El CGPJ pedirá 15 días más al Senado para su informe sobre la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) necesita más tiempo para elaborar su informe sobre la proposición de ley de amnistía. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces tiene previsto aprobar en su sesión de hoy la petición al Senado de una prórroga de 15 días para cumplimentar ese informe recabado por la Cámara Alta, según confirman fuentes del CGPJ.

Y es que, recuerdan esas mismas fuentes, dado que la petición del Senado –aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara– llegó al Consejo el pasado 9 de diciembre, y al no tratarse de una solicitud de carácter urgente, el plazo de 30 días hábiles concluye el próximo día 24 (dado que entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se consideran jornadas inhábiles a efectos procesales).

Si, como es previsible, ese plazo se prolonga por parte del Senado, los dos vocales encargados de elaborar ese informe sobre la amnistía –Wenceslao Olea y Mar Cabrejas– dispondrían de tiempo hasta mediados de febrero para concluir el dictamen sobre el que deberán pronunciarse sus compañeros.

Tras la petición de prórroga –adelantada por El País–, el debate sobre la amnistía en el Pleno del CGPJ puede retrasarse un mes. No en balde, el próximo Pleno se celebra el día 25, apenas 24 horas después de que expire el plazo dado por el Senado, lo que permitía incluir en el orden del día esta cuestión. Pero con la ampliación de 15 días resulta factible que el debate se posponga hasta el Pleno de febrero, previsto para el día 29 de ese mes.

Al Pleno de febrero

Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que, pese a todo, en el orden del día del Pleno que se celebrará la última semana de enero es previsible que se incluya ese informe para su debate, siquiera para que los vocales se cercioren de que –como parece previsible– se ha esfumado la posibilidad de llevar a la sesión plenaria un documento consensuado por los dos bloques del CGPJ. Unas discrepancias que abren incluso la puerta a que cada uno de los vocales comisionados para elaborar este dictamen presenten su propio texto. En ese caso, sea cual sea el informe que finalmente se apruebe, se haría con los correspondientes votos discrepante de los vocales contrarios al criterio de la mayoría.

La prolongación del plazo permitirá además al CGPJ estar al tanto de la tramitación de la iniciativa legislativa y del contenido de las distintas enmiendas parlamentarias, lo que garantiza a los vocales una visión más amplia de sobre el encaje constitucional de la proposición de ley.

El Gobierno de Pedro Sánchez optó por presentar una proposición de ley del PSOE, en lugar de un proyecto de ley, para la tramitación de la ley de amnistía, sorteando así los informes preceptivos que se exige en el segundo caso (no solo por parte del CGPJ, sino también del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado). Ninguno de ellos resulta vinculante, pero el Ejecutivo quería así evitar el mal trago por el que pasó, por ejemplo, con los informes sobre la ley del «solo sí es sí», la reforma de la ley del aborto o la «Ley Trans».

Ofensiva del PP en el Senado

Pero el PP se amparó en su mayoría en la Mesa del Senado para solicitar informes sobre la ley de amnistía tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Consejo Fiscal, que de esta forma se pronunciarán sobre la polémica medida pactada por el PSOE con los independentistas catalanes para garantizarse los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

Será precisamente la tramitación en el Senado de la proposición de ley la que demorará la aprobación definitiva de la medida de gracia, lo que previsiblemente acontecerá la próxima primavera.

En la petición de informes presentada por el PP en el Senado -la que finalmente salió adelante- se defiende que la amnistía vulnera el principio de separación de poderes y de exclusividad jurisdiccional (que corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, según establece el artículo 117 de la Constitución), vaticinando «graves consecuencias» para el Poder Judicial.

Aunque la posibilidad de un informe unánime sobre la ley de amnistía se antoja lejana, los vocales de uno y otro signo si reaccionaron al unísono para oponerse a la constitución de comisiones de investigación parlamentarias para revisar la actuación judicial. En un acuerdo histórico, el Pleno rechazó de forma unánime que jueces y magistrados puedan ser citados a declarar, instando incluso al Congreso y al Senado a abstengan de citarlos y anticipando su negativa a autorizar esas comparecencias, blindando así el ejercicio de su función jurisdiccional.

«Ineludible» petición de dictámenes

El Senado consideró «ineludible» la petición de informes al CGPJ y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. Así consta en el escrito del PP que aprobó la Mesa de la Cámara Alta con la oposición del PSOE. En esas consideraciones, se argumentaba que, dado que la propuesta incluye la modificación del Código Penal «resulta imperativa» la solicitud al Consejo de su pertinente dictamen, como garante de la independencia judicial.

Para el PP supone un fraude de ley tramitar la iniciativa como proposición de ley «cuando la propuesta de reforma proviene del Gobierno».