Negociación
Díaz "paga" la reducción de la jornada laboral: renuncia a la herencia universal, a topar hipotecas y la cesta de la compra
Sumar responde a las críticas de Podemos: "El acuerdo atañe al conjunto de la coalición"
Pacto a medianoche. Con premura, aunque el pacto ya estaba «maduro» desde hace días, según un ministro socialista, y por ello, no veían lugar a retrasarlo más. No había sorpresa en que PSOE y Sumar llegaran a un acuerdo finalmente, pero Sumar quiso escenificar primero lo contrario. El escollo principal llevaba encallado varias semanas y no fue hasta este lunes a medianoche cuando se imprimió blanco sobre negro la reducción laboral con número redondo -las 37,5 horas semanales– y el compromiso de una fecha concreta –en dos años–, condición imprescindible para que Sumar diera el «ok» al PSOE para rubricar un acuerdo de coalición y olvidar de lleno otras promesas importantes por las que Yolanda Díaz había clamado en campaña electoral.
PSOE y Sumar anunciaron su acuerdo para reeditar la coalición de Gobierno casi a las ocho de la mañana con un documento programático de 48 páginas que sería firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el museo Reina Sofía con fotos de sintonía entre ambos líderes incluidas. El grueso del pacto electoral acaba reforzando al socio minoritario y hasta el presidente del Gobierno en funciones lo dejó ver en su intervención de la presentación del pacto. Fue Yolanda Díaz la primera que presentó el acuerdo de manera a minuciosa en toda la parte social y laboral, mientras que, después, Pedro Sánchez le reconocía la exhaustividad y se refería continuamente a su socia de manera muy cercana. Ambos presentaron un pacto de coalición «para cuatro años de legislatura» y celebraban que «era un día grande».
Díaz monopolizó así el discurso laboral del Gobierno comprometiéndose a pasar de las 40 a las 37,5 horas de trabajo a la semana, pero no ya en 2024, como pedía Sumar, sino de «forma progresiva», retrasando a 2025 el objetivo final. Será entonces cuando se «constituya una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad», entre otros. Según fuentes de la negociación eso se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores.
A cambio, la vicepresidenta cede en la herencia universal a los jóvenes que cumplan 18 años, a topar el precio de los alquileres o la cesta de la compra, según reconocen fuentes de la negociación, que aun así tildan el acuerdo de «muy ambicioso», más que el de 2019 firmado con Unidas Podemos. Todas estas son grandes promesas de Yolanda Díaz en su primera campaña electoral nacional como candidata a presidenta y que si bien, han sido luchadas en la mesa de negociación con el PSOE, el equipo negociador de Sumar no ha conseguido arrancar a sus socios. Se reconoce que hay batallas que han sido más difíciles de dar y que incluso, renunciar, para conseguir otros hitos más importantes, como el de la reducción de la jornada laboral, entre otros.
Otra de las cesiones de Sumar en el acuerdo corresponde a la exigencia de Díaz en los últimos días -a causa del conflicto en Oriente Medio- de que el acuerdo de coalición reconociese explícitamente al Estado de Palestina. Sin embargo, el pacto firmado solo se refiere a la resolución que ya se firmó en el Congreso de los Diputados, por medio de una declaración institucional en 2014. " El Gobierno de España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014", reza el citado texto.
Dentro de Sumar sacan pecho de los hitos en materia laboral y fiscal. El punto de mayor fricción, Sumar lo considera fundamental y ahora, explican fuentes de la negociación, que la fórmula consensuada de despliegue gradual hasta conseguir las 37,5 horas de jornada laboral (para 2025) requerirá previsiblemente un proyecto de ley que readapte el estatuto de los trabajadores con alguna disposición transitoria. Además, aseguran que en caso de desacuerdo con laboral o sindicatos primará el acuerdo de Gobierno, pues no se podrá vetar la iniciativa de Gobierno. El compromiso de reducir los vuelos domésticos de 2,5 horas con alternativa ferroviaria también generó un intercambio importante de documentos, y finalmente se ha desencallado, con el requisito del PSOE de que no afectara l hub de conexiones áreas internacionales, en Madrid y Barcelona.
En materia fiscal, la recaudación de 10.000 millones a través de la reforma de sociedades con un impuesto del 15% sobre los beneficios reales y el compromiso de mantener el impuesto a los beneficios fiscales de la banca y las energéticas también generó fricciones dentro del Gobierno, pero sale adelante, al igual que la financiación autonómica, empezando por Valencia -clave para Comprmís- o en materia de vivienda, donde se articulará el índice de precios para el control de alquiler, algo a lo que ya obliga la recién creada ley de Vivienda.
El acuerdo genérico será trasladado en los próximos días a los socios de coalición del grupo parlamentario Sumar y ante las posibles críticas de los aliados, Sumar llama a filas. Podemos, de momento no ha valorado oficialmente el acuerdo pero dirigentes del partido que no forman parte del grupo parlamentario ya lo critican en público como en privado. Las suspicacias de los morados llegan al entender que no se ha confeccionado un acuerdo explícito con el PSOE. En rueda de prensa, el lunes, los portavoces morados, -antes de que se conociera con detalle el acuerdo y de que se cerrara- lo tildaron de "insuficiente". Ayer, el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, fue muy gráfico en sus críticas. Daba a entender que, en su opinión, el acuerdo no obligaba al PSOE.
Ante las críticas, en Sumar, fuentes de la negociación avisan que el acuerdo implica al "conjunto de la confluencia" y a sus diputados. Es decir, que no puede ser desacatado de cara a la investidura de Pedro Sánchez.Además, se incide en la dificultad de la negociación con el PSOE. Como ya ha publicado este diario, en el partido de Díaz se quejaban en medio de la negociación de que los socialistas buscaban un acuerdo no cerrado de coalición, es decir, menos explícito que el de 2019. Por la experiencia del PSOE en el primer gobierno de coalición, no querían un acuerdo tan apuntalado de cara a la convivencia dentro de la coalición. En el partido se reafirman y aseguran que los de Sánchez plantearon a principios de verano un documento “genérico” de “tres o cuatro páginas”.
En Sumar rechazaban ese extremo y opinan que un acuerdo detallado evita “posibles conflictos” a la vez que construye una hoja de ruta clara sobre el porqué del gobierno de coalición. Se censura, además, que se reprochaba a los de Díaz que un acuerdo muy cerrado pudiese alejar a socios necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, como Junts y PNV. Fuentes de la negociación aseguran que el acuerdo que se ha conseguido es “enormemente ambicioso” con “avances superiores al de hace cuatro años”, por tanto, restan importancia a las críticas que puedan darse dentro del espacio.
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