De facto

Uno de los mantras de la izquierda española durante las últimas décadas ha sido repetir que ya nos hallábamos en un estado federal «de facto». La expresión «de facto» se usa para señalar algo que se da por la fuerza de los hechos, sin el necesario reconocimiento jurídico. Por supuesto, ese mantra sugería que existía la posibilidad de que algún día fuera reconocido por ley y tal sugerencia ideológica permitía justificar los más diversos pactos a conveniencia con cualquier tipo de regionalismo. Ahora, la fuerza de los hechos –la fuerza del agua, en concreto– ha puesto en evidencia cuan lejos de la realidad se hallan todas esas coartadas ideológicas. Porque si nos encontráramos en un estado federal de hecho, existirían también mecanismos suprafederales de facto para afrontar catástrofes tan gigantescas como la valenciana, que desbordan las capacidades de respuesta de una sola comunidad autónoma.

El relato que se ha transmitido estos días, mostrando a la UME con considerables efectivos a las puertas de la región valenciana, esperando que les dieran permiso para entrar y señalarles a dónde dirigirse, resulta sangrante en una circunstancia como esta, donde la rapidez de respuesta es clave para reducir el número de víctimas. Ignoro si ese relato se corresponde verdaderamente con la realidad o procede del intercambio cruzado de culpas en el que ahora se están embarcando nuestros administradores. Pero, en cualquier caso, es llamativo que unos se lancen a otros el papel de culpable y ninguno señale como culpable principal al defectuoso sistema del que nos hemos dotado y que ellos, perezosamente, han contribuido a crear.

En el diálogo político español sigue siendo tabú hablar de la posibilidad de recentralizar ciertas competencias esenciales necesarias para todos. Si mencionas el verbo «recentralizar» quedas catalogado inmediatamente como un facha. Como todos los temas administrativos, el tema tiene muchas facetas y el abanico de posibilidades es amplio, pero no se espera a escuchar o deliberar sobre qué, cuáles, dónde y cómo sería conveniente revisar esas atribuciones. Se despacha como si fuera imposible y ultraderechista quien lo mencione antes de ni tan siquiera debatir el tema.

Pero al descontento de la población, a la indignación y la insatisfacción sobre cómo se organizó la reacción frente al desastre, solo a un párvulo se le ocurriría atribuirlo únicamente a grupos organizados de ultraderecha. El descontento y la irritación estallan, lógicamente, cuando a una población arrasada y desesperada lo primero que llega es una caravana oficial de relucientes todoterrenos negros, con los cristales tintados, antes de la necesaria excavadora. Eso lo puede comprender hasta cualquiera de los mayores cretinos ministeriales que por los pasillos de las oficinas gubernativas discurren. No vale decir que no era el momento oportuno. Lo que no resulta oportuno era ni el lugar ni la manera administrativa de organizar los mecanismos de ayuda.

En Estados Unidos, cuando hace cien años se vio que la descoordinada organización policial de las diversas zonas era refugio de delincuentes e ineficaz para luchar contra el crimen organizado que crecía geométricamente, se creó el famoso FBI. El innegable cambio climático, coincidimos todos ahora en que traerá un crecimiento de las catástrofes meteorológicas. ¿Qué sucederá cuando una de ellas abarque una amplia zona fronteriza de dos autonomías? ¿Hay alguien trabajando ya en ello? ¿Previendo esa posibilidad? Porque si algo ha quedado demostrado en el caso presente es que la organización gubernativa actual no ha funcionado con la celeridad necesaria.

Es entendible que cada vez que un pobre columnista de periódicos, o un ciudadano cubierto de barro, se ponga a hablar de recentralización, estos legisladores introduzcan los meñiques en sus pabellones auditivos y miren para otro lado mientras cantan el «La, la, la», como si estuvieran en 1968. Al fin y al cabo, aceptar las posibles bondades de la centralización en lo básico les pondría en muchos aprietos conceptuales para justificar fragmentar también el fisco y que cada una de las élites regionales afines pudiera hacerse a su gusto con la pasta del contribuyente.

Pero, ahora, cuando se nos quiera llamar fachas por decir lo obvio, se podrá siempre poner de facto sobre la mesa el ejemplo de Valencia de 2024 para callar bocas de memos y cuentistas.