El choque por la derogación del impuesto de sucesiones llega al Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno frente al Senado por el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se toma en consideración para su tramitación la proposición de ley por la que se deroga la ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en contra del criterio del Ejecutivo.

El Pleno de la corte de garantías ha adoptado esta decisión tras escuchar los argumentos del Gobierno, que defiende que el acuerdo de la Mesa del Senado podría vulnerar los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación al ejercicio de su facultad de veto presupuestario. También subraya que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", sin que, en este caso, "se haya prestado".

En este sentido, y "ya habiendo mostrado su disconformidad con la tramitación de la norma", el Gobierno dio inicio al procedimiento constitucional el pasado 19 de diciembre, "al requerir al Senado que revocara el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se admitía a trámite esta proposición de ley". En dicho requerimiento, Moncloa explicaba que se había emitido un informe en el que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública "justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo".

El documento señalaba que la proposición de ley "obligaba al Estado a compensar a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada una de ellas, en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa". Y estimaba un impacto en las arcas públicas de la proposición de ley del PP de cerca de 2.800 millones de euros.

Pese a ello, el Gobierno denunció que el 21 de noviembre la Mesa del Senado optó por "ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad", bajo el argumento de que la proposición de ley "se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente". Posteriormente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solicitó que se revocase la tramitación del texto legal alegando que era una vulneración "flagrante" de la Constitución, por lo que abría la puerta a presentar un recurso ante el TC si no se paralizaba la norma.