Las víctimas llevan su petición de ilegalización de Bildu hasta la Fiscalía del Supremo

Dignidad y Justicia (DyJ) ha llevado su petición de ilegalización de Bildu hasta la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado hoy mismo la investigación por la presencia de 44 etarras en las listas de la formación abertzale al no apreciar indicios de delito. Más allá de que el Ministerio Público haya constatado que ninguno de ellos tiene penas de inhabilitación pendientes de cumplir, la asociación que preside Daniel Portero pretende que la Fiscalía del Supremo compruebe si los 44 etarras –siete de ellos condenados por asesinatos terroristas– han rechazado públicamente la violencia de ETA. Y es que el artículo 9.3 c) de la Ley de Partidos avala la ilegalización de una formación que incluya «regularmente» en sus listas electorales a «personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».

Dignidad y Justicia ha dado ese paso, según ha confirmado LA RAZÓN, después de que ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacionala archivase la investigación abierta a raíz de su denuncia por la presencia de 44 etarras en las listas de EH Bildu para el 28-M al no ver indicios de delito. El departamento que dirige Jesús Alonso asegura que «tras un riguroso análisis de la denuncia y de la ampliación de esta» –en la que la asociación de víctimas reclamaba poner en marcha el proceso de ilegalización de la formación abertzale– y «tras consultar los documentos oportunos, referentes a las condenas impuestas y su cumplimiento», concluye que «los hechos no son constitutivos de ilícito penal».

El Ministerio Público ha comprobado que ninguno de ellos está afectado por causa alguna de inelegibilidad, al no tener penas de inhabilitación en vigor, de manera que «a la vista de los antecedentes penales» concluye que en los hechos denunciados no se aprecian indicios delictivos.

La Fiscalía explica que tras analizar "las hojas histórico-penales de las personas condenadas" no se aprecia "circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallamos ante un supuesto de inelegibilidad previstos en el artículo 6.2 de la Ley de Régimen Electoral ni que los hechos objeto de la denuncia tengan trascendencia penal o constituyan un ilícito de esta naturaleza" a la vista de los antecedentes penales de los 44 etarras, que ya han extinguido sus condenas y sobre los que no pesa ninguna pena de inhabilitación en vigor.

En consecuencia, el departamento que dirige el fiscal Jesús Alonso acuerda la incoación y el subsiguiente archivo de las diligencias de investigación. Asimismo, recuerda a DyJ que es a las juntas electorales a las que compete "el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones".

Siete condenados por asesinatos

Entre los 44 candidatos condenados por delitos de integración o colaboración con organización terrorista, siete de ellos, según la denuncia de Dignidad y Justicia, fueron condenados por delitos de asesinato terrorista.

Esos siete condenados por delitos de sangre -que ya han anunciado que renunciarán a tomar posesión de sus actas si resultan elegidos son: Agustín Muiños, número 6 en la lista de Legutiano (Álava), condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; Begoña Uzkudun, número 3 de la de Régil (Guipúzcoa), condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984; Juan Ramón Rojo, número 21 de la candidatura de Irún, condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991; Asier Uribarri, número 4 de la lista de Maruri-Jatabe (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández; José Antonio Torre, suplente número dos de la lista a la Alcaldía de Munguía (Vizcaya), que fue condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato, en 1978, de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pered; Lander Maruri, segundo suplente de la lista de Ciérvena (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión como cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García Hernández en 1997; y Juan Carlos Arriaga, número tres de la candidatura de Berrioplano (Navarra), condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer Jiménez en 1984.