de veto sobre la cúpula

Primero ante el Comité de Dirección y después, a puerta cerrada, en la última reunión del Comité Ejecutivo. La cúpula popular ha recibido la instrucción del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que se abstengan de visitar territorios en esta larga campaña electoral sin que se lo hayan pedido desde los comités de campaña regionales. Ni visitas improvisadas ni al servicio de intereses personales o por equivocación de las prioridades. Y mucho menos aquello que se lleva haciendo toda la vida en los partidos de aprovechar el tiempo electoral como justificación de desplazamientos personales para pasar el fin de semana.

Los barones del PP tienen poder de veto sobre quién puede ir a ayudarles en campaña. Serán los comités regionales, que son los que mejor conocen el territorio, quienes decidan qué dirigente nacional puede acompañarles para pedir el voto. Aquellas imágenes de desembarcos nacionales pasan así a mejor vida en la nueva etapa que abrió el Partido Popular hace ahora un año, con la caída de Pablo Casado como presidente del partido de Génova y todo lo que ello supuso.

Del «casadismo», que pecó de injerencia autoritaria sobre los dirigentes territoriales, a un modelo en el que los barones marcaran el paso en la próxima campaña en todos los casos, con autoridad sobre las aspiraciones de los «pesos pesados» de la dirección nacional.

El choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue el gran error del equipo de Pablo Casado, pero también fallaron en las relaciones con las organizaciones territoriales –cuyo peso llevaba el entonces secretario general Teodoro García Egea–. A esto se le ha dado la vuelta en estos nuevos tiempos, y en coherencia con la política que practicó Alberto Núñez Feijóo como líder del PP gallego y presidente de la Xunta, donde nunca le gustó que desde Génova le tuvieran que decir cómo gestionar el partido, él aplica la misma libertad. Estas elecciones de mayo tienen una especial relevancia porque en ellas se medirá a nivel nacional la dependencia que pueda tener el Partido Popular de Vox. La partida con el PSOE está abierta en hasta siete comunidades y el gobierno se decidirá en el último momento y por un puñado de votos.

Para el PP es tan importante ganar poder territorial como reducir al máximo su hipoteca con Vox porque el mapa que salga de estos elecciones será el que sirva de referente para las generales de meses después.

En el ámbito municipal, el partido de Santiago Abascal solo puede hacer dos cosas: apoyar a un candidato del PSOE o a un candidato del PP, y los populares mantendrán el pulso porque consideran que Vox no puede permitirse facilitar el gobierno a la izquierda. Sostienen que esta estrategia también la mantendrán en los gobiernos autonómicos porque «Vox no puede darle un gobierno al PSOE a meses de las elecciones generales».

Vox, por su parte, intentará forzar su entrada en los gobiernos, aunque sea como precio a prestar un escaño. Dentro de Vox conviven dos almas, y en anteriores comicios libraron incluso el debate sobre la conveniencia de presentarse a las elecciones autonómicas al reconocerse como un partido que está en contra del Estado autonómico. Resuelta esa discusión, ahora su estrategia será la misma que siguieron en Castilla y León. Están teniendo problemas en la captación de talento político a nivel territorial, y donde más «grano» encuentran es en el espacio más radical y vinculado con el falangismo.

Vox todavía no ha desvelado la fecha ni el candidato de la moción de censura aunque sigue manteniendo conversaciones con el economista Ramón Tamames sin aún haber concretado nada más –aunque en Vox sí que adelantaron el pasado lunes que la moción la van a presentar porque es algo a lo que se comprometieron–, pero el equipo de campaña sí da señales de que quiere dirigir el debate al terreno más ideológico y conservador para intentar incomodar a la dirección del PP.

En eso coincide con la estrategia de la izquierda. A los populares les ha ido tradicionalmente siempre mejor en la confrontación económica que en los debates ideológicos por las distintas sensibilidades que conviven dentro del partido y en su electorado.