Denuncia contra Puigdemont por ultrajes a España, asociación ilícita, coacciones e intrusismo

La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces ha interpuesto una denuncia penal en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont por los presuntos delitos de asociación ilícita por crear el llamado Consejo de la República Catalana; atentado contra la autoridad; amenazas y coacciones a las autoridades públicas; usurpación de funciones e intrusismo y encubrimiento y desobediencia, junto al «ultraje a España al usar la bandera independentista para reuniones de una entidad que no existe», según un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La asociación ha solicitado además la suspensión en la tramitación de «cualquier ley de amnistía», «cualquier negociación política del PSOE con Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez», así como la «suspensión de las actividades» del Consejo de la República Catalana. Finalmente, Raíces reclama a la Audiencia Nacional que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont para que sea arrestado y traído a España para responder ante la Justicia.

Desde la entidad confían en que el tribunal cumpla con su obligación de investigar unos hechos que han quedado «perfectamente acreditados desde 2017», fecha de la fuga de Puigdemont, y «por los que hasta el momento no había sido investigado».

Raíces espera que la Orden de Detención y Entrega se emita «lo antes posible» y el expresidente sea «entregado a la justicia española en función de la normativa que regula las extradiciones en el ámbito de la Unión Europea e ingrese en prisión en España».

Recuerda el texto de la demanda que desde el «Consejo de la República» y «otras organizaciones afines ya existentes y creadas posteriormente», el denunciado y otras personas, «vienen desde 2017 hasta la fecha, realizando una serie de actuaciones que además de ser ilegales de por sí todas ellas, muchas tienen un presunto carácter delictivo».

Así, según el escrito, «se hace pasar por un presidente de la República catalana, existiendo en España una democracia plena y de las más avanzadas hoy del mundo, tras la Constitución de 1978, cuando el presidente legal actual de la Generalidad catalana es Pedro Aragonés». Por ello, «está usurpando presuntamente funciones del Sr. Aragonés, además, yendo mucho más allá de las competencias que tiene en España una comunidad autónoma, y vulnerando flagrantemente el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Asimismo, «lleva a cabo reuniones y actuaciones constantemente, con representantes políticos, asociativos, empresariales y profesionales, tanto de España como de otros países, usurpando funciones del Rey de España, del presidente del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores (cuando la competencia sobre política exterior, artículo 149 de la Constitución, es exclusiva del Estado)».

Abunda la denuncia en que se hace llamar «exiliado» siendo España «un país plenamente democrático», y «cuando fue legalmente cesado el 27 de octubre de 2017» en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, un «acuerdo firme, que no ha sido nunca anulado por ningún tribunal español o internacional, y plenamente legal y ejecutivo, por tanto».

Además, que «en lugar de elegir la vía constitucional y legal para poder proponer que Cataluña se independice del resto de España –reforma de la Constitución, referéndum para toda España tras la reforma– y otros extremos procedimentales posibles, jamás ha mencionado esta posible vía legal, sino que sistemáticamente viene defendiendo una declaración unilateral de independencia, y una actuación diaria al margen de la Ley y de la Constitución, ejerciendo funciones que en ninguna ley en España le ha encomendado nadie».

En este contexto, «tras el resultado de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 , al no contar ningún partido con mayoría absoluta y en especial tras la fallida investidura del candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo», el denunciado «viene sistemáticamente chantajeando y extorsionando, presuntamente, al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y a varios ministros del Gobierno de España, y también al líder de la oposición, con que sólo apoyará su investidura si se aprueban una serie de medidas que parecen a todas luces ilegales e inconstitucionales».

Entre estas medidas se hace referencia concreta a la «amnistía de las más de 4.000 personas encausadas desde 2017 por los distintos disturbios sucedidos en Cataluña como consecuencia del fallido «procès»; la amnistía «de los gravísimos delitos cometidos por el propio Puigdemont y personas que le siguieron en su fuga a Waterloo y a otros lugares». Asimismo, la «amnistía de una de las familias presuntamente más corruptas de la historia reciente de España, y supuesto «mentor político» y persona que está en la sombra detrás del Sr. Puigdemont desde 2017 hasta hoy, Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus 7 hijos».

La denuncia se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, al haber ocurrido los hechos descritos mayormente en el extranjero, y residir el denunciado en Bélgica, «como es público y notorio». Y ello, «con independencia de que algunos de los hechos se hayan podido cometer presuntamente en Madrid u otras ciudades de España, y sean conexos (incluso por otras personas supuestamente colaboradoras del Sr. Puigdemont),según establece jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo».