¿Depende la Fiscalía del Sanchismo?

La Fiscalía General del Estado sostiene -en respuesta a la petición de ilegalización reclamada por la asociación de guardias civiles Jucil- que no puede iniciar el proceso de ilegalización de Bildu porque no incluye etarras en sus listas de forma recurrente o repetitiva, como exige el artículo 9.3 c) de la Ley de Partidos. Aún no se ha pronunciado sobre la denuncia de Dignidad y Justicia que, a los terroristas que se presentan en las listas de los comicios de 2023, ha añadido más de una veintena de condenados por terrorismo que han figurado en listas electorales de Bildu en elecciones de 2015 a 2019.

Es decir, Bildu reitera la vulneración del artículo 9.3 de la Ley de Partidos a pesar de que la Fiscalía General indicara lo contrario. Se trata también de etarras con delitos de sangre, al igual que los que se presentan en 2023. Algunos de ellos incluso repiten y se presentan a los comicios de este próximo 28 de mayo. Son muchos más los que han aparecido en algún momento en esas y en otras listas electorales, pero es necesario que el garante de la legalidad, el organismo en el que todos los españoles hemos delegado la competencia de investigación, tome algún tipo de iniciativa y solicite informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estamos en un estado de derecho en el que no es de recibo que ciudadanos o asociaciones hagan el papel que corresponde a la Fiscalía. La inacción no es una opción para el estado de derecho. La inclusión de terroristas en las listas de Bildu es el premio que, premeditadamente, los de Otegi otorgan a los asesinos de nuestros familiares. Es un aberrante macroacto de humillación a las víctimas, por supuesto, pero sobre todo es una ilegalidad cuando, como en esta ocasión, se da de forma continuada desde hace años. Todos los que perdimos un familiar o sufrimos las consecuencias de las bombas hemos permitido que hoy todos los españoles estemos disfrutando de la libertad y democracia. Pero el PSOE, por ser socio de Bildu-ETA, pretende blanquear a estos asesinos, sin mover un solo dedo para investigarlo. Creo que la Fiscalía General merece tener una oportunidad. Si no lo hace, también habrá traicionado a todas las víctimas.

*Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid