La examante del general dijo a la jueza que el «mediador» no era de fiar

La examante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa –el único imputado en el «caso Mediador» que se encuentra en prisión– aseguró a la jueza que investiga la supuesta trama corrupta -que salpica también al exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni",- que el conseguidor de la organización, Marco Antonio Navarro Tacoronte, no le inspiró «ninguna confianza» cuando se reunió con él y con el empresario Antonio Bautista, apodado «el Curilla», para conseguir el trabajo que, según consta en el sumario, habría solicitado el mando del Instituto Armado a cambio de utilizar sus influencias para que la empresa de instalación de placas solares de Bautista, Cleanenergetic Insular, consiguiera «importantes contratos en el sector privado» gracias al círculo de influencias de los investigados.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el pasado día 13 Adelaida P. S. explicó que, gracias a la mediación del general Espinosa, se reunió en un par de ocasiones con Navarro Tacoronte y con el citado empresario porque «estaba buscando trabajo», pero negó que Bautista llegara a emplearla en alguna de sus empresas, por lo que según dijo no llegó a cobrar cantidad alguna. A diferencia de la impresión que se llevó de Bautista, aseguró en su declaración según esas mismas fuentes, el «mediador» no le pareció una «persona seria».

Para esclarecer si la entonces amante del mando de la Guardia Civil, a la que se referían como «chocho volador», llegó o no a ser contratada por «el Curilla», la magistrada de Tenerife Ángeles Lorenzo-Cáceres, que dirige la investigación del «caso Mediador», acordó en una providencia del pasado día 14 solicitar al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (un organismo creado para agilizar la petición de documentos a la Administración por parte de los juzgados) "la vida laboral" de Adelaida P. S. a fin de acreditar si fue o no dada de alta por el empresario investigado.

Contratos de placas solares

En su declaración judicial, Navarro Tacoronte aseguró que el general, a quien en sus conversaciones se refería como «Papá», utilizaba sus influencias (era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas) para conseguir «contratos para los empresarios a cambio de dinero».

Siempre según su versión –recogida en el atestado que realizó el Instituto Armado incorporado al sumario– el 14 de septiembre de 2022 se reunió en Madrid con el general y con «el Curilla». El «mediador» y Espinosa se habían conocido hace poco y Navarro Tacoronte le telefoneó para presentarle a su socio en un proyecto del sector fotovoltaico. La investigación apunta a que a cambio de utilizar sus influencias para conseguir a Bautista contratos con la cadena de hoteles Lopesan, la UD Las Palmas, Eulen e incluso en varios países africanos (Espinosa era director del Proyecto Sahel, cuyas adjudicaciones bajo sospecha investiga ahora la Fiscalía Europea), el empresario pagó de su bolsillo al mando de la Guardia Civil un viaje a Fuerteventura con su amante del 23 al 25 de noviembre. Además, Navarro Tacoronte mantiene que Espinosa «exigió la contratación» de su compañera sentimental «como premisa innegociable» para facilitar a «el Curilla» su desembarco en el mundo empresarial de Gran Canaria.

Medidas extremas para evitar filtraciones

Navarro Tacoronte explicó que aunque en un principio accedió a colocar a Adelaida P. S., tras verse con el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez (con quien estaría emparentado Adelaida), empezó a cambiar de opinión. A medida que los contratos prometidos no se cerraban –el empresario Luis Monzón, de Lopesan, ratificó en su declaración como testigo que no llegó a contratar a Bautista–, este último trasladó al general que no contrataría a su amante, por lo que el general imputado, contrariado, se habría encargado de que esos contratos no prosperasen, según aseguró «el mediador».

Las declaraciones de los testigos del pasado día 13 estuvieron rodeadas de extremas medidas de seguridad para evitar filtraciones. Los abogados tuvieron que entregar sus móviles antes de acceder a la sala de vistas y las testificales ni siquiera se grabaron como es habitual. Aunque el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife investiga un posible delito de revelación de secretos por las filtraciones de la causa, en una pieza separada que permanece secreta, fuentes presentes en los interrogatorios califican lo sucedido de «un poco peliculero».