El Estado estudia recurrir la decisión de Estrasburgo de indemnizar a una etarra

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes, en sus primeras declaraciones públicas tras tomar posesión del cargo, que los Servicios Jurídicos del Estado estudiarán si se recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado a España a indemnizar con 29.000 euros a la etarra Beatriz Etxebarria, miembro del ‘comando Otazua’ de ETA, por no llevar a cabo “una investigación profunda y efectiva” sobre los malos tratos que ésta denunció.

Tras intervenir en un congreso sobre arbitraje celebrado en un hotel de Madrid, Catalá ha destacado que disponemos de “un sistema de controles jurisdiccionales de altísima calidad” tanto en el ámbito español como el internacional y que el Gobierno acata las resoluciones del tribunal con sede en Estrasburgo.

Además de afirmar que las sentencia se ha conocido esta misma mañana, y que por lo tanto desconoce la literalidad de las mismas, el nuevo ministro de Justicia ha explicado que la condena se refiere a una cuestión “de ámbito procesal” por el archivo de una denuncia por malos tratos.

“Vamos a estudiarlo con el compromiso de garantizar, como creo que ya es así, que en España existe un sistema jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales que funciona con toda calidad”, ha insistido.

Etxebarría, condenada, entre otros, por los asesinatos del policía nacional Eduardo Puelles y del brigada Luis Conde, debe según el TEDH ser indemnizar con 25.000 euros a Etxebarria por daños morales y con otros 4.000 por los gastos del procedimiento, al considerar que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El TEDH también ha hecho pública este martes una segunda resolución en la que igualmente condena a España a indemnizar con 24.000 euros (20.000 por daños y morales y 4.000 por los gastos del procedimiento) por vulnerar el mismo artículo en el caso de Ohian Unai Ataun Rojo, que fue arrestado en noviembre de 2008 y permaneció cuatro días en régimen de detención incomunicada mientras era investigado por su pertenencia a la organización terrorista ETA.